Jueves, 26 de Febrero del 2026
Lima, 02 de Enero del 2026.- El avance de la minería ilegal en el Perú representa una amenaza directa para el desarrollo de la minería formal y pone en riesgo proyectos de inversión minera valorizados en alrededor de US$12.000 millones, según advirtió María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Durante su participación en el programa Radar Económico de la Red de Comunicación Regional (RCR), la especialista señaló que regiones como Hualgayoc (Cajamarca) evidencian una preocupante superposición entre concesiones formales y actividades ilegales, producto de la débil presencia del Estado y la falta de plazos efectivos de formalización minera.
Ormeño alertó que la minería ilegal no solo afecta la viabilidad de nuevos proyectos, sino que además distorsiona el sistema político, ya que los recursos generados por la exportación de oro ilegal podrían financiar hasta 10 campañas políticas, incrementando el riesgo de captura del Estado por economías ilícitas.
De acuerdo con estimaciones del IPE, la minería ilegal estaría afectando directamente una cartera de proyectos mineros formales valorizada en US$12.000 millones, principalmente en regiones como Apurímac, La Libertad y Cajamarca.
“Cuando se revisa el mapa del Ingemmet, se observa que donde existen concesiones formales en desarrollo también se concentran actividades de minería ilegal. Esa superposición termina ahuyentando la inversión”, explicó Ormeño.
La economista advirtió que los inversionistas optan por redirigir su capital hacia otros países con mayor estabilidad jurídica y control territorial, como Chile, especialmente en sectores estratégicos como el cobre.
Ormeño recordó que la paralización de proyectos de gran envergadura, como Conga, no evitó la actividad extractiva en la zona. Por el contrario, la ausencia de minería formal facilitó el ingreso de operadores ilegales, replicando un patrón que se observa en diversas regiones del país.
“Donde no se desarrolla minería formal, se termina desarrollando minería ilegal”, subrayó.
La representante del IPE también alertó que la campañas políticasya ocupa áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), y genera graves daños ambientales y sanitarios.
Según indicó, existen evidencias de altos niveles de contaminación por mercurio, tanto en el aire como en la sangre de las poblaciones cercanas a estas operaciones, lo que agrava los costos sociales y ambientales de esta actividad ilícita.
Para el IPE, la expansión de la minería ilegal se ha convertido en un riesgo estructural para el desarrollo minero del país, no solo por el impacto económico, sino por su vínculo con otras economías criminales y su capacidad de distorsionar decisiones públicas.
La entidad reiteró la necesidad de fortalecer la presencia del Estado, cerrar brechas de formalización y garantizar condiciones mínimas de seguridad jurídica para proteger la inversión minera responsable.
