Sábado, 6 de Diciembre del 2025
Estados Unidos, 10 de Noviembre del 2025.-El Gral. FAP (r) Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, anunció un incremento histórico del presupuesto para 2026, que ascenderá a S/177,8 millones, más del doble del monto asignado en el presente año (S/70 millones).
El objetivo es fortalecer la estrategia nacional de control, fiscalización y prevención, consolidando la presencia del Estado en las regiones donde la minería ilegal genera mayores impactos ambientales, económicos y sociales.
García Esquerre detalló que los recursos adicionales permitirán ampliar la capacidad operativa del Estado, incluyendo operaciones aéreas de vigilancia, patrullajes con helicópteros y puestos de control permanentes en zonas estratégicas.
“El incremento presupuestal es fundamental para reforzar la trazabilidad del material minero y garantizar una acción más efectiva y sostenida. Buscamos que la interdicción deje de ser la única respuesta y avanzar hacia una gestión más preventiva y planificada”, destacó en una entrevista exclusiva para Rumbo Minero.
El funcionario remarcó que esta política se sustenta en una coordinación estrecha entre instituciones como la SUNAT, SUCAMEC, el Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la DICAPI, bajo un esquema de acción intersectorial y de largo plazo.
En lo que va del año, se han ejecutado 868 operativos de interdicción y se ha incautado material valorizado en más de S/3.500 millones, según datos del Alto Comisionado.
García Esquerre calificó estas cifras como un avance importante dentro de una política de Estado que busca recuperar el control territorial y garantizar el cumplimiento de la ley en las zonas mineras de riesgo.
“La lucha contra la minería ilegal ya no puede verse como una acción aislada, sino como una estrategia integral que combine control, desarrollo y sostenibilidad”, afirmó.
El funcionario también se pronunció sobre la propuesta de ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalando que dicha herramienta “no ha dado resultados concretos”.
“Después de varios años y sucesivas ampliaciones, solo se ha logrado formalizar el 2,4% de los inscritos. Lo positivo fue la depuración de registros inactivos, pero una nueva ampliación sería un retroceso que debilitaría todo lo avanzado”, precisó.
A su juicio, mantener el enfoque en las prórrogas del REINFO solo favorece a quienes operan sin voluntad de formalización, mientras retrasa el fortalecimiento de la minería responsable y regulada.
“El reto es consolidar una formalización efectiva y técnica, que promueva la inversión minera legal y sostenible”, agregó.
Finalmente, García Esquerre subrayó que el incremento presupuestal busca sentar las bases de una política de Estado permanente en materia de control minero.
“La meta es invertir menos en interdicciones reactivas y más en fiscalización, monitoreo y desarrollo alternativo. Solo con un Estado fuerte y articulado lograremos erradicar la minería ilegal y generar condiciones de desarrollo sostenible en el país”, concluyó.
