Sábado, 11 de Mayo del 2024 
La Unión Europea, Francia y España se sumaron al reclamo de las organizaciones de derechos humanos que piden detener la orden de lapidación. Califican a la condena como “un castigo aterrador”.
La titular de la diplomacia europea, Catherine Ashton, manifestó estar “muy preocupada” por la información sobre una posible ejecución “inminente” de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní condenada a muerte por adulterio.
La funcionaria se plegó a los pedidos de varios organismos internacionales que encabezan una campaña para defender la vida de la iraní e instó “a Irán a detener esta ejecución y conmutar la condena”. Además, advirtió que una muerte en la horca no es más “aceptable” que la lapidación, ante los rumores del que régimen iraní podría optar por el primero de los mecanismos para acabar con la vida de la detenida.
Un comunicado publicado en la revista francesa La règle du jeu, del filósofo Bernard-Henri Lévy, asegura que “una carta de la Corte Suprema de Teherán fue enviada a la oficina de aplicación de las penas en la cárcel de Tabriz, autorizando la ejecución rápida de Sakineh”
El Comité Internacional contra la Lapidación y el Comité Internacional contra la Ejecución, ya había informado que el hijo de Ashtiani había sido detenido por la policía iraní junto con el abogado de su madre y dos periodistas alemanes que pretendían entrevistarlo. Por ello, organizaron un acto de protesta ante la embajada iraní en París, así como una marcha a la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, aseguró que su país espera que las autoridades iraníes conmuten la pena de muerte. “No hemos dejado de movilizar al conjunto de la comunidad internacional para que el ministro iraní de Exteriores conmute esta pena”, afirmó al tiempo que consideró que se trata de “un castigo aterrador, una auténtica barbarie de otra época”.
La sentencia de muerte por la lapidación contra Ashtiani ha provocado una campaña internacional por parte de los grupos pro derechos humanos para evitar este castigo que rige en Irán desde las Revolución Islámica de 1979, aunque no se llevaba a cabo desde 2007.
