Sanciones administrativas, expulsión y acusaciones ante el Ministerio Público y Poder Judicial son algunas de las sanciones que recaerán contra funcionarios que cometan irregularidades.
Esto gracias al proyecto de ley, aprobado ayer por el Congreso, en el que se otorga facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad administrativa y funcional.
El congresista José Vega Antonio dijo que con la anterior normatividad, pese a que se comprobaba la irregularidad, el mal funcionario continuaba en su cargo. Sin embargo, con esta ley, será separado inmediatamente de su cargo.
Recordó que en Cañete, se presentó un caso de un funcionario que se apoderó de una fuerte cantidad de dinero, e impunemente, “siguió en su puesto”.
El contralor general de la República, Fuad Khoury, consideró que la referida norma “va a marcar la diferencia entre el hoy y el mañana, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción”.
