Lima, 24 de Febrero del 2026.- El documental peruano Profundidad de campo, dirigido por Renzo Alva y que reflexiona en torno a los archivos audiovisuales producidos por periodistas y comunicadores independientes con el propósito de denunciar los abusos policiales durante las manifestaciones del año 2015 contra la actividad minera en Islay-Mollendo, llegará a partir de marzo a las salas de cine alternativas de nuestro país. 

La cinta, cuya visión termina siendo imprescindible para poder entender la coyuntura que vive actualmente nuestro país, ofrece un testimonio visual desde el punto de vista de los comunicadores locales que acompañaron desde dentro las protestas, las cuales comenzaron de manera pacífica pero, lamentablemente, escalaron hasta llegar al punto de causar heridos y, trágicamente, la pérdida de vidas de agricultores. 

Durante las protestas contra el proyecto minero en el Valle del Tambo, en Arequipa, el agricultor Antonio Coasaca es detenido y queda atrapado en un proceso judicial que podría condenarlo a ocho años de prisión. Mientras espera una sentencia incierta, aparece un video grabado por el periodista local Daniel Toranzo, junto a otros registros ocultos de las redadas policiales. La revisión de estos archivos obliga a Antonio a reencontrarse con imágenes de marchas, vigilias y enfrentamientos silenciados, revelando no solo una historia personal marcada por la criminalización de la protesta, sino también la memoria viva de un territorio que sigue resistiendo al avance de la minera Southern Copper.

Renzo Alva es un artista visual cuya obra aborda la memoria y el territorio en contextos de conflicto socioambiental y paisajes post-extractivistas, articulando cine documental, archivo y cine expandido. Su cinta Profundidad de Campo se ha presentado con éxito en varios festivales de documentales como el Festival de Cine de Split, FICValdivia, III Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid y el Festival Internacional de Cine Transcinema. En 2024 el documental fue galardonado con el fondo de distribución alternativa para proyectos documentales, otorgado por la Dirección de Medios Audiovisuales, Cinematográficos y Fonográficos del Perú. 

Cabe añadir que Renzo Alva actualmente desarrolla Turbios Trópicos, su segundo largometraje documental, que se adentra en las huellas y tensiones de territorios transformados por la extracción petrolera en la Amazonía peruana, beneficiario del Premio Nacional de Producción Documental DAFO.

Profundidad de Campo, que es distribuido por Tiempo Libre, se presentará el jueves 5 de marzo en Cine Caleta de Barranco, el sábado 7 en la sala de cine El Galpón de Pueblo Libre, el domingo 8 en el cine San Bar de San Bartolo, además de tener funciones en el cine Umbral y la Alianza Francesa de Arequipa, la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y en salas alternativas de Trujillo, Lambayeque y Puno. Para más información pueden visitar las redes sociales del documental.

Trailer de Profundidad de Campo: https://n9.cl/ahmug

La ahora exministra Hania Pérez de Cuéllar anunció en septiembre del año pasado cuatro proyectos de agua potable y alcantarillado para el distrito de Ate, incluyendo el Esquema Huaycán II, una obra valorada en más de S/135 millones. Pérez de Cuéllar aseguró que el expediente técnico estaba por concluir y que la convocatoria para la adjudicación e inicio de las obras se lanzaría durante el primer trimestre de 2024.

Sin embargo, los residentes de los distritos afectados han señalado que las obras prometidas aún no han comenzado, generando un creciente malestar. Exigen el cumplimiento de las promesas realizadas por la exministra, resaltando que la demora está afectando gravemente su calidad de vida y el acceso a servicios básicos esenciales.

Protestas por falta de agua y alcantarillado

Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos se dirigieron a los exteriores del ministerio en el distrito de Jesús María para llevar a cabo una protesta pacífica. Con carteles en mano, esperaban la aprobación de una fecha para la licitación de los proyectos de agua potable, con el objetivo de abastecer los hogares más necesitados de Lima Este.

