El magistrado admitió a trámite las querellas presentadas por asociaciones de víctimas por «los delitos de asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de la organización terrorista ETA desde el 1 de octubre de 2004», fecha de entrada en vigor de esa figura en el código penal.

Es una decisión «simbólica», señaló a la AFP una fuente judicial.

En su resolución, el juez Juan Pablo González considera que los crímenes cometidos por ETA se pueden enmarcar en un delito de lesa humanidad (…) que contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso o deportación, entre otros, cuando se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella, siendo éste el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad».

«En el caso de los crímenes de ETA concurren dichos elementos o circunstancias, pues los hechos delictivos se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil, constituidos por colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos», subraya el magistrado.

ETA, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, es considerada responsable de 829 muertes en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco.

En octubre de 2011, anunció «el cese definitivo de su actividad armada» pero sigue sin disolverse, pese a la exigencia de los gobiernos de España y Francia, ni entregar las armas.

ETA ha anunciado el «cese definitivo de su actividad armada» a través de un vídeo, colgado en la página web del diario abertzale Gara. En el comunicado, la banda terrorista hace también un «llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada».

La banda terrorista, asegura que con esta declaración «histórica» muestra «su compromiso claro, firme y definitivo».

El nuevo comunicado de ETA se produce tres días después de la Conferencia de paz de San Sebastián, en la que la comunidad internacional exigió a ETA el «cese definitivo de la actividad armada» y a los gobiernos de España y Francia que abran negociaciones con la banda terrorista.

Así se despende del auto interrogatorio a los etarras Juan Carlos Besance Zugasti y Javier Atristain Gorosabe, detenidos junto a un tercer etarra el pasado miércoles en Guipúzcoa.

El auto de prisión destaca que los dos presuntos etarras, tras recibir instrucción en Francia, se desplazaron a Venezuela, donde fueron adiestrados entre julio y agosto de 2008 y donde contaron con la ayuda de los miembros de la banda terrorista Arturo Cubillas y José Lorenzo Ayestarán, ambos afincados en el país sudamericano.

El tercer detenido, Jesús María Besance Zugasti, hermano de Juan Carlos, no tuvo que declarar ante el magistrado al haber sido puesto en libertad por la Guardia Civil este fin de semana.

Los dos arrestados, que llegaron a la Audiencia Nacional poco antes de las 9.00 horas, se negaron a declarar ante el magistrado, según fuentes jurídicas.

Walter Wendelin era parte del grupo que operaba en diversos países de Europa, Centroamérica y Sudamérica, en lo que se constituye en un fuerte golpe a la banda armada, dijo este martes el Ministerio del Interior.

Wendelin fue detenido en la operación ordenada por la Audiencia Nacional española en el País Vasco y Navarra formarían parte de la organización «Askapena», que opera internacionalmente recabando apoyos para la causa de ETA.

«ETA utilizaba Askapena para difundir su propaganda y mantener contacto con otras organizaciones en el ámbito internacional», agregó el ministerio del Interior de España.

Los arrestos se llevaron a cabo en Vizcaya, Vitoria, Guipúzcoa, Pamplona y en la localidad navarra de Arruazu. La policía practicó seis registros domiciliarios y en una sede, en los que incautó documentación en papel y soporte informático.

«Los problemas se solucionan desde la colaboración y siempre desde el respeto. El respeto debido a las instituciones, el respeto a nuestra justicia, el respeto debido a nuestro país», dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal del gabinete, reseñó AP.

«Sólo el que respeta es respetado», añadió.

De la Vega aseguró que Venezuela está igual de interesada que España en aclarar el contenido del polémico auto judicial del pasado lunes, en el que se acusa al ejecutivo de Chávez de cooperar en una alianza estratégica entre la organización separatista vasca y las FARC.

Según el juez Eloy Velasco, «obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA», informó DPA.

El magistrado apunta especialmente al presunto etarra Arturo Cubillas Fontán. Éste, casado con una venezolana que ha pasado por varios cargos públicos desde la llegada de Chávez al poder, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Velasco procesó a siete presuntos miembros de la FARC y a otros seis presuntos miembros de ETA, entre ellos Cubillas Fontán, por intentar atentar en España contra Uribe, Pastrana y otros altos funcionarios colombianos.

El juez sostiene que Cubillas Fontán es desde 1999 el «responsable» de ETA en la zona, donde se encarga de coordinar las relaciones entre la organización separatista vasca y las FARC.

Además de él fueron procesados los supuestos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldua, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio.

