Domingo, 3 de Marzo del 2024
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Robo de celulares representa para peruanos más de S/ 2,100 millones al año en costo de equipos

Publicado el 19/01/24
  • Informe de Videnza Instituto y LAB-CO revela que se trata del delito más frecuente en el país, y plantea soluciones ante esta problemática, como interruptores remotos, mejorar la fiscalización de los mercados secundarios, entre otros.

Lima, 19 de Enero del 2024.- Un nuevo informe elaborado por Videnza Instituto y LAB-CO revela que el robo de celulares es el delito con mayor ocurrencia y que puede generar un costo anual para los peruanos de alrededor de S/ 2,171 millones. No obstante, también destaca que la estimación de la magnitud del robo de estos equipos presenta dificultades por la baja proporción de denuncias que hay al respecto.

Cabe destacar que, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), durante el 2023, en el Perú se robaron más de 4,500 celulares al día. Por su parte, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), alrededor de 15 de cada 100 peruanos han sido víctimas de robo o intento de robo de dinero, cartera o celular.

En ese sentido, el estudio “Robo de celulares en el Perú: problema crónico… ¿sin solución?” busca contribuir al debate de soluciones para este delito, describe la situación actual del estado del robo de celulares en el país, las principales políticas y acciones del Estado para combatirlo, experiencias internacionales en el robo de celulares, entre otros puntos relevantes.

¿Por qué se roban los celulares?

Según el informe, hay tres motivos detrás del robo de celulares: i) usarlos como piezas de repuesto; ii) reventa; y iii) extracción de información y suplantación de identidad. Sin embargo, la mayoría de los teléfonos celulares obtenidos por hurto son reutilizados y revendidos en mercados secundarios, mejor conocidos como “cachinas”.

Ahora bien, los individuos u organizaciones criminales que efectúan el delito no son los encargados de ofrecerlos al público. Son los vendedores de estos mercados quienes les compran los celulares robados. Luego, estos intermediarios suelen encargarse del desbloqueo y mantenimiento, y, posteriormente, su venta a un precio típicamente menor al del mercado formal, cerrando así la cadena de receptación (un delito precedido de otro).

Otro punto que resalta el estudio es que el robo de celulares implica consecuencias adicionales para las víctimas, como la pérdida de la documentación personal, el robo de dinero a través de aplicativos y el uso de sus redes personales para comunicarse con contactos y familiares.

Propuestas y alternativas

Videnza Instituto y LAB-CO recomiendan un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSPITEL) y el Ministerio Público, que se concentre en dos ejes:

  1. Disminuir del atractivo, beneficio o uso de los celulares robados. Para ello, se recomienda incorporar el Kill Switch (software respaldado por un interruptor de apagado, utilizado para desactivar un dispositivo o programa) y una regulación que obligue a las tiendas de celulares a hacer visible el IMEI de los celulares (código de identidad único que tiene cada equipo) antes de su compra. Asimismo, se sugiere adaptar soluciones tecnológicas como las que desarrollaron Meta y Google en Brasil (“Celular Seguro”).
  2. Perseguir y sancionar a aquellas personas que roban, modifican y comercializan celulares robados. Para ello, se propone el establecimiento de un grupo de tarea conjunto entre el sector público y las operadoras y/o principales distribuidoras para facilitar el ágil intercambio de información y cooperación para la desactivación de celulares y la ubicación de celulares robados y co-diseñar y evaluar de manera permanente las políticas y acciones para combatir el robo de celulares. También, se aconseja implementar un plan de fiscalización para regular los mercados informales y promover y facilitar la denuncia policial digital. Finalmente, se sugiere incluir el patrullaje en unidades de transporte público y la instalación de cámaras de videovigilancia dentro las unidades o en los paraderos.

Puede leer el informe completo aquí



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