«Estamos aquí para reclamar un derecho vital que es el agua y desagüe para Ate, Santa Anita y El Agustino (…) Aproximadamente son más de 49 pueblos que estamos sin agua y desagüe. Ya los silos han colapsado y esperamos que haya una solución hoy día con una respuesta clara y precisa», señaló el señor Abdon Flores, vecino afectado.

Varios ciudadanos han manifestado su descontento con las autoridades, señalando que los recientes cambios en la cartera ministerial bajo la presidencia de Dina Boluarte están retrasando aún más los proyectos de agua. «Todo depende del Gobierno (…) Como cambian gobiernos o ministros, a veces no están informados, hay que informarles y dilatan el tiempo porque no hay voluntad para nosotros», señaló un vecino de Ate.

Doce dirigentes de los asentamientos humanos se reunieron con el ministro de Vivienda en busca de una respuesta oportuna. Los manifestantes, que esperaban una solución favorable, advirtieron que, en caso contrario, intensificarían sus protestas y considerarían iniciar una marcha hacia el Palacio de Gobierno.

Exministra Hania Pérez de Cuéllar anunció megaproyecto de agua.“Es prioridad número uno de la presidenta Dina Boluarte y de mi gestión llevar agua y desagüe a todo el Perú”.

En octubre del año pasado, la exministra Hania Pérez de Cuéllar anunció la licitación para uno de los componentes del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los distritos de Ate y Santa Anita. Informó que el expediente técnico para este proyecto fue aprobado en agosto de 2023. Para agilizar su ejecución, el proyecto se dividiría en dos componentes: el de mejoramiento de los servicios existentes y el de ampliación, que priorizará las conexiones a viviendas que actualmente no cuentan con agua ni alcantarillado.

En ese contexto, se esperaba que el Expediente Técnico para el componente de ampliación fuera aprobado en diciembre de 2023 y que la licitación para la ejecución de las obras se realizaría en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, este cronograma no se cumplió. El componente de ampliación está diseñado para beneficiar a 49 zonas y contribuir al cierre de brechas sociales en Ate. Por su parte, el componente de mejoramiento atenderá a 403 zonas en Ate y Santa Anita. En conjunto, el proyecto integral, a cargo del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), está valorizado en más de S/ 1,700 millones.

La exministra también anunció que a través del PASLC, también se están sacando adelante los proyectos de agua y alcantarillado del Esquema Horacio Zevallos, Pariachi y Anexos; de los Sectores 176 al 178; y el proyecto de las partes altas conocido como Huaycán II (volarada en más de S/135 millones), los tres en Ate Vitarte, los cuales estaban en elaboración de sus expedientes técnicos correspondientes, y se esperaban beneficiar a más de 78.000 habitantes de la zona con acceso a servicios básicos esenciales.

• Frente a la crisis, se enfatiza la importancia de una legislación clara, la mediación sostenible y la descentralización de rutas turísticas como estrategias clave para preservar el patrimonio cultural y mitigar los impactos negativos en la economía local.

Lima, 26 de Enero del 2024.- Machu Picchu, joya del turismo peruano, enfrenta una crisis sin precedentes debido a las recientes protestas originadas por el lanzamiento exclusivamente virtual de la venta de boletos de ingreso a través de la plataforma www.tuboleto.cultura.pe. Este cambio ha desencadenado desconfianza y tensiones, impactando tanto en la economía del país como en la reputación del destino turístico.

En el epicentro de la polémica, diversos sectores se ven directamente afectados. En ese sentido, Lily Valderrama, jefa del área de Relaciones Sociales y Gubernamentales del Estudio Miguel Mur & Abogados, destaca las consecuencias negativas que abarcan:

Comercio local en crisis: La cancelación y disminución de visitas afectan directamente a hoteles, tiendas, restaurantes, guías de turismo, agencias de viaje, artesanos y otros servicios locales, generando pérdidas significativas de ingresos, señala Valderrama.

