Junto a Villanueva fueron detenidos también en forma preliminar y por siete días, el fiscal superior titular de Lima Norte, Alberto Orlando Rossel Alvarado, el fiscal adjunto provincial Ronald Nicolás Chafloque Chávez y el empresario José María Santisteban Zurita.

El fiscal Fernández Alarcón ejecutó la orden de detención preliminar en coordinación con agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

La orden de detención dictada por el juez Hugo Núñez Julca incluye también el allanamiento de la vivienda del excongresista y el levantamiento del secreto de comunicaciones de los implicados.

César Villanueva se habría contactado con el fiscal superior Alberto Rossell Alvarado y el fiscal adjunto provincial Ronald Chafloque Chávez, a través del ciudadano José María Santiesteban Zurita, para que lo ayuden en la investigación en su contra por el caso Odebrecht.

La resolución judicial, señala que los investigados “en su interés de salvaguardar de una investigación fiscal a un exalto funcionario vinculado con graves actos de corrupción con la empresa Odebrecht, han venido desarrollando actos que afectan la correcta administración de justicia”.

“El investigado Alberto Orlando Rossel Alvarado habría sido contactado por César Villanueva atendiendo a su condición de fiscal superior titular a fin de que influya en la investigación que se sigue en su contra”, señala el documento.

El fiscal superior, a su vez, habría invocado influencias a fin de obtener un beneficio usando para tal efecto a su hijo Alberto Rossel Obando para que se presente formalmente como la defensa de Villanueva.

“Alberto Rossel Alvarado, valiéndose de su condición de fiscal superior en actividad, estaría patrocinando intereses particulares del ex presiente regional de San Martín ante el Equipo Especial de fiscales”, indica.

César Villanueva es investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en el proyecto carretera San José de Sisa, cuando era gobernador de la región San Martín.

Entre ellos figuran: Humberto Abanto Verástegui, Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimache, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado y Weyden García Rojas.

También contra Fernando Pebe Romero, Alejandro Álvarez Pedroza. Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminiti, Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares Prado.

Con ese propósito, mediante la Resolución Ministerial Nº 0088-2019-JUS, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autoriza el viaje el procurador especial del 10 al 16 de marzo,a las ciudades de Curitiba y Sao Paulo.

La norma señala que la declaración de José Américo Viera Spinola, operador de Odebrecht para el pago de sobornos, fue reprogramado para el 11 de marzo en la ciudad de Curitiba.

El procurador, asimismo, participará en Curitiba en una diligencia y, del 13 al 15 de marzo, asistirá también a otras diligencias en Sao Paulo relacionadas con las investigaciones que realiza el Equipo Especial del caso Lava Jato.

“La participación del procurador Ramírez reforzará los argumentos de defensa del Estado que conlleven al cobro de la reparación civil, en los casos materia de investigación fiscal en los que esta Procuraduría es parte”, indica la norma.

José Américo Spinola, a través su estudio de abogados Spinola Consultoría Jurídica, contrató al expresidente Alan García, a pedido de Odebrecht, para dar una conferencia ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en Brasil (Fiesp) el 2012).

Por este servicio, canceló 100 mil dólares como honorarios del expresidente García. Luego se supo que esos recursos vinieron de la Caja 2 de Odebrecht, empleada para el pago de soborno.

Mediante resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la prórroga se inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

También se aprobó la prórroga para 6 plazas de Fiscales Adjuntos Superiores Transitorios para la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada, el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada y 91 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales Transitorios para dicho Pool.

Del mismo modo, se prorrogó la vigencia de 3 Fiscalías Provinciales con carácter transitorio, 4 plazas de Fiscales Provinciales y 66 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, todas creadas con carácter transitorio para las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y Contra la Criminalidad Organizada.

De esta manera, Rafael Vela seguirá como jefe del Equipo Especial de Fiscales que investiga la ruta de los sobornos entregados por constructoras brasileñas a políticos, funcionarios y empresarios peruanos a cambio de adjudicaciones de obras.

