También, porque podría obstaculizar las investigaciones que se le siguen en la vía penal por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y la sustracción de documentos de una oficina lacrada del Ministerio Público, en enero del 2019.

Con esta medida, Chávarry, quien se desempeñó como fiscal de la Nación entre el 2018 y el 2019, ya no podrá ejercer sus funciones y quedará fuera de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano administrativo del Ministerio Público.

El suspendido fiscal supremo es procesado disciplinariamente por la JNJ por cuatro hechos:

El primero son las conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza –investigado también por el Caso Los Cuellos Blancos– que fueron registradas en diversos audios y en las que se daba cuenta de un presunto intercambio de favores.

También se ha considerado que Chávarry faltó a la verdad cuando dijo que desconocía los arreglos que hizo el empresario Antonio Camayo para propiciar un almuerzo con medios de comunicación a fin de favorecer su candidatura a la Fiscalía de la Nación. Además, habría propiciado el deslacrado de la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte –hecho que reveló El Comercio– en enero del 2019.

Estos tres casos son investigados también en el Ministerio Público.

Finalmente, se ha considerado que Chávarry habría usado su cargo para convocar a un exfuncionario del Congreso de la República (César Sandoval) a fin de que lo asesorara sobre el allanamiento de la mencionada oficina realizado por el fiscal José Domingo Pérez, como parte de la investigación a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori, con lo que habría permitido una “interferencia externa”.

Medida idónea

Tomando como base los descargos de Chávarry, la JNJ sostiene en su resolución de medida cautelar que la suspensión provisional es idónea. “Tales circunstancias son, a juicio de este colegiado, razones fundadas por las que se puede presumir un riesgo de perturbación a personas ajenas a este órgano constitucional”, indica.

Además, considera probable que el fiscal pueda repetir las conductas que son objeto de investigación, lo que pondría en riesgo los casos, y con ello la credibilidad del Ministerio Público.

“La medida cautelar trae consigo el impedimento en el ejercicio de toda atribución propia del cargo. Pero, como contraparte, evita el riesgo de afectación al procedimiento disciplinario inmediato, que podría materializarse desde la alta posición que ocupa el fiscal investigado”, explica. Concluye que la medida está justificada por el beneficio del interés público.

El pasado 14 de julio, Chávarry Vallejos se presentó ante el pleno de la JNJ para presentar sus descargos frente a la propuesta de suspensión planteada por el vocal instructor que lleva adelante el proceso disciplinario en su contra y cuyo nombre se mantiene en reserva.

Chávarry ha negado ante la JNJ conocer a los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Reconoció, en cambio, que si conoce a Hinostroza Pariachi, pero como parte de las funciones que desempeñó como fiscal y afirmó que este usó su nombre.

“El exjuez supremo César Hinostroza, utiliza mi nombre ante Antonio Camayo a quien yo no conocía; incluso en la transcripción del audio, se entiende la sorpresa del investigado quien le dice a Hinostroza de quién se trata porque no me conocía”, dijo.

Sobre la irrupción en la oficina lacrada en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y Fujimori Higuchi; el ahora fiscal supremo suspendido alegó que desconocía ese hecho y que todo fue realizado por su exasesora, Rosa Venegas.

“No existen los elementos de convicción de inconducta o falta grave para que se pueda ordenar mi suspensión en el cargo”, dijo entonces.

Según el penalista Andy Carrión, con esta decisión y la suspensión del fiscal supremo Tomás Gálvez, “vemos que la JNJ se va afianzando en torno a su rol contralor de la función delicada de valorar la conducta ética de los jueces y fiscales, labor que no pudo realizar el antiguo CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) por razones de su actuar irregular, y que el anterior Congreso no estuvo en capacidad de decidir por convicciones políticas”.

“Notifica a las partes para que emitan pronunciamiento en el plazo de tres días”, añade la publicación del Poder Judicial.

La fiscal suprema Bersabeth Revilla formuló dicha solicitud el pasado 15 de noviembre por el supuesto delito de encubrimiento real. Fue efectuada ante el despacho del juez Hugo Núñez Julca.

Dicha disposición fue acordada por unanimidad luego de concluir el debate de las seis denuncias presentadas a la fecha contra Chávarry, de las cuales cuatro fueron declaradas procedentes.

La subcomisión sugirió el archivo de la denuncia constitucional N° 239 presentada en agosto de 2018 por el congresista Gino Costa por el presunto plagio de la tesis de la maestría de Chávarry e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo.

Asimismo, declaró procedente la denuncia N° 248 interpuesta por la legisladora Gloria Montenegro por la vinculación del extitular del Ministerio Público con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Igualmente, la N° 270 que presentó el procurador anticorrupción, Amado Enco, excluyendo no obstante a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La denuncia N° 262, también presentada por Enco, quedó irresuelta debido a que hubo más abstenciones que votos a favor (cinco frente a cuatro).

Esta será sometida a otra votación en una nueva sesión de la subcomisión.

Además, tuvo el visto bueno de la subcomisión la denuncia N°285 de la de la congresista Marissa Glave por el procedimiento de separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

De igual forma, se aprobó la denuncia N° 288, de Gino Costa, presentada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y real.

“Te presentan una moción censura, te dicen que eres traidor, que uso rodilleras, sabiendo lo que eso significa. Yo no puedo, por dignidad, seguir perteneciendo a una bancada que piensa eso de mí”, dijo en una entrevista con Latina.

Salaverry señaló que en