Los presuntos miembros de la FARC procesados son su llamado «canciller», Rodrigo Granda, Emiro del Carmen Ropero, Remedios García, Luciano Martín, Omar Arturo Zabala, Víctor Ramón Vargas Salazar y Edgar Gustavo Navarro Morales.

Los procesados están acusados de varios delitos, entre ellos conspiración para cometer atentados terroristas, tenencia de explosivos y colaboración con banda terrorista.

Según el auto del juez Velasco, dos miembros de las FARC -Navarro Morales y Vargas Salazar- se desplazaron a España en el año 2000 y pidieron ayuda a ETA para localizar al ex presidente Pastrana en el país. Luego, intentaron hacer seguimientos a Uribe durante sus visitas a España.

Entre los objetivos terroristas de las FARC y ETA estaban también, tal y como se informó anteriormente, el vicepresidente Francisco Santos, la ex embajadora en Madrid Noemí Sanín y el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus.

La relación entre las FARC y ETA es algo que se investiga ya desde hace tiempo en España. La Audiencia Nacional inició en junio de 2008 la investigación sobre la colaboración de los dos grupos armados que ha conducido a los procesamientos de hoy.

Una de las computadoras del dirigente de las FARC «Raúl Reyes», quien murió en un bombardeo de militares y policías colombianos en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, contenía información sobre todo este asunto.

Los fallecidos en el ataque de ETA, el primero que ocurre en Mallorca, son los dos agentes que se encontraban en el interior de un todoterreno de la Guardia Civil, según el subdelegado del Gobierno, Ramón Socías, quien ha añadido que los tedax mantienen la zona acordonada con el fin de garantizar que no haya un segundo explosivo. Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha la operación jaula para tratar de capturar a los terroristas, por lo que el aeropuerto y el puerto de la isla se encuentran cerrados hasta nueva orden. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del atentado es una bomba lapa colocada en los bajos de un coche todoterreno del instituto armado.

De momento no se ha facilitado la identidad de las víctimas, ya que primero se comunica a las familias. Sí se ha precisado que uno de los guardias civiles es natural de Burgos y tiene 28 años y el otro tenía 27 años, nació en Pamplona pero residía en Palma desde hace años. Este segundo agente era un guardia alumno en prácticas, según ha confirmado Delegación del Gobierno. Ambos iban de paisano. Los cuerpos siguen en el lugar a la espera de que un juez ordene su levantamiento. Parte del cadáver del agente que estaba en el asiento del copiloto se encuentra sobre un árbol, según los bomberos, lo que da una idea de la potencia de la explosión. El otro estaba tendido en el suelo y los servicios de emergencia han tratado de reanimarle, pero ha sido inútil.

Los servicios de emergencias y sanitarios de Baleares han instalado varias carpas de asistencia para afectados por la explosión. En el lugar del atentado se encuentran al menos dos ambulancias UVI y de soporte vital básico del 061 y numerosos miembros del servicio de Emergencias 112. El ataque se ha producido entre la calle París y la avenida Casa Bonet, frente a uno de los dos edificios de la Guardia Civil en Palmanova, en concreto en el inmueble ubicado en la calle Na Boira que son dependencias municipales cedidas a dicho cuerpo. La zona de la explosión se encuentra apenas a 500 metros de una playa en una zona de mucho turismo internacional y a pocos kilómetros del Palacio de Marivent, donde veranea la familia real. Precisamente el atentado se produce a dos días de que los Reyes lleguen a Mallorca y en plena operativa de seguridad previo a su viaje.

El atentado coincide con el 18 aniversario de otros dos cometidos en Mallorca con coche bomba por el entonces miembro del comando Ekaitz José Luis Urrusolo Sistiaga. Las explosiones causaron heridas al hijo de un militar y a un alferez en sendos atentados. Un tercero acto terrorista quedó frustrado. Por esos hechos, el entonces miembro de ETA fue condenado a 41 años de cárcel. La banda terrorista, de cuyo nacimiento se cumplen mañana 50 años, ha asesinado en este tiempo a 206 guardias civiles, incluidos los dos fallecidos hoy en Palma de Mallorca. Éste es el noveno atentado de ETA en este año y eleva a tres el número de víctimas mortales causadas por el grupo terrorista. El anterior atentado mortal se produjo el 19 de junio cuando una bomba lapa provocó la muerte del policía nacional Eduardo Antonio Puelles, en Arrigoriaga (Vizcaya).