Impacto en el empleo: Asimismo, la falta de visitantes resulta en la cancelación de itinerarios programados, llevando a la inestabilidad laboral en el sector turismo, afectando a aquellos que dependen económicamente de esta actividad.

Desconfianza turística: La imagen del país como destino turístico se ve afectada, ya que los turistas temen cambios en itinerarios, cancelación de tours y pérdida de inversión sin llegar a su destino deseado.

Causas y Soluciones

Por otro lado, Valderrama menciona que la falta de socialización sobre los cambios legales y/o administrativos sobre el uso de los bienes patrimoniales ha generado conflictos, cierres de vías y daños estructurales. Muchas veces afectando la integridad física de las personas, así como las zonas arqueológicas y/o turísticas.

En ese sentido, la solución radica en una comunicación abierta y una regulación clara para evitar perjuicios a la integridad física y al patrimonio, destaca la líder del área de Relaciones Sociales y Gubernamentales del Estudio Miguel Mur & Abogados.

Asimismo, menciona que la mediación y negociación deben ser sostenibles, priorizando la conservación del patrimonio. “La sensibilización de pobladores y autoridades sobre la importancia cultural es esencial para evitar afectaciones a las actividades turísticas”, agrega.

Además, Valderrama sugiere que se debería integrar a los actores locales, que se encuentran directa o indirectamente involucrados, en la toma de decisiones y fomentar su participación en la generación de estrategias.

“Para que no se vean afectadas las actividades turísticas y se puedan implementar nuevas estrategias de promoción de turismo sostenible, es fundamental sensibilizar a las autoridades y ciudadanos respecto a la importancia de proteger el patrimonio cultural, así como informar la magnitud del daño que se le hace a nuestro país cuando se generan conflictos sociales. Las pérdidas económicas y el daño a la imagen del país son muy graves”, subraya Valderrama.

Por último, considera que las autoridades del Ministerio de Cultura y la Dirección de Turismo deberían implementar nuevas rutas turísticas que permitan descentralizar un solo destino y poder ofrecer otras opciones, así como actualizar e implementar nuevos sistemas y estrategias tecnológicas para un mejor control administrativo, tanto en lo económico como en lo turístico, en el ingreso a la Llaqta de Machu Picchu

“No olvidemos que una adecuada gestión del patrimonio cultural con confianza y sostenibilidad puede mejorar la calidad de vida de los pobladores, además de concertar una planificación basados en los potenciales bienes materiales e inmateriales con los que cuentan. Esto, adicionalmente, de buscar la solución a los conflictos identificados por parte de las colectividades e instituciones”, subraya Valderrama.

Lima, 20 de julio del 2023. Las protestas que tuvieron lugar en la capital y diversas regiones del país, en contra del régimen de la presidenta de la República, Dina Boluarte, generaron un impacto en el tipo de cambio, que se elevó de S/3.56 a S/3.59 en la venta.

Las manifestaciones llevaron a algunos trabajadores a adoptar el trabajo remoto como medida preventiva, y se desplegaron aproximadamente a 24 mil agentes policiales para contrarrestar posibles actos de violencia. Esta situación generó un clima de incertidumbre y riesgo político, que afectó directamente al tipo de cambio.

Javier Pineda, gerente general de Billex, plataforma peruana especializada en el cambio de divisas, explicó que el aumento del precio del dólar se debe al efecto de las marchas y al mal recuerdo de las situaciones vividas a principios de año. «Se sintió dicho efecto y el precio del dólar empezó a incrementarse», afirmó.

“Mientras que en nuestro país el miércoles 19 el sol se depreció, el peso chileno y el colombiano experimentaron una apreciación el mismo día. Esta divergencia nos hace notar que el riesgo político siempre es una variable que puede mover el precio del dólar, en este caso a partir de las marchas contra el gobierno, lo cual incrementa la volatilidad del tipo de cambio. Esperamos que no pase a mayores”, agregó.

