Uno de los requisitos que la mayoría de bancos pedía a las personas que solicitaban un Crédito Hipotecario es demostrar un ingreso regular y estar dentro de una Planilla, algo que, en la actualidad, solo cumplen el 30% de los peruanos, ya que el otro 70% es informal o, al menos, independiente.
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la “ley de arrendamiento” (que contempla el leasing inmobiliario y el alquiler – venta de viviendas) este ya no sería una traba para que las personas que tengan ingresos irregulares accedan a este tipo de préstamos, pues la norma contempla un Registro Administrativo para Vivienda (RAV), el que serviría para que las familias que alquilan una casa o departamento formen su historial crediticio.
Al respecto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VCS) explicó que “el Fondo Mivivienda tendrá una participación muy activa, porque además de tener todo el registro de inquilinos, canalizará la información de la oferta inmobiliaria para las personas interesadas en adquirir una vivienda”.
Precisó que el RAV no sustituye ni reemplaza al Registro de Predios de la SUNARP y será de público conocimiento con el objetivo de que los agentes puedan verificar previamente la buena conducta contractual con quienes suscribirán contratos.
En ese sentido, Rafael Gonzales, representante del Estudio Barrios & Fuentes, dijo a La República que los bancos ya coordinan con Asbanc los mecanismos para ofrecer el leasing inmobiliario y el alquiler – venta a sus clientes.
Por eso, sostuvo que las entidades financieras evaluarán de forma periódica mediante alquiler a sus potenciales clientes, y para eso el RAV es una buena medida, pues será de conocimiento público.
Si bien consideró que el leasing es una buena medida, ya que permite el acceso de forma inmediata a la vivienda.
Indicó que uno de los obstáculos es que tanto el constructor como el banco serán los dueños de la propiedad hasta que se cancele todo el costo del inmueble.
Ya que esto asegura la inversión de las empresas y permitirá el desalojo sin acudir al Poder Judicial en caso exista una morosidad que sea mayor a los tres meses.
El registro de arrendamiento beneficiará a 30 mil familias en el primer año de vigencia.