La furgoneta bomba de ETA explotó junto a la casa cuartel, entre la calle Jerez y la avenida Cantabria. La explosión, que se produjo en torno a las cuatro de la madrugada y sin aviso previo, ha dejado 65 heridos leves, entre agentes y familiares, y ha causado cuantiosos daños materiales tanto en el edificio como en las casas colindantes. Unos 80 vecinos se han visto afectados y han sido realojados en instalaciones habilitadas por las autoridades. Fuentes del servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) han informado de que los afectados han sufrido fundamentalmente cortes y pequeñas heridas. Todos los heridos han sido dados ya de alta, según ha confirmado el ministro del Interior.

Sin llamada de aviso

«Los demócratas españoles sabemos que nos enfrentamos a una banda de asesinos; hoy además sabemos que son asesinos salvajes y enloquecidos, lo que les hace más peligrosos pero no más fuertes», ha indicado Rubalcaba. Esta vez no ha habido ninguna llamada previa de aviso o reivindicación, lo que según el ministro es habitual cuando el ataque va dirigido contra la Guardia Civil. Los terroristas cargaron el vehículo con unos 200 kilos de explosivos y lo aparcaron previsiblemente ayer por la tarde, a 16 metros de la fachada posterior del cuartel, según fuentes de la investigación.

La cantidad de explosivo empleado por ETA podría alcanzar los 500 kilos, según ha informado la Cadena SER. Rubalcaba no ha precisado la cantidad ni el tipo empleado, pero ha subrayado que era una bomba «de una potencia importantísima». El ministro ha asegurado que la furgoneta tenía matrícula de Burgos y que había sido falsificada en España, pero considera «probable» que pudiera tratarse de un vehículo robado en Francia. El vehículo era un modelo Mercedes Vito de color blanco. La Guardia Civil está trabajando para tratar de determinar el origen

Un gran cráter

La explosión provocó un gran cráter en el suelo y afectó a las catorce plantas de la casa cuartel, las primeras de las cuales quedaron «prácticamente destruidas», según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha visitado el lugar del accidente junto a Alejo ha señalado que, por todos los indicios y los detalles «ETA ha visitado Burgos con intención de matar y de hacer el mayor daño posible». En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien ha asegurado que la organización terrorista buscaba «una matanza indiscriminada».

El vehículo estaba situado en la parte de atrás del cuartel, donde dormían agentes y sus familias. La fuerte explosión ha provocado graves destrozos, además de un cráter en el pavimento, de siete metros de diámetro y un metro y medio de profundidad. En declaraciones a la Cadena Ser, el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, ha señalado que ha sido «un auténtico milagro» que no se hayan registrado más daños personales, a la vista de cómo ha quedado el lugar. La carga explosiva ha sido «muy importante». De los 54 heridos que ha causado la explosión, 27 residen en la casa cuartel, de los cuales 13 son mujeres, nueve hombres y cinco niños, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Sobre las familias desalojadas tras el atentado, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha explicado que a mediodía sólo quedaban unas 14 personas pendientes de poder volver a sus casas, de los casi 200 que han tenido que ser evacuadas por los daños.

Burgos, objetivo de la banda

El cuartel de la Guardia Civil de Burgos era un objetivo de la banda terrorista ETA desde hace tiempo. Según el sumario elaborado tras la desarticulación del comando Vizcaya, una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón en julio de 2008, la banda había realizado informaciones sobre el «cuartel de la Guardia Civil de Burgos», así como acerca de empresas vinculadas al TAV, las obras del AVE vasco. Arkaitz Goikoetxea, uno de los líderes del grupo, encargó a uno de sus hombres de confianza, Iñigo Gutiérrez, que realizara informes para atentar contra dicho cuartel.

En el auto en el que decretaba prisión para siete de los diez detenidos en la operación contra este comando, Garzón desveló que el grupo había realizado seguimientos e informaciones para perpetrar, al menos, una veintena de ataques en los meses próximos a las detenciones.

El último atentado de la banda con coche bomba ocurrió en la noche del 9 de julio de este año frente a la sede del Partido Socialista vasco (PSE) en el municipio vizcaíno de Durango, donde causó cuantiosos daños materiales. Un testigo vio a un encapuchado dejar el artefacto en el local de Durango y la Ertzaintza acordonó de inmediato la zona y desalojó los inmuebles adyacentes. Los desactivadores desplegaron el robot para intentar neutralizar el artefacto, pero la bomba estalló antes. Antes de ese atentado, la banda terrorista cometió su último asesinato el 19 de junio. Una bomba lapa colocada en los bajos del coche del policía nacional Eduardo Puelles acabó con su vida.

El Pais.