Es importante destacar que la incertidumbre política puede tener un impacto directo en la economía, afectando los mercados financieros y la confianza de los inversionistas. Las autoridades deben estar atentos a la situación y tomar medidas que promuevan la estabilidad y el desarrollo económico.

Sobre BILLEX

Billex es una fintech peruana con operaciones desde el 2017.  Pioneros en establecer un modelo de negocio en el Perú respaldado por un fideicomiso que permite a las personas y empresas realizar operaciones de cambio de divisas de la forma más segura, eliminando cualquier tipo de riesgo. Además, su servicio garantiza ahorros en cada transacción, rapidez y un servicio de atención exclusiva para sus clientes. Asimismo, la plataforma permite vincular a las empresas para que comparen y vendan divisas entre sí ofreciendo un tipo de cambio muy cercano al interbancario.

Es la única plataforma que cuenta con transacciones directas en los seis principales bancos del país: BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank, Banco Pichincha y Banbif.

Estas ventajas, permiten que Billex, a diferencia de una casa de cambio digital, opere con la misma seguridad que garantiza un banco tradicional, operando a través del fideicomiso que garantiza los fondos de las empresas y además cuenta con proveedores de liquidez que le permiten atender los requerimientos del mercado.

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Esta segunda lista está conformada por 7 deudos de 4 personas fallecidas, y 27 personas heridas de gravedad, civiles y policías, en las marchas producidas en las fechas antes indicadas, según indica la Resolución Ministerial N° 0112-2023-JUS, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficiales El Peruano.

Con este segundo listado suman un total de 98 deudos de 56 personas fallecidas, siendo 55 civiles y un efectivo policial. De acuerdo a la disposición del Gobierno,  el apoyo económico a los deudos asciende a S/ 50,000.

Con respecto a la procedencia de las víctimas, 7 son de Apurímac, 5 de Arequipa, 10 de Ayacucho, 3 de Cusco, 3 de Junín, 5 de La Libertad, 1 de Lima y 22 de Puno.

La lista también incluye a los beneficiarios que sufrieron heridas de gravedad durante las movilizaciones entre el 8 de diciembre 2022 y el 10 de febrero del 2023 de acuerdo con lo dispuesto por el D.U. N° 006-2023.

Así, se suma un total de 27 personas heridas de gravedad que podrán acceder al apoyo económico de S/25000.

Para acceder al segundo listado de beneficiarios haz click aquí.

Según la Resolución Ministerial 0101-2023-JUS, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta lista está conformada por 91 deudos de 52 personas fallecidas.

En tal sentido, el dispositivo señala que se deberá realizar el abono correspondiente en cuentas abiertas para tal fin en el Banco de la Nación, a favor de cada una de las personas beneficiarias.

Asimismo, dispone que el anexo con la lista de beneficiarios será publicado en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo día de la publicación de la presente resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

En la parte considerativa precisa que se reconocen personas beneficiarias del apoyo económico a aquellas identificadas por la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución Suprema 264-2022-JUS.

Además, precisa que el artículo 4 de dicha norma autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de 50,000 soles, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida; así como 25,000 soles en el caso de las personas heridas de gravedad en las movilizaciones.

De igual modo, recuerda que entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023 un sector de la población, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, llevó a cabo una serie de movilizaciones a lo largo del país, en las que se registraron actos violentos contra la propiedad pública y privada, el bloqueo de vías de comunicación y el intento de la toma de aeropuertos, así como enfrentamientos.

En dichas movilizaciones se produjo el fallecimiento de personas y otras sufrieron lesiones de gravedad.

«Que, a raíz de lo ocurrido, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de atender a las personas afectadas, conforme se ha hecho anteriormente, y coordinar la adopción de medidas a su favor, comprendiendo dentro de ellas tanto a civiles como efectivos policiales en la perspectiva de promover la reconciliación nacional», agrega la resolución.

