AFP
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que esta pondría en peligro “la cohesión social”.
“Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, señaló en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
Advertencias
El Ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Y pidió a los independentistas “que no se tiren al precipicio”.
Puigdemont tiene hoy una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán –a las 9:00 horas de Lima– tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según su Ejecutivo, en este la secesión logró el 90% de los votos, con una participación del 43%.
La última vez que un Gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente, Lluís Companys, acabó en la cárcel, un hecho que un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
La vicepresidenta eludió concretar si el Gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del Gobierno catalán.
Socialistas
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que “pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia”.
Ayer, tres empresas catalanas más –la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial de telecomunicaciones Cellnex– anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
Desconfianza
La crisis política creada por la consulta prohibida del 1 de octubre y por años de tensión entre Barcelona y Madrid es la peor desde la reinstauración democrática en 1978.
En ella está en juego el destino del 16% de la población y el 19% del PBI que suponen Cataluña en España.
Signo de la extrema desconfianza que se está instalando, incluso en las instituciones de Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia pidió a la Policía Nacional, que depende de Madrid, que comparta las diversas tareas de seguridad pública con los Mossos d’Esquadra, la tradicional Policía catalana.