En tanto, José Domingo Pérez, seguirá siendo miembro del equipo especial del caso Lava Jato, a cargo de los casos del expresidente Alan García y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Las resoluciones fueron rubricadas por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

FUENTE: ANDINA

«Si queremos tener una perspectiva de desarrollo sostenible al futuro, tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que ser estrictos en el castigo a los que han delinquido», expresó el mandatario al comentar lo informado por el diario O Globo de Brasil, respecto a que en las próximas semanas habrá revelaciones importantes de Odebrecht.

Vizcarra señaló que será en buena hora si la información proveniente de Brasil es relevante y permite contar con elementos de juicio para tomar decisiones fuertes y sancionar ejemplarmente a quien obró mal.

«Eso puede remecer, pero es bueno porque permitirá desde ahí planificar el futuro de manera transparente y honesta como exigen los peruanos», enfatizó tras remarcar que en el Perú ya no hay impunidad.

Equipo Lava Jato

El presidente reiteró que resulta fundamental que el equipo de fiscales que investiga el caso Lava Jato continúe en sus puestos, y consideró que si ello no ocurre el Ministerio Público daría un mal mensaje a la ciudadanía y a la confiabilidad en las instituciones.

“A estas alturas no sería un buen mensaje en la lucha contra la corrupción (…) cambiar, hostigar a fiscales que están trabajando no es un buen mensaje”, puntualizó.

Vizcarra llamó a la reflexión y a que se den todas las facilidades y respaldo a los fiscales, a fin de que puedan concluir su trabajo y la información que presenten permita castigar a los responsables.

Financiamiento ilegal

En otro momento, expresó su confianza en que los congresistas analizarán la ley de financiamiento ilegal y optarán por reconsiderar la votación que permitió su aprobación.

«Estoy seguro de que los congresistas, como ha ocurrido antes, están analizando a profundidad el tema y optarán por lo correcto», sostuvo el mandatario.

Tras recordar que el propio titular del Congreso, Daniel Salaverry, está de acuerdo con la reconsideración, estimó que más de un congresista reflexionara y votará para que la ley quede sin efecto.

El jefe del Estado declaró a la prensa tras participar en el inicio de trabajos de la ampliación de la avenida Santa Rosa, una vía alterna para el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó hoy el pedido de la exvoleibolista Jessica Tejada, de afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.

El Poder Judicial confirmó la resolución N° 4 que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva de Jessica Tejada.

El pasado 4 de febrero Jessica Tejada cumplió un año recluida en el Anexo I del Penal para Mujeres de Chorrillos.

El año pasado, Jessica Tejada fue detenida en el marco de las investigaciones que realiza el Equipo Especial de la Fiscalía por las coimas que pagó la constructora Odebrecht por los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

Jessica Tejada, vinculada al exviceministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Cuba, es investigada por el delito de lavado de activos tras ser acusada de ayudar al exfuncionario a lavar el dinero de presuntas coimas recibidas de Odebrecht.

El procurador ad hoc del Caso Odebrecht, Jorge Ramírez, anunció que el monto que solicitará a la constructora brasileña como reparación civil a favor del Estado, asciende de 3,468 millones de soles.

Indicó que este monto deberá ser afrontado por la empresa Odebrecht por daños y perjuicios ocasionados por sus actividades ilícitas.

“El monto asciende a 3,468 millones 511,217 de soles por tres proyectos: Gasoducto Sur Peruano, Carretera Chacas en Áncash y la Interoceánica Sur (Tramos 2-3)”, refirió en Cuarto Poder.

Explicó que, en el caso del Gasoducto Sur Peruano, licitado durante el gobierno de Ollanta Humala, el equipo de la Procuraduría calculó una reparación de 1,482 millones de soles.

Mientras que el proyecto de la carretera Chacas, entregada por el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, se determinó solicitar una reparación civil de 248 millones de soles.

En tanto, por la Interoceánica Sur (Tramos 2-3), licitación entregada durante la gestión de Alejandro Toledo, la reparación civil alcanza los 1,736 millones de soles.

“Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor”, agregó.

“Lo primero es que para mí es una pérdida de confianza, no solamente al magistrado que le habla, sino a todos los magistrados de la Sala Penal Nacional”, lamentó el juez a El Comercio.

“Concepción Carhuancho no iba a ser el juez del fallo”
Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados, explicó a RPP que esta medida se debe a la reestructuración de la Sala Penal Nacional, que no estaba en el organigrama del Poder Judicial.

