Domingo, 1 de Marzo del 2026
Lima, 08 de Enero del 2026.- La reestructuración integral de Petroperú, dispuesta por el Ejecutivo, abrió un nuevo frente de debate sobre el futuro de la estatal: ¿se trata de una privatización encubierta o de un ajuste inevitable para evitar que la empresa siga acumulando pérdidas? Para el economista Alejandro Indacochea, el problema es de fondo y no admite eufemismos: Petroperú, afirmó, “está quebrada” en términos operativos, pero no puede ir a un proceso de quiebra sin comprometer la reputación crediticia del país, debido a los compromisos que el Estado respalda.
En diálogo con Rumbo Minero, Indacochea sostuvo que la discusión pública se ha desviado hacia etiquetas políticas, cuando —a su juicio— lo central es cortar una dinámica que considera insostenible: una empresa que consume recursos por ineficiencia, sobredimensionamiento y decisiones que no han sido transparentadas de manera adecuada.
Uno de los puntos más duros del entrevistado se centró en la gobernanza interna. Indacochea señaló que declaraciones atribuidas a la ministra de Economía, Denisse Miralles, sobre demoras o entrega incompleta de información cuando se solicitó data a la empresa, evidenciarían una conducta grave en un directorio y equipo gerencial.
En esa línea, afirmó que fragmentar, ocultar o falsear información no sería una falta menor y podría configurar un delito de ocultamiento de información, por lo que consideró que el Ministerio Público debería investigar de oficio e incluso activar mecanismos de colaboración eficaz para identificar responsabilidades.
Indacochea sostuvo que el debate sobre “privatización” confunde el diagnóstico. En su lectura, una privatización clásica se aplica a empresas con futuro y rentabilidad, mientras que Petroperú —en su estado actual— no sería atractiva bajo ese esquema.
Por ello, propuso una secuencia de medidas con lógica empresarial:
Reducción de personal y recorte de la estructura gerencial, como primer golpe a la caja.
Separación de activos y venta de aquellos que no son estratégicos o son improductivos.
Reorganización por unidades de negocio, para evitar que todo el peso financiero se concentre en una sola estructura estatal.
En esa ruta, remarcó que el problema no es “si se toca o no” Petroperú, sino cómo se evita que siga siendo una carga recurrente.
El economista planteó que la salida más realista para sostener la continuidad operativa de Petroperú sería concesionar activos específicos a operadores privados calificados, manteniendo la propiedad en manos del Estado. En la práctica, esto implicaría un cambio de modelo: Petroperú como propietaria/administradora de activos, con operación delegada donde no tiene capacidad de inversión o eficiencia.
Dentro de ese enfoque, ubicó como caso emblemático a la Refinería de Talara, cuya inversión —según indicó— alcanzó US$ 6.500 millones y con financiamiento superaría los US$ 8.000 millones, por lo que la consideró un costo hundido: una inversión ya no recuperable, que no debería impedir decisiones pragmáticas para operar mejor hacia adelante.
Indacochea también cuestionó que Petroperú mantenga lotes petroleros sin capacidad técnica y financiera suficiente para exploración y desarrollo, y señaló que estos deberían volver a Perupetro para ser concesionados a operadores con capacidad real. Sobre el Oleoducto Norperuano, hoy paralizado, afirmó que requiere una ruta similar: concesión para inversión, operación y reactivación, sin que ello signifique pérdida de propiedad estatal.
El economista respaldó que el Gobierno trace una estrategia para ordenar Petroperú y criticó las reacciones políticas que —según dijo— se alimentan de desinformación o de cálculos electorales. Sin embargo, insistió en que una reestructuración real debe ir acompañada de investigación sobre responsabilidades, especialmente en torno a decisiones de inversión y a la entrega de información dentro de la empresa.
