Lima, 11 de Octubre del 2025.- Durante una intervención conjunta en el puesto de control de Calquiche, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad, se incautaron 426 cartuchos de dinamita semigelatinosa, 349 detonadores importados, 26 cartuchos de dinamita adicional y 165 metros de mecha de seguridad, que eran transportados a bordo de una camioneta.

En la operación participaron inspectores de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior, junto a integrantes del Comando Unificado Pataz (Cupaz), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También se contó con la participación de representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de otras instituciones del Estado.

El vehículo intervenido, una camioneta pick up, color negro y placa TAE-928, transportaba los explosivos en la tolva, embalados en bolsas plásticas dentro de sacos de polietileno. Al ser consultado por la carga, el conductor no pudo acreditar su procedencia legal, pues no contaba con la documentación correspondiente.

Por disposición del Comando Unificado, se dio aviso al Ministerio Público, el cual iniciará las investigaciones por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común.

En el vehículo se hallaron, además, diversos insumos químicos comúnmente utilizados en la actividad minera, como ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potasio e hidróxido de sodio.

Sucamec ratifica su compromiso con el control y fiscalización de explosivos de alta peligrosidad, a fin de combatir la minería ilegal y contribuir – junto a las demás instituciones públicas y fuerzas del orden con competencia en esta materia – por una sociedad cada vez más segura.

El cruce de datos sobre los 1174 mineros registrados en Pataz permitió identificar que el 26.7% están afiliados a Alianza para el Progreso (APP), seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). Estas agrupaciones concentran buena parte del poder político en una zona marcada por la minería informal, la violencia y el tráfico de oro.

Uno de los casos más representativos es el de Octavio Rabanal, exasesor del entonces gobernador regional de APP, Luis Valdez. En paralelo a sus funciones públicas, solicitó y obtuvo una concesión de 500 hectáreas en Tayabamba, trámite que fue aprobado de manera exprés y firmado por un funcionario ligado al actual ministro de Transportes. Hoy, Rabanal figura en el REINFO y su empresa tiene luz verde para operar.

Otro nombre ligado a APP es el de Justo Antenor Villalobos, quien movilizó más de 800 toneladas de mineral, valorizadas en más de 3.8 millones de dólares en oro solo entre enero y agosto de 2024, utilizando sus volquetes registrados.

Además de su peso político, muchos de estos mineros arrastran deudas millonarias con el Estado. En esa línea, se detectó casi 10 millones de soles en deuda coactiva entre personas y empresas de la zona con REINFO activo. Entre los principales deudores figuran:

• AQUAFAUNA PERÚ S.A.C. – S/ 3,832,430
• Villalobos Salirrosas – S/ 2,506,270
• Inversiones Isabel Lubra E.I.R.L. – S/ 1,261,717

“Estos deudores no deberían formar parte del REINFO”, advirtió el abogado ambientalista Helmut Olivera, señalando la contradicción entre las normas vigentes y su aplicación en campo.

El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, ahora líder de Un Camino Diferente, ha cobrado fuerza en Pataz. A pesar de haber sido vacado por difamación y entregado a la justicia en marzo, su agrupación – inscrita en abril – ya es la segunda con más mineros afiliados en esta convulsa región. Su discurso polarizante incluye propuestas como el indulto a exgobernadores presos y el uso de “reservistas” para recuperar el orden en la zona.

Bicentenario La Libertad, Somos Perú y Podemos Perú también tienen presencia minera. En el caso de Somos Perú, su precandidato Juan Carlos La Rosa Toro, exalcalde por tres periodos, mantiene su registro en el REINFO. Mientras que en Podemos Perú, destacan dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA PATAZ), como José Torrealva, cuyo transporte habría movilizado cerca de 4 millones de dólares en mineral en 2024.

La relación entre minería informal y poder político en Pataz revela una fórmula conocida: concesiones rápidas, deudas impagas y estructuras partidarias que se entrelazan con actividades irregulares, generando un complejo entramado que compromete tanto la legalidad como la gobernabilidad en una de las zonas auríferas más conflictivas del país.

Tras una entrevista para Punto Final, el ingeniero Roque Benavides empezó explicando que si bien, el «Estado es el dueño del subsuelo y concede concesiones a pedidos de las empresas interesadas, cada empresa es responsable de lo que suceda en su concesión«; por lo que si la empresa paga un derecho de vigencia para explotar los recursos del subsuelo debería verificar y controlar las acciones que rodean en su concesión.

