Domingo, 1 de Marzo del 2026
Lima, 27 de Enero del 2025.- El costo de la tramitología minera en el Perú ya se mide en magnitudes macroeconómicas. Según estimaciones expuestas por Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los retrasos por permisos y trámites han generado una pérdida de S/670.000 millones en PBI, equivalente a 1,2 veces el PBI de 2022.
La cifra se explica por el bloqueo prolongado de inversiones y la extensión de los plazos de aprobación en proyectos mineros, un fenómeno que —de acuerdo con Quijandría— se ha intensificado en la última década y se refleja en el avance incompleto de la cartera de inversiones del sector.
El directivo señaló que 23 de los 46 proyectos mineros en cartera enfrentan obstáculos ajenos a su voluntad, principalmente por permisos, trámites y autorizaciones. Este grupo representa el 55% del total de la cartera de inversiones mineras, evidenciando el peso del componente regulatorio sobre el ritmo de ejecución.
En términos de impacto fiscal, Quijandría precisó que las demoras también habrían implicado la pérdida de S/123.000 millones en recaudación, recursos que no ingresaron al Estado por la postergación de inversiones.
Los retrasos no solo afectan indicadores macro. La SNMPE estima que, en fase de inversión, se dejaron de generar 125.000 empleos temporales, además de una oportunidad social relevante: 1,7 millones de personas могли haber salido de la pobreza si esas inversiones se hubieran ejecutado en los plazos previstos.
Quijandría citó estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) para dimensionar el problema de tiempos. A nivel global, el ciclo de un proyecto minero —desde exploración hasta puesta en marcha— promedia 28 años. En el caso peruano, los proyectos más recientes no siguen ese estándar: han demorado más de 40 años.
Las cifras indican que 3 de cada 5 proyectos han tardado entre 30 y 45 años, mostrando que el incremento de plazos es estructural. Dentro del promedio global, detalló, 7 años son puramente trámites, es decir, tiempo dedicado únicamente a cumplir procedimientos administrativos.
El directivo añadió que el freno regulatorio mantiene más de US$30.000 millones “simplemente paralizados” por permisos. Bajo ese escenario, sostuvo que el país pudo haber registrado un crecimiento de 4,7% en lugar de 3,9%, si esas inversiones hubieran avanzado.
Quijandría remarcó que la simplificación no debe implicar perder estándares. Planteó revisar permisos “uno a uno”, evitar crear requisitos sin capacidad estatal para fiscalizarlos y acelerar plazos mediante tecnología, ventanillas únicas y herramientas legales como el silencio administrativo positivo, con control posterior.