Lima, 24 de Enero del 2023.- Un grupo de manifestantes realizó esta mañana un plantón en el Centro Empresarial de San Isidro, como parte de las protestas antigubernamentales iniciadas en Diciembre, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Los manifestantes, en su mayoría de Puno y Cusco, llegaron hasta el frontis de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), para protestar contra el gremio empresarial, así como contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Un equipo de RPP Noticias llegó al lugar y constató que los manifestantes portan pancartas y banderolas en contra del Gobierno y contra la Confiep. Entre sus exigencias, están el adelanto de elecciones y la renuncia de la actual jefa de Estado.

En las inmediaciones del plantón hay un fuerte contingente policial, así como de serenos de San Isidro, que custodian la seguridad. La protesta se realizaba de manera pacífica.

Fuente: Rpp / Foto: Captura Rpp.

Al respecto, informó que Lima cuenta con cerca de 50 mil efectivos en sus diferentes direcciones policiales, de los cuales 21,000 corresponden a la Región Policial Lima.

Zanabria indicó que desde este miércoles 18 de enero se contará con 9,600 efectivos para la protección tanto de la ciudadanía como de instituciones públicas y privadas, superior a los 5 mil que se había estado asignando.

Asimismo, sostuvo que estiman que aproximadamente 800 personas llegarán a la capital para movilizarse, pudiendo llegar hasta las 2 mil personas, si obtienen el financiamiento necesario.

“Creo que tenemos la capacidad suficiente para controlarlo y evitar cualquier tipo de desmanes”, declaró el general Víctor Zanabria a RPP.

En otro momento, el general PNP señaló que desde hace tres días se realizan movilizaciones por distintas zonas de Lima Metropolitana, llegando a puntos como el parque Keneddy en Miraflores, en uso de su legítimo derecho a la protesta. Pese a ello, refirió, se registraron actos de violencia.

Además, el jefe de la Región Policial Lima indicó que seguirán realizando acciones de control como las efectuadas ayer en Pucusana, en que se intervino a personas requisitoriadas a través del control de identidad.

En total, señaló, se intervino en Pucusana a cinco requisitoriados, por delitos como estafa, violencia familiar y lesiones.

De acuerdo con el más reciente reporte del mapa interactivo de la Sutran, suman 19 las vías nacionales afectadas por las manifestaciones que impactan a 11 regiones, especialmente del sur del país, siendo Puno y Cusco las más afectadas.

Entre las zonas más afectadas en Puno figura la carretera que une la localidad de Juliaca con Desaguadero, una de las principales vía de tránsito hacia el país de Bolivia. En vísperas, los puntos bloqueados totalizaban 87 en 10 regiones y había 17 vías nacionales afectadas.

Puntos bloqueados

En Ayacucho se reporta interrupción en el km 154 de la carretera Nasca-Puquio-Abancay; así como la Longitudinal de la Sierra Sur en los kilómetros 511, que afecta Ayacucho, Huamanga y Ocros; en tanto en Apurímac están afectados los kilómetros 538, 606, 631 y se perjudican ciudades como Chinchero, Andahuaylas, Santa María de Chicmo, entre otras localidades.

En Cusco los problemas se dan en las carreteras Quinua, Quillabamba, Cusco y la Longitudinal de la Sierra Sur, que afectan a localidades como Canchis, Checacupe, Tinta, Combapata, San Pedro, Sicuani, Marangani, entre otras.

En Puno, igualmente, la situación sigue complicada en la Longitudinal de la Sierra Sur y afecta a numerosas localidades como Juliaca, Lampa, Moho, Pucará, Calapuja, San Romás, entre otras.

Situación de la economía por bloqueos

En La rotativa del aire de RPP, el director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, Pedro Grados Smith, reforzó sus previsiones económicas al poner como ejemplo la situación que atraviesa Cusco en el marco de la crisis social y política, pues, según datos de la Cámara de Comercio de Cusco, la región pierde cerca de S/ 7 millones diarios a raíz de las manifestaciones, debido a que los turistas están optando por cancelar sus reservaciones.

