Viernes, 26 de Abril del 2024 
Lima, mayo de 2022.- LLYC -consultora de comunicación, marketing digital y asuntos públicos- llevó a cabo un evento presencial denominado “Regulación laboral: riesgos y oportunidades para la reputación de las empresas”, dirigido a directores, gerentes y ejecutivos de diversas compañías y rubros del mercado laboral.
Durante la jornada se determinaron los principales retos y oportunidades que tiene el sector empresarial para gestionar el talento y el efecto en la reputación de las organizaciones, teniendo como base el estudio de Data Analytics elaborado por el área de Deep Learning de LLYC, el cual permitió visualizar los hallazgos de la conversación en plataformas web -en base a la regulación en los derechos laborales-, entre los meses de julio de 2021 y abril de 2022, revelando que la reforma laboral en nuestro país tuvo muchos más detractores que promotores.
El panel de conversación estuvo conformado por Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas; Jorge Toyama, abogado laboralista y socio del estudio Vinatea & Toyama; los congresistas Diana Gonzáles, del partido Avanza País y Jorge Morante, del partido Fuerza Popular. Por parte del equipo de LLYC Perú, la presentación estuvo a cargo de Jimena Villavicencio, Directora de Engagement, con la moderación del panel a cargo de Diana Terán, Directora Senior de Comunicación Corporativa y Paola Fune, Directora Senior de Asuntos Públicos.
Es así, que durante el diálogo se debatieron los temas identificados por el estudio de LLYC, tales como los riesgos enfrentados por el país en materia de reforma laboral, la desconexión entre lo que plantea el Gobierno y lo que está ocurriendo en la economía del país, así como las oportunidades que tienen las empresas en materia de atracción y retención del talento, sobre todo en los jóvenes.
El evento culminó con una importante conclusión sobre el tema: si bien es prioritaria la intervención de la empresa privada en el diálogo laboral, es necesario también que el Estado y la sociedad civil sean partícipes y que, aportando desde su experiencia, se logre analizar el costo y beneficio en el momento que el Legislativo presente proyectos de ley y calidad regulatoria en dicho ámbito.
