Sábado, 10 de Diciembre del 2016


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Ministerio público abre nueva investigación en caso del suspendido fiscal Carlos Ramos Heredia

Publicado el 08/05/15
La Vigésima Novena Fiscalía Provincial de Lima que despacha el fiscal Marco Guzmán Baca resolvió abrir Investigación Fiscal por veinte días en el caso seguido contra tres ciudadanas por la presunta comisión del delito contra la fe pública y falsedad genérica en agravio del ciudadano Carlos Américo Ramos Heredia. Se trata de María Yolanda Zaplana Briceño, Adriana Jesús Delgado Angulo y Rocío del Carmen Rojas Castellares, quienes aseveraron haber visto en varias oportunidades al ex fiscal de la nación en las instalaciones de la oficina de Rodolfo Orellana , versiones que repetidamente ha negado Ramos Heredia. El fiscal Guzmán Baca señala que de acuerdo a lo actuado se advierte que faltan actuarse diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados en la acción penal por lo que dispuso la sumaria investigación en un plazo no mayor de veinte días.
En la resolución de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial de Lima se oficia también al diario El Comercio a efectos que remita el original de la edición de fecha 14.01.15 que gozaba del titular ” Orellana negó vínculos con fiscales Ramos Heredia y Peláez” , bajo expreso apercibimiento de ley. Del mismo modo, se oficia a la comisión del Congreso, encargada del caso Orellana, a efectos de que remitan copia certificada de las declaraciones testimoniales de las denunciadas María Yolanda Zaplana Briceño, Adriana Jesús Delgado Angulo y Rocío del Carmen Rojas Castellares, igualmente bajo apercibimiento de ley. A nivel del Ministerio Público se solicita también a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio a fin que remita copias del video y registro fílmico del “bunker” del ciudadano Rodolfo Orellana Rengifo así como los informes y registros de seguridad en el periodo noviembre 2008 a setiembre 2009.
El caso Ramos Heredia ingresa así a una nueva etapa decisiva que además de cautelar los derechos fundamentales del alto magistrado, servirá también de lección en el futuro para que ninguna persona formule denuncias falsas o calumniosas que menoscaban el honor de las personas con intereses subrepticios.