El economista también mencionó que un panorama similar afronta Puno, puesto que las actividades por la Virgen de la Candelaria 2023 -que es considerada como la más importante y turística de la región- corren el riesgo de ser canceladas, luego de que se suspendiera la presentación oficial de la festividad por los 17 fallecidos que se registraron el lunes, 9 de enero, en Juliaca.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit-Puno), un total de 11 millones de soles se dejaría de recaudar, si se cancelan todas las fechas de la festividad de la Virgen de la Candelaria.

El Banco Central de Reserva (BCR) calculó que las cancelaciones de reserva en el sector implican un impacto de alrededor de $ 100 millones al mes.

Fuente: Rpp.

Lima, 15 de Diciembre del 2022.- El vandalismo protagonizado por grupos de desconocidos ha obligado a cerrar Aeropuertos en las regiones de Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho, para garantizar la integridad de los pasajeros y de los trabajadores, pues algunos ya han sido blanco de ataques.

El primer aeropuerto que suspendió sus operaciones fue el de Andahuaylas (Apurímac), ya que vándalos dañaron seriamente la pista de aterrizaje y equipos indispensables para brindar los servicios de navegación aérea. Además, incendiaron la sala de transmisores y la sala de combustible, y cercaron amenazantes el terminal aéreo.

Otro aeropuerto que se mantiene cerrado es el Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa por las graves afectaciones en su infraestructura, como la destrucción del cerco perimétrico, la señalética de seguridad y la remoción de parte de los bordes de la pista de aterrizaje, entre otros daños. Los revoltosos quemaron llantas en su interior.

La situación es similar en el Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete del Cusco. Los agitadores hicieron forados en sus instalaciones e intentaron ingresar violentamente, por lo que se dispuso su cierre hasta hoy jueves 15 de diciembre, a las 23:59 horas.

El aeropuerto Inca Manco Cápac, ubicado en la ciudad de Juliaca, región Puno, también está inoperativo desde ayer por los ataques de los manifestantes que pretendieron tomarlo y dañaron el cerco perimétrico.

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) informó anoche del cierre del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de la ciudad de Ayacucho, desde las 00:00 horas del jueves 15 de diciembre, para poner a buen recaudo su infraestructura.

Las Fuerzas Armadas advirtieron que un grupo de manifestantes buscan irrumpir en el terminal aéreo, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, personal y toda la comunidad aeroportuaria.

La suspensión de las operaciones en los citados aeropuertos —que están fuertemente resguardados por la Policía Nacional— perjudica a los pasajeros que deben reprogramar sus vuelos y postergar su llegada a su destino final aunque tengan alguna emergencia. A la par las pérdidas económicas en el sector turismo siguen en aumento.

Las autoridades anunciaron que empezarán a permitir gradualmente que los habitantes de las zonas con menos casos abandonen sus domicilios, aunque no estaba claro cuántas personas podrán salir de sus casas ni cuándo.

China sigue una estricta política de «COVID cero» con el objetivo de eliminar los contagios mediante estrictos confinamientos, test masivos y restricciones a los viajes.

Shanghái ha sido sometida a algunas de las medidas más severas desde que el virus surgió en la ciudad china de Wuhan en 2019, con un confinamiento estricto que dificulta comprar comida y llevó a miles de personas a centros de cuarentena.

Medidas de relajamiento

Las autoridades indicaron que clasificarán las residencias de la ciudad en tres niveles en función del número de infecciones. Las «medidas de prevención y control diferenciadas» reflejarán las «circunstancias reales» sobre el terreno, dijo el lunes un funcionario de Shanghái, Gu Honghui.

Las personas que se encuentran en «zonas de control cerradas» o «zonas de gestión controlada» seguirán confinadas en sus casas o limitadas a sus residencias.

Por su parte las personas en las comunidades residenciales donde no se registró ningún caso en los últimos 14 días podrán salir de sus casas.