“Se ha tratado darle el peso y significación de una Corte Superior. Para que los magistrados no sean simplemente designados por recomendaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura los elegirá. Si la sociedad reconoce el trabajo de jueces como el doctor Concepción Carhuancho, se producen algunas dudas, pero lo que se busca es generar organicidad. En ese sentido no es malo”, dijo.

Angulo también recordó que el juez Carhuancho no es un juez de fallo. Él trabaja con el fiscal que hace la investigación preparatoria y por eso dicta las prisiones preventivas. “Eso quiere decir, que en algún momento él va a dejar el caso. Él no iba a ser de ninguna manera el juez de fallo. Eso le correspondería a otro juez o colegiado”, dijo.

Juez de casos emblemáticos
El juez es reconocido por haber dictado prisión preventiva a importantes empresarios e incluso a dos expresidentes. “En el caso Lava Jato, dictó la detención del ex presidente Alejandro Toledo y del ex presidente de Ositran, Juan Carlos Zevallos Ugarte. También ha dictado fallos en juicios como el del exportador ilegal de oro, Peter Ferrari, en el caso de ‘La Centralita’ en donde estuvo involucrado César Álvarez y el del narcotraficante Gerald Oropeza”, explicó a RPP Oscar Castilla, director del portal Ojo Público.

Carhuancho también ordenó la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia el 14 de julio. La Fiscalía investiga si el expresidente y su esposa recibieron US$ 3 millones de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña de 2011, como afirmó su ex director ejecutivo, Marcelo Odebrecht.

Este año, la Policía Nacional reveló la evidencia de un plan para asesinar al juez Concepción Carhuancho aparentemente por los fallos que ha emitido contra el crimen organizado.

Glas, de 48 años, pasó a ser el funcionario en activo de mayor rango en América Latina en ser sancionado por la trama de coimas de Odebrecht, que golpeó los círculos del poder y la política al salpicar a exmandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

También hay señalamientos contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el peruano Pedro Pablo Kuczynski en la región. Glas, quien asistió a la audiencia en la que un tribunal penal de la Corte con sede en Quito dictó sentencia en primera instancia, fue juzgado como autor de asociación ilícita al igual que otras cuatro personas, incluido su tío Ricardo Rivera, quien hizo de enlace para que el funcionario reciba coimas por 13,5 millones de dólares.

Otros tres involucrados fueron condenados a 14 meses de prisión por su «cooperación eficaz» con la justicia, de acuerdo con la lectura de la sentencia a cargo del magistrado Edgar Flores.

La Fiscalía, que impulsa la querella instaurada el 24 de noviembre, había solicitado la pena máxima de seis años de prisión para Glas por ese delito, considerado menor. La condena por asociación ilícita abriría el camino a demandas adicionales contra Glas como de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles y con sanciones de hasta 13 años de cárcel, y por otros delitos como lavado de activos para poder procesar a la misma Odebrecht, de acuerdo con penalistas.

La ley ecuatoriana establece que las penas son acumulables hasta un máximo del doble de la más grave, sin que exceda los 40 años. La condena por el caso Odebrecht, firma que entregó en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en coimas para obtener contratos según la Fiscalía, puede ser apelada por Glas, quien estuvo a cargo de sectores estratégicos desde 2007 y es vicepresidente a partir de 2013, siendo reelegido este año.

La impugnación dejará en suspenso el fallo judicial hasta que sea resuelta por el tribunal y Glas -a quien el Congreso le retiró la inmunidad por pedido de él para ser enjuiciado- está en arresto preventivo desde el 2 de octubre, condición en la que se mantendrá sin perder aún el cargo.

AFP

José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós fueron trasladado por la policía hasta esta sede judicial.

Los cuatro empresarios no se encontraban en la sala el momento en que el juez Richard Concepción Carhuancho acogió un pedido de la fiscalía. Se presentaron inmediatamente en la sede de la Sala Penal Nacional.

Los detenidos permanecerán en la carceleta del Poder Judicial hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) proceda con la clasificación y determine el penal donde se cumplirá la medida judicial.