Asimismo, el empresario minero estimó que si la economía peruana representa un 70% informal, no duda que un «25% de la minería en el Perú es informal».

Por otro lado, para el entrevistado, las empresas mineras que están en las zonas de Pataz, Nazca, Madre de Dios y Piura, «tienen que lidiar con esta situación (de violencia)».

«EN EL ORO HAY UN 40% DE INFORMALIDAD»

Durante la entrevista, el empresario aseguró que en el Perú hay un 20% de minería informal y no duda que, «en el oro hay un 40% de informalidad«.

«Las mismas empresas que están en la zona de Pataz, Yanacocha o Arequipa, seguramente producimos el 60% de todo el oro del Perú«, añadió.

Con respecto al decreto supremo que reglamenta la ley de ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), el Registro Integral de Formalización Minera que puede pasar de padres a hijos, también se pronunció.

«El Reinfo fue una medida temporal para que se formalizaran. Lo que es concreto es que solo el 2% de los registrados, después debe seguir con procesos«, expuso Benavides.

Aunque legalmente solo cabe una extensión adicional, el carácter hereditario del Reinfo desvirtúa el objetivo inicial de formalización.

Asimismo, considera que el Estado debe hacer un riguroso seguimiento para que el registro llegue a la formalización, y no se quede solo en un primer paso.

ROQUE BENAVIDES SOBRE MINERA PODEROSA

Por otro lado, se refirió sobre la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia de Pataz y que fue blanco de ataques en su contra por mineros ilegales.

«Poderosa es una concesión que siempre ha tenido muchos participantes. Yo creo que la minera ha hecho un esfuerzo al integrar a esos comuneros, a esos contratistas… pero es evidente que la empresa que tiene una concesión, es responsable de esas concesión«, mencionó.

Al ser preguntado sobre la fiscalización en las minas, el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura detalló que a su experiencia recibe constantemente visitas de fiscalizadores. Alrededor de unas 6 u 8 veces al mes. Por lo que considera que «el Estado y la burocracia se ha armado alrededor de toda esta fiscalización que visita la mina constantemente. Estoy seguro que a Poderosa también lo visitan seguido«; sin embargo, no ha podido prever bajo qué condiciones se trabajaba.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la decisión busca retomar el control del territorio, garantizar la seguridad ciudadana y cortar los nexos entre criminalidad organizada y operaciones mineras informales.

Además de la revocatoria masiva de Reinfos, el decreto dispone la creación de un sistema piloto de trazabilidad del oro, que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como de un sistema de monitoreo satelital de transporte de mercancías, bajo responsabilidad de la Sutran. Ambos mecanismos permitirán detectar desvíos de insumos químicos, explosivos, maquinaria y oro extraído de forma ilegal.

Como parte de las acciones en campo, se han instalado tres puestos de control en los accesos a la zona aurífera de Pataz. En ellos participan representantes del Minem, Sutran, Sunat, Ministerio Público y Sucamec, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, coordinados por el Comando Unificado de Pataz.

Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado una transferencia presupuestal de S/ 52.6 millones para financiar la implementación de estas medidas, el mayor monto destinado hasta ahora por el Estado para enfrentar la minería ilegal en esta región del país.

En declaraciones exclusivas para la revista Rumbo Minero, Gálvez remarcó que la medida “denota un desconocimiento de cómo se maneja una operación minera”. “Se necesita mantener ventilación, verificar el sostenimiento dentro de las minas, proteger todos los sistemas hidráulicos, los controles de las presas de relaves. Eso no se puede dejar en abandono, es un trabajo dinámico”, agregó.

Asimismo, sugirió que, ante la norma ya vigente, se aproveche ese tiempo para evacuar completamente al personal de la zona y permitir el reingreso inmediato únicamente de aquellos trabajadores debidamente autorizados por las empresas mineras formales y previa verificación de las fuerzas del orden. “No debe haber una persona extraña en el yacimiento”, enfatizó.

Gálvez también responsabilizó al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas por la situación que atraviesa la provincia de Pataz, donde trece personas fueron asesinadas por una banda criminal asociada a la minería ilegal. Afirmó que esto es consecuencia directa de la ineficacia en las acciones de formalización minera.

Finalmente, al ser consultado sobre la moción de vacancia de todo el gabinete ministerial, señaló que no sería la mejor decisión, debido a la inestabilidad generada por los constantes cambios en distintas carteras. “Tiene que haber continuidad. El Perú es como una empresa que tiene que manejar un plan de mediano y largo plazo”, puntualizó.

Entre las principales decisiones adoptadas, se declaró el toque de queda en todo el distrito de Pataz, que regirá desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Asimismo, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control total en la zona de influencia de la minera Poderosa y se instalará una base militar permanente en el distrito. Además, el Ejecutivo solicitará facultades legislativas para enfrentar el terrorismo urbano.

REINFO

El Ejecutivo también anunció que se suspenderá toda actividad minera en Pataz por 30 días prorrogable para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía. Durante ese plazo se procederá de la exclusión de todos los Reinfo que están en calidad de suspendidos.

MINISTERIO PÚBLICO

Boluarte también señaló que su gobierno actuó desde el primer momento en que surgieron rumores sobre el secuestro de los mineros, incluso antes de conocerse formalmente la denuncia de desaparición. “El Ejecutivo tomó acciones inmediatas”, enfatizó.

En medio de sus declaraciones, la mandataria apuntó directamente al Ministerio Público (MP), indicando que el principal sospechoso del crimen, el delincuente alias “Cuchillo”, fue capturado por la Policía Nacional en 2023 pero liberado por el MP. “Capturamos a los delincuentes, el Ministerio Público los libera. ¿Dónde está la respuesta? Nosotros estamos actuando”, cuestionó.

Además, aseguró que se brindará atención psicológica y apoyo social a las familias de las víctimas, a través de los programas del Ejecutivo.

Estas medidas se suman al clamor nacional de justicia tras una tragedia que evidencia, una vez más, la creciente amenaza que representa la minería ilegal y las redes criminales que controlan vastos territorios del país.

Lima, 05 de Mayo del 2025.- Julio Díaz Zulueta, Ministro de Interior, aseguró que el Ejecutivo discutirá la posibilidad de declarar el estado de sitio en Pataz tras la muerte de 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrados y cuyos cuerpos fueron hallados en un socavón el último domingo.

«ESTA SOLICITUD DEL PRESIDENTE REGIONAL SERÁ EVALUADA DE ACUERDO A LEY, A LA CONSTITUCIÓN», MANIFESTÓ EL TITULAR DEL MININTER EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Mediante un comunicado, El Gobierno Regional de La Libertad había solicitado al Ejecutivo que evalúe la aplicación de esta medida «extrema, pero necesaria», a fin de recuperar el control en esta ciudad y «erradicar» a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del Estado.

Zulueta, quien informó que llegará a Pataz el jueves 8 de mayo, cuatro días después del hallazgo, detalló las acciones que se tomaron tras tomarse conocimiento del secuestro de los trabajadores.

«Desde que la Policía Nacional tomó conocimiento con una denuncia oficial de la desaparición de las 13 personas, inmediatamente entramos a tallar en su búsqueda, entramos a varios boquerones», manifestó.

La intervención, en la que se detuvo a 4 personas por tenencia ilegal de armas, contó con la participación del Ejército del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Gobierno Regional de La Libertad.

“Con este operativo en Pataz el Gobierno nacional da un mensaje claro: no permitiremos que los mineros ilegales actúen impunemente. Continuaremos con la misma firmeza hasta recuperar el control del territorio y garantizar la protección de la población”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

El despliegue de las fuerzas del orden permitió incautar 6 armas de largo alcance, 7 mil unidades de explosivos, 300 unidades de detonadores y 200 kilos de nitrato de amonio. Asimismo, se interdictaron 6 motores, 5 carros mineros y 18 mil kilos de material minero aurífero.

Cuarenta operativos en la primera quincena de abril

En la primera quincena de abril se desplegaron 40 intervenciones contra la minería ilegal en las regiones de Amazonas (1), Áncash (3), Apurímac (1), Arequipa (2), Cajamarca (1), Huánuco (3), Ica (1), Junín (4), La Libertad (4), Loreto (3), Madre de Dios (12), San Martín (2) y Ucayali (3), con la participación de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), en articulación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público.

Las acciones permitieron destruir bienes valorizados en 47 221 587 soles, de los cuales más de 20 millones de soles corresponden a las acciones realizadas en Madre de Dios, región en la que también se contó con el apoyo de la Sexta Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano.

Con estas acciones el Ejecutivo reafirma su compromiso de continuar con esta ofensiva multisectorial para frenar la minería ilegal, proteger el medio ambiente y devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas.

La SNMPE denunció que Compañía Minera Poderosa -que opera en la provincia de Pataz – La Libertad-, ha sido víctima de un nuevo ataque por parte de mineros ilegales que, en alianza con organizaciones criminales, han destruido otra torre de alta tensión y saboteado la red eléctrica que abastece de energía a la mina aurífera.

La SNMPE manifestó que es evidente que la declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, por parte del Gobierno ante el crecimiento de la minería ilegal en esta provincia, está fracasando porque los mineros ilegales y sus socios, las organizaciones criminales, siguen actuando con total impunidad con el propósito de convertirla en una “zona liberada”.

Al respecto, expresó que la situación actual en la provincia de Pataz está totalmente desbordada por la asonada criminal de los mineros ilegales, que incluso por disputarse la invasión de concesiones protagonizan violentos enfrentamientos, como el reportado el último fin de semana.

Combate contra la minería ilegal y Ley MAPE

Asimismo, se necesita que en el combate contra la minería ilegal se despliegue acciones de fiscalización financiera y tributaria que permita detectar a los mineros ilegales que al amparo de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) continúan con sus ilícitas actividades y accediendo a explosivos que son utilizados para derribar las torres de alta tensión. Igualmente, debería someterse a inspecciones permanentes a las plantas de procesamiento de mineral, a fin de verificar que el oro provenga de empresas formales.

En ese contexto, también mostró su preocupación porque desde la Comisión de Energía y Minas del Congreso -a través de un grupo de trabajo- se viene elaborando la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley Mape) de manera sesgada, lo que no contribuirá a una verdadera formalización minera; y, muy por el contrario, favorecería los intereses de la ilegalidad.

Finalmente, la SNMPE expresó que los peruanos debemos cerrar filas contra la escalada violentista y no debemos permitir que el crimen organizado nos arrebate la paz, el derecho al trabajo y el bienestar.                                                             

Se informó que los mineros ilegales, en complicidad con bandas criminales, detonaron tres cargas de dinamita para derribar la torre de la recientemente inaugurada Línea de Transmisión de 60kv, que abastece de energía la planta Santa María y otros sectores en Pataz. Sin embargo, gracias a la activación de un plan de contingencia, el servicio fue restaurado.

Poderosa subrayó que, con este ataque, suman 15 las torres de alta tensión dinamitadas en los últimos cuatro años. Además, se alertó sobre la desaparición de al menos 17 trabajadores de una mina ilegal en la quebrada de Cahuabamba, quienes fueron secuestrados por un grupo rival de mineros ilegales.

Llamado urgente al Gobierno

Frente a esta situación, Poderosa reiteró su solicitud al Gobierno para cumplir con el compromiso asumido hace casi un año de establecer un frente policial en Pataz, a fin de erradicar la minería ilegal.

Además, la empresa lamentó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la actividad ilícita más lucrativa, y está estrechamente vinculada a otros delitos como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el tráfico de armas y explosivos.

Como se recuerda, Pataz se encuentra en emergencia desde febrero del 2024. La última vez que fue prolongado el estado de excepción en esta provincia norteña fue el pasado 9 de enero, por lo que durará, desde dicha fecha, por 60 días más.

Este incidente se suma a una serie de ataques violentos que han afectado a Poderosa en los últimos meses, resultando en la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos. Desde incursiones criminales hasta ataques a la infraestructura clave, como torres de alta tensión, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, la empresa ha enfrentado una situación preocupante.

Hace un mes, el Gobierno amplió el Estado de emergencia den la zona, pero al parecer esto no sería suficiente. Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera, comenta que “los ilegales nos siguen atacando a pesar del Estado de emergencia”.

Emergencia
La provincia de Pataz, donde se encuentra la mina Poderosa, está bajo estado de emergencia, con un contingente de más de 300 efectivos de la Policía Nacional Perú (PNP) y del Ejército desplegados en la zona. Sin embargo, la efectividad de estas medidas de seguridad se ve cuestionada por la continuidad de los ataques.