Fuente: AFP.

En un ambiente festivo y con escasa presencia policial, los asistentes corearon lemas como “Chile despertó” y “El pueblo unido jamás será vencido”, mientras grupos tocaban “El derecho a vivir en paz”, del cantautor chileno Víctor Jara.

“Gracias valiente juventud”, decía el cartel que portaba José Sarabia, de 73 años, cuyos dos hijos resultaron heridos por impacto de balines durante las marchas del año pasado.

El próximo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el Gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

“Estamos en la calle desde hace un año. La pandemia nos ha pesado, pero seguimos. Lo que queremos es que haya dignidad para la gente”, indicó a Efe Juan José Rainao, dirigente de la etnia mapuche, la más grande del país.

A diferencia de las violentas marchas de las dos últimas semanas, la concentración transcurrió de forma pacífica al menos hasta las 20:30 hora local, aunque se dieron algunos enfrentamientos con las fuerzas en los alrededores de la plaza.

De rojo, “por los caídos”
El cuerpo policial de Carabineros está en el punto de mira por su crudeza en la represión de las marchas y diversos organismos internacionales, como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

“El domingo va a salir mucha más gente y probablemente habrá mucha violencia en las poblaciones. Es una de las preocupaciones que tenemos como pueblo”, agregó por su parte la joven Gabriela Amaro.

A primera hora de la tarde, varios manifestantes pintaron completamente de rojo, en honor a las víctimas de la violencia policial durante la crisis, el monumento al general Manuel Baquedano que preside la rotonda, bautizada popularmente como “Plaza Dignidad”. Allí, otro grupo desplegó una gran tela negra con el mensaje “Fuera Piñera”.

La estatua del héroe de la Guerra del Pacifico contra Perú y Bolivia fue restaurada durante la pandemia, cuando la capital estaba en cuarentena y no había protestas, tras semanas llena de banderas y pintadas con emblemas antigubernamentales y a favor de una nueva Constitución.

“El rojo representa a nuestros caídos, que son muchos, los que están presos, los mutilados y todas las violaciones a los derechos humanos. Por eso seguimos aquí en las calles”, explicó a Efe el joven encapuchado Enzo.

Donde sí hubo desmanes más graves, con barricadas y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad, fue en las ciudades costeras de Viña del Mar y Valparaíso, a 110 kilómetros de la capital.

Las concentraciones de este viernes se celebran a menos de diez días de que más de 14,5 millones de chilenos decidan en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.

Al menos cinco personas han muerto durante las jornadas de movilización que se iniciaron por los ajustes económicos anunciados por el Ejecutivo, especialmente el alza del precio de la gasolina. El último, según el balance de la Defensoría del Pueblo, es Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Sin embargo, el secretario general de presidencia, José Augusto Briones, rebajó la cifra a dos casos: un hombre que, según la versión oficial, fue atropellado en los bloqueos de carreteras del inicio de las protestas y otro, por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito.

Mientras los manifestantes acusan al Gobierno de reprimir las protestas, las autoridades insisten en la tesis del intento de desestabilización externa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de que esta mañana han sido detenidas diecisiete personas en el aeropuerto de Quito. «La mayoría de ellos venezolanos. En su poder, información sobre la movilización del presidente y vicepresidente», aseguró a través de Twitter. El propio Moreno celebró el miércoles que la gran marcha de las comunidades indígenas, que encabezan las reivindicaciones al Gobierno, se desarrollara de forma pacífica. Sin embargo, en el centro de la capital se produjeron duros choques entre un sector de la protesta y la policía, que recurrió profusamente a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

La tensión se añadió a la negativa de las organizaciones indígenas a sentarse y aceptar la oferta de diálogo formulada por el Ejecutivo. Tras concentrarse de nuevo en el Parque del Arbolito, en las proximidades de la Asamblea Nacional, un grupo retuvo a varios policías y a una treintena de periodistas fueron retenidos en la Casa de la Cultura de Quito, tras haber sido convocados a una rueda de prensa y pese a asegurar que los reporteros permanecían allí voluntariamente. Les permitieron cargar la batería de sus teléfonos y entregar tarjetas de memoria al exterior para facilitar la entrega de información. Fueron liberados horas después. Los dirigentes indígenas querían rechazar precisamente actos de represión policial y protestar por las cifras de muertos y heridos ofrecidas por el Gobierno.

