En octubre de este año, una decena de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) denunciaron a esta casa de estudios ante Indecopi por cobros indebidos en las moras por el pago de pensiones. Obtuvieron respuestas favorables y esto desencadenó una ola de protestas dentro de la universidad.
Tres meses después, el rector Marcial Rubio Correa y gran parte de su equipo rectoral acabarían renunciando a sus cargos y la PUCP se comprometió a devolver todos estos cobros que ascienden a más de 30 millones de soles.
El dolor de pagar la boleta
Desde casi dos décadas, la universidad cobraba medio crédito en la escala del alumno por la demora en el pago de una boleta de pensiones. Cada semestre un estudiante de la PUCP debe pagar cinco boletas, pasada la fecha de pago, la universidad hacía un recargo de medio crédito en el costo de la boleta no cancelada.
Los créditos por escala en la PUCP varían entre los 254.90 y 974.10 soles. Es decir, si se cobra el medio crédito de mora, entonces, el alumno debía pagar entre 127.45 y 487.05 soles. Sin embargo, el Artículo N° 1244 del Código Civil Peruano señala que la tasa del interés legal máximo es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Los cobros de la universidad superaban ampliamente este porcentaje.
El pasado 30 de noviembre, cientos de estudiantes realizaron un plantón en el frontis de la universidad para reclamar que se devuelvan íntegramente, los excesos en los cobros de las moras. Además, pedían que el rectorado se disculpe por las afectaciones que estos cobros indebidos podrían haber ocasionado en los estudiantes y sus familias.
Cuatro días antes, miles de alumnos y exalumnos recibieron en sus bandejas de correo un mensaje en el que la universidad indicaba que procedía a devolver el dinero de los estudiantes que realizaron dicho pago moratorio en el periodo de los dos últimos años, incluyendo intereses.
Sin embargo, los estudiantes protestaron porque este cobro se realizó desde muchos años. Debido a la presión de la comunidad universitaria, la PUCP dio marcha atrás y el 4 de diciembre acordó devolver los pagos por recargos cobrados injustamente. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se comprometió a pagar estos montos desde el 29 de noviembre de 2012, fecha de vigencia de la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores.
La polémica respuesta del rector
El viernes último, el entonces rector de la universidad, Marcial Rubio Correa, admitió en el programa institucional Sin Pauta que la universidad incumplió con la ley, pero exculpó este actuar afirmando que la PUCP se encontraba en un déficit de dinero en los últimos años debido al problema que tuvo con la Iglesia Católica en 2011. Esto motivó que la universidad no pueda cumplir con el pago de la deuda que tenía con los alumnos.
“La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, aseveró Rubio en aquella oportunidad. “La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”.
El último lunes, el primero en declinar a su cargo fue el vicerrector administrativo, Carlos Fosca, quien a fines de noviembre prometió a los estudiantes que se alcanzaría un diálogo sobre este tema con los representantes estudiantiles.
“Quiero agradecerles los años de confianza y trabajo conjunto y, a la vez, expresarles a todos ustedes y a la comunidad universitaria, especialmente a nuestros alumnos, mis más sinceras disculpas por los errores y omisiones que llevaron a esta penosa situación”, señaló en su carta de renuncia.
Un día después, el martes, el rector Marcial Rubio Correa y la vicerrectora de investigación (también candidata a rectora en 2019) Pepi Patrón renunciaron a sus cargos tras la presión de la comunidad universitaria. Docentes elegidos ante la Asamblea Universitaria enviaron una carta al rectorado en la que afirman que “es incomprensible” que la Universidad no se haya preocupado por reparar las deudas con los estudiantes, tras las dificultades que afrontó ante la Iglesia Católica en 2011.
Como resultado, el rector interino será el vicerrector administrativo Efraín Gonzales de Olarte quien estará al frente de la universidad hasta las elecciones de 2019. La filósofa Pepi Patrón y los ingenieros Marcial Blondet y Eduardo Ísmodes luchan por el puesto de rector de la universidad privada más antigua del Perú.
Las acciones legales
El pasado miércoles, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anunció que la Defensoría intervendrá en este caso en el marco de sus competencias como supervisor de servicios públicos. Además, calificó a estos cobros moratorios como “ilegales”.
“El dinero que se cobra a los estudiantes en cualquier operación tiene que tener una base, una razón, una contraprestación. El hecho de que este haya sido declarado ilegal desde el 2012 no convierte en legal lo anterior. Tampoco es preciso decir que esto se hace en amparo de la autonomía universitaria”, dijo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) inició una fiscalización preliminar sobre estos cobros en las pensiones de los estudiantes morosos.
“Se busca identificar indicios de posibles infracciones a los derechos de los consumidores de esta casa de estudios superiores, y ponerlos a disposición de la Comisión de Protección del Consumidor para que evalúe si corresponde el inicio de un procedimiento sancionador”, explicó en un comunicado.