José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña Acuña son ex directivos de la empresa Graña y Montero.

Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone es presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA.

Se les atribuye los presuntos delitos de colusión y presunto lavado de activos, dado que, según la fiscalía, habían tomado conocimiento de la presunta coima que habría pagado Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, por la carretera Interoceánica.

La medida dictada por Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, alcanza a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada.

Se informó que en el caso de Gonzalo Ferraro Rey se le dará arresto domiciliario en la clínica Angloamericana por encontrarse delicado de salud.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro había advertido el peligro de fuga de los representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú.

Durante la audiencia , el fiscal señaló que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y tienen capacidad económica para eludir a la justicia.

Los cargos contra los exrepresentantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos.

El fiscal Hamilton Castro detalló que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que se entregó al exmandatario, actualmente prófugo en Estados Unidos

El fiscal también contó que han detectado cerca de 60 empresas de fachada (offshore), en los casi ocho meses de investigación que tienen contra la firma brasileña y sus cómplices, que presuntamente sirvieron para los pagos ilícitos. Señaló también que, de momento, se ha logrado allanar 60 inmuebles con el fin de recabar información documentaria.

A su vez, el magistrado destacó que la fiscalía ha podido asegurar un pago preliminar de S/30 millones por parte de Odebrecht como devolución por las ganancias ilícitas que obtuvo en el país.

La reunión con el gremio periodístico, la primera de este tipo en llevarse a cabo, estuvo encabezada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernanrdo Roca Rey. En el encuentro también participaron miembros de otros medios de comunicación, como El Comercio.

Roca Rey agradeció a Sánchez por la reunión, realizada en la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima. También participaron de la cita con los periodistas los fiscales a cargo de casos emblemáticos de corrupción y de lavado de activos.

En tal sentido, la referida corte estableció la comparecencia restringida para la referida autoridad, quien fuera detenido de manera preventiva el pasado mes de abril por el proceso de pesquisas por la concesión del tramo de la Costa Verde.

“Revocar la resolución (…) mediante la cual el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declara fundado el requerimiento de prisión preventiva promovido por el representante del Ministerio Público contra Félix Moreno”, indica la resolución.

Gracias a esta medida, en las próximas horas Moreno estará saliendo en libertad, al revocarse la orden de prisión preventiva de 18 meses.

Reglas de conducta
Como parte de la suspensión de la medida, por una investigación de lavado de activos, la sala ordena a Moreno a no ausentarse de la localidad en la que reside y deberá presentarse a la autoridad fiscal o judicial en cuanto sea requerido.

Asimismo, tiene prohibido comunicarse con los ciudadanos Gil Shavit, Antero Milian Díaz, Alexis Camero Alvinagorta y Nancy Milagros Suito Meza.

También, comparecer cada treinta días a informar sobre sus actividades ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Por último, deberá abonar como caución económica la suma de 100,000 soles, la cual deberá depositar en el Banco de la Nación dentro del plazo de siete días hábiles.

A través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía informó que Pablo Sánchez deberá nombrar a un representante para realizar coordinaciones con el procurador brasileño sobre la entrega de la información.

Se vence el plazo. La Fiscalía brasileña comenzará a entregar desde mañana las pruebas sobre sobornos pagados por la constructora Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden.

«El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países», dijo este miércoles un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil.

En febrero pasado, en una reunión en Brasilia, diez países de América Latina y Portugal se comprometieron a colaborar en las investigaciones sobre la corrupción en Odebrecht.
Los países solicitantes. Una fuente de la Procuraduría dijo a la agencia EFE que hasta ahora ocho países presentaron 22 solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht. Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. De esos países, República Dominicana ya recibió toda la información solicitada gracias a que llegó a un acuerdo de cooperación con Odebrecht.

Las pruebas constan en los acuerdos de cooperación que Odebrecht suscribió con la justicia brasileña a cambio de reducciones en las condenas de 77 de sus ejecutivos que aceptaron confesar sobre casos de corrupción en la constructora. El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio el lunes a los jefes de las fiscalías de los otros países para aclararles que las pruebas tendrán que permanecer bajo sigilo para no perjudicar las investigaciones contra las autoridades citadas por ejecutivos de Odebrecht.