“Con la sangre de nuestros hermanos, no vamos a negociar. No vamos a negociar con este Gobierno nefasto y mentiroso”, arengaba uno de los líderes indígenas en la tarima donde tenían a los policías retenidos. “Sean humanos, compañeros. No sean cínicos. Nosotros luchamos por nuestra causa, por nuestros hijos. ¿Qué les pasa? Ver morir a mi gente me ha indignado, vamos a radicalizar la protesta con mayor fuerza”, advirtió en una de las emisiones en vivo que reclamaron a los medios.

Pese a asegurar que los periodistas estaban allí voluntariamente, permanecieron retenidos durante horas en un cerco reducido con el objetivo de que retransmitieran todas sus declaraciones. El secretario general de presidencia emitió un mensaje televisado a las dos horas calificando la retención de “secuestro”. Briones también volvió a hacer un llamamiento al diálogo en una entrevista radiofónica: «Lo primero es cumplir con el objetivo común y es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, pacifiquemos el país y sentémonos a hablar con calma».

El Ejecutivo puso sobre la mesa el miércoles un paquete medidas para “compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles”. Entre esas propuestas está la reestructuración de las deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos de la financiación de sus terrenos o la financiación del seguro agrícola. Sin embargo, este jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó una negociación a través de un comunicado, asegurando que seguirán las protestas hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) «salga del Ecuador».

La comunidad indígena tiene también retenidos a 47 militares en la parroquia de Cochapamba, en la provincia de Cotopaxi, por haber entrado a lo que consideran su territorio y no “justificar el motivo” por el que se encontraban allí. Como ya ocurrió con el medio centenar de uniformados que fueron retenidos y después liberados los primeros días de protestas, el colectivo indígena reclamaba ser escuchado por el Gobierno. En este caso, además, piden el “cese de la represión” y la liberación de sus “hermanos” detenidos.

Decenas de manifestantes se reunieron esta mañana cerca de la estación de metro Carrao de esta megalópolis, cargando una pancarta que rezaba «Si no tenemos derechos, no habrá Copa».

Dijeron que su objetivo era acercarse lo más posible al estadio Arena Corinthians, donde el Mundial se inaugura esta tarde, pero la policía de choque, portando escudos, los dispersó con bombas de estruendo y gases lacrimógenos antes de que la marcha arrancara.

Un policía disparó balas de goma contra un manifestante sin camiseta que se ubicó en medio de la calle y se negaba a partir. La policía luego lo detuvo.

«¡No habrá Copa!», cantaban los manifestantes antes de ser dispersados, una frase que se ha convertido en el lema de muchos brasileños indignados con los 11.000 millones de dólares que el Mundial costará a los contribuyentes brasileños, y que reclaman para la educación, la salud, la vivienda y el transporte.

Gregory Leao, un estudiante de 27 años que participó en la protesta, dijo que los manifestantes querían aproximarse al estadio.

«El objetivo es poner un fin a la Copa del Mundo. Nos damos cuenta de que no lo conseguiremos pero creemos que los brasileños deben participar en una revuelta», dijo a la AFP.

«Los brasileños aman el fútbol pero no precisan esto ahora», añadió.

Para el enorme país de 200 millones de habitantes, la Copa tiene un sabor agridulce. Muchos brasileños salieron a las calles vestidos de verde, azul y amarillo, los colores de su bandera y su ‘Seleçao’, incluida la presidenta Dilma Rousseff. Pero otros tienen miedo de las protestas o pretenden participar en ellas.

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