Sábado, 28 de Febrero del 2026
Lima, 21 de Octubre del 2025.-Durante el periodo 2015–2025, el presupuesto público destinado a seguridad ciudadana en el Perú fue del 30 %; sin embargo, no logró frenar el avance de los delitos. A pesar de una inversión más ambiciosa, la población continúa enfrentando índices altos de inseguridad: los casos de extorsión, homicidio y otras formas de violencia no muestran señales de retroceder.
“En Lima, casi el 65% de la ciudadanía manifiesta sentirse insegura al transitar por zonas periféricas, lo que evidencia una brecha entre inversión y resultados. Esta percepción no mejora porque el ciudadano no ve cambios tangibles en su entorno inmediato”, afirma Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
Para este año 2025, el Estado asignó S/ 6 327 millones al programa de seguridad ciudadana. Hasta el mes de septiembre, los niveles de gobierno (nacional, regional y local) habían gastado solo el 70% de esos recursos, cifra apenas superior al promedio de la última década (68.3 %).
Lo preocupante es que, con tres meses aún por delante, aún restan más de S/ 2 000 millones por ejecutar. La baja ejecución pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas destinadas a combatir la inseguridad.
A pesar de ese aumento presupuestal, los principales delitos asociados a la violencia siguen ganando terreno. Entre junio de 2018 y junio de 2025, las denuncias por extorsión pasaron de un promedio de 3 diarios a casi 76 por día, según fuentes oficiales. Además, con base en datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se estima que un homicidio ocurre aproximadamente cada cuatro horas en el país.
Un análisis detallado del presupuesto en seguridad revela que cerca del 89% se destina a gastos corrientes, mientras que solo el 11% se invierte en infraestructura policial, equipamiento, cámaras de vigilancia, mantenimiento de comisarías y tecnologías de soporte.
“Hay dependencias sin servicios básicos, patrulleros sin funcionar y pocas herramientas para atender emergencias. En ciertos distritos exteriores de Lima, por ejemplo, las comisarías tuvieron que reducir operaciones por fallas estructurales”, señala Torres.
El hecho de que una gran parte del presupuesto se consuma en sueldos limita la capacidad del Estado de mejorar el soporte logístico básico, lo que termina en zonas con presencia policial simbólica pero poco operativa. Para muchos ciudadanos, esto se traduce en una sensación de abandono incluso donde hay presencia policial formal.
“Si destináramos al menos un 25% del presupuesto de seguridad a infraestructura y sistemas de monitoreo urbano, podríamos reducir significativamente la sensación de impunidad en zonas vulnerables. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor, con un enfoque territorial y basado en evidencia”, señala Torres.