La derogación reciente de una norma por parte del Congreso, la cual buscaba combatir las actividades ilícitas asociadas a la minería ilegal, ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para hacer frente a este problema. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la falta de coordinación y apoyo interinstitucional ha dificultado la contención de la violencia.

En este contexto, desde la minera, se hace un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal y garantizar la seguridad de las operaciones legales en el país.

En el caso de Caravelí, el interés apunta a 200 hectáreas en los distritos Tayabamba y Huaylillas (Pataz, La Libertad) y otras 100 hectáreas en Tayabamba. Por su parte, Titán solicitó 1,000 hectáreas en los distritos Pausa y Lampa (Paúcar del Sara Sara, Ayacucho).

Los referidos pedidos son el paso inicial rumbo a futuros escenarios de exploración y explotación de los recursos minerales de las áreas solicitadas, de validarse el potencial de las mismas.

Minera Caravelí, dedicada a la extracción de oro y plata, cuenta con yacimientos en Huanu Huanu (Arequipa), que son explotados desde la época colonial. Además, ha expandido su radio de acción a Huancavelica con el desarrollo del proyecto Cóndor, en fase de explotación.

Por su parte, Titán realiza actividades exploratorias en el distrito de Ananea de la provincia de San Antonio de Putina (Puno).

Los desafíos en Libertad y Ayacucho

En La Libertad, la provincia de Pataz concentra la atención y preocupación pública desde hace tres años ante la presencia de mineros informales que, en coordinación con bandas criminales, realizan ataques contra la actividad extractiva formal. Así, en 2023, se registró un atentad contra Minera Poderosa.

En dicha zona, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico como principal generador de recursos ilícitos al operan sin ningún tipo de sanción penal.

Por su parte, Ayacucho también enfrenta la presencia de la minería informal. Solo en los distritos de Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara hay más de 6,000 personas involucradas en esta actividad.

Fuente: Dipromin

La Libertad, 11 de Enero del 2024.- A través del Decreto Supremo 002-2024-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, a partir del 15 de Enero del 2024.

El dispositivo precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Asimismo, indica que durante la prórroga se aplica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Más detalles

Además, la intervención de la PNP y de las FF. AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su reglamento.

El dispositivo precisa que dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, la Policía Nacional debe presentar al titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos.

· Rechazamos tajantemente todo acto de violencia en contra de las poblaciones vulnerables, con especial énfasis en las personas con discapacidad.

· Nuestra oficina regional en La Libertad viene coordinando con la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de Parcoy y la Policía Nacional del Perú para las diligencias, a fin de que se tomen las acciones pertinentes contra la presunta agresora.

· Cabe precisar que, a través de nuestra Red Alivia Perú, se brindará asistencia social, contención emocional y patrocinio legal a la agraviada y sus familiares, acompañándolos en las diligencias necesarias.

· Exhortamos a los operadores de justicia de la localidad a actuar con celeridad a fin de que estas acciones repudiables no queden impunes y se apliquen sanciones que correspondan.

Finalmente, invocamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente todo acto de violencia en contra de esta población vulnerable, a no callar y no permitir que estos hechos se normalicen. Todas y todos cumplimos un rol importante en la erradicación de la violencia en nuestro país.

Lima, 18 de Marzo del 2022.- El Gobierno declaró el Estado de Emergencia, por 60 días calendario, en el centro poblado Retamas del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, para la ejecución de medidas y acciones de excepción por el impacto de daños a consecuencia del deslizamiento debido a intensas lluvias ocurrido el último martes.

El Decreto Supremo 022-2022-PCM, publicado en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, señala que las acciones de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas estarán a cargo del gobierno regional de La Libertad, y los municipios comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, participarán los ministerios de Salud; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Transportes y Comunicaciones; del Interior; de Defensa; de Energía y Minas; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; de Desarrollo e Inclusión Social, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Las acciones, precisa la norma, deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

El decreto supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Salud, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social.

Las constantes lluvias ocasionaron un deslizamiento en el centro poblado Retamas, que ha dejado varias personas desaparecidas, heridos y viviendas sepultadas.

Lima, 16 de Marzo del 2022.-El ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, confirmó hoy que son ocho las personas desaparecidas tras el deslizamiento de una parte del cerro La Esperanza, ubicado en el centro poblado Retamas, perteneciente al distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad.