
La decisión implica que el Ministerio del Interior asumirá la representación «legal, judicial y extrajudicial» de la entidad, de 40 mil miembros, según el texto citado por el portal informativo de la Presidencia.
«Las actividades administrativas de la Policía serán realizadas por personal civil que contrate o designe el Ministerio del Interior. El personal civil que actualmente trabaja en la institución policial pasará a la cartera del Interior, que podrá evaluar y seleccionar al personal necesario para el cumplimiento de las nuevas funciones que asume», detalla el decreto que abre la puerta a una futura reestructuración de la fuerza, incluso, despidos.
Además, en caso de existir «cargos innecesarios», el decreto faculta al ministerio a «aplicar un proceso de supresión de puestos, de acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público y Normas Técnicas definidas por el Ministerio de Relaciones Laborales». El personal policial de línea se dedicará exclusivamente a actividades operativas.