Lunes, 13 de Abril del 2026
Lima, 11 de Abril del 2026.- El Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la nulidad de la autorización que permitía el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, ubicado en Arequipa. La medida ordena que el expediente sea reevaluado por la Dirección General de Minería (DGM), reabriendo el análisis técnico y legal del caso.
La decisión se formalizó mediante la Resolución N.° 236-2026-MINEM/CM, emitida el 19 de marzo de 2026, que deja sin efecto la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM. Este documento había autorizado previamente el inicio de operaciones a favor de Southern Perú Copper Corporation (SPCC).
De acuerdo con el Consejo de Minería, la resolución anulada carecía de la debida motivación legal, incumpliendo disposiciones del Reglamento de Procedimientos Mineros y del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Principales observaciones
Entre las principales observaciones, se identificó que no se desarrollaron adecuadamente aspectos técnicos clave, como el diseño detallado de botaderos y el cronograma de ejecución de actividades. Estas deficiencias resultan determinantes para la evaluación integral de un proyecto de explotación minera.
Campamento proyecto Tía María.
En ese contexto, el órgano colegiado dispuso retrotraer el proceso al estado previo a la emisión de la autorización. Esto permitirá que la DGM verifique nuevamente si la empresa ha cumplido con subsanar las observaciones técnicas pendientes, especialmente en lo relacionado con infraestructura y planificación del proyecto.
El proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, fue solicitado para su explotación por SPCC en noviembre de 2024. Durante su evaluación, se determinó que no existían comunidades campesinas ni pueblos indígenas registrados en su área de influencia directa.
Asimismo, Southern Perú había anunciado una inversión de US$ 1,100 millones para el desarrollo del proyecto cuprífero. No obstante, tras la impugnación presentada por la Municipalidad Provincial de Islay en noviembre de 2025, el proceso derivó en la revisión que hoy obliga a una nueva evaluación del cumplimiento técnico y legal.
