La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, presentó el estudio económico ejecutado por el IPE (Instituto Peruano de Economía) “¿Obra Pública Tradicional o Asociación Público Privada? Viabilidad del comparador público privado en el Perú”, el mismo que se enfoca en determinar la factibilidad técnica y económica de la aplicación de la metodología del CPP en los proyectos de infraestructura de servicios públicos.
Según el IPE, dicha metodología pretende, sin éxito, ayudar en la toma de decisiones respecto a la conveniencia de ejecutar una obra vía una APP o vía inversión pública.
El estudio del IPE determina que existen errores conceptuales y serios problemas prácticos que convierten al CPP en una opción no aplicable. En el ámbito conceptual asume, por ejemplo, que una obra, ya sea hecha por inversión pública o por una APP resultará en el mismo producto en términos de calidad, de tiempos de ejecución, entre otros factores. Lo anterior no se cumple.
Entre los problemas prácticos más serios destaca que la aplicación del CPP retrasa los procesos de inversión, resulta en incertidumbre importante respecto a cuándo se debe aplicar y quién debe aplicarlo y asumir los riesgos de hacerlo. Además, la experiencia internacional ha llevado, en la mayoría de casos, a que se abandone su uso.
Así, el estudio del IPE concluye que, en lugar de aplicar el CPP, el Estado debe concentrar todo su esfuerzo en mejorar la administración de riesgos, asegurar procesos dinámicos y buenos contratos (de concesión, de gerencia, entre otros), que logre incentivar una mayor participación de inversionistas y con ello la dinamización de la economía en un plazo más breve.
En esa línea, el Ing. Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN, afirmó que es necesario cerrar la brecha de infraestructura del país. Para lograrlo propuso que en el quinquenio comprendido entre el 2014 y el 2018 se adjudiquen APP por US$ 60,000 millones y se ejecute inversión pública de alcance regional por US$ 28,000 millones.
Entre las propuestas de Prialé destacó la de permisos en mano, según la cual a la firma del contrato de concesión, el Concedente entrega al Concesionario todos los permisos requeridos. Esto permitiría evitar la vía crucis que se inicia, para los concesionarios, posteriormente a la adjudicación de una obra.
Prialé destacó también la urgencia de impulsar iniciativas privadas en los Gobiernos Regionales y en los tramos de la Longitudinal de la Sierra, así como, concursar todas las líneas del Metro de Lima. Recalcó la necesidad de impulsar las asociaciones público privadas y las iniciativas privadas en agua y saneamiento, salud, educación y penales, así como contar con políticas portuaria y ferrocarrilera integrales.
Fuente: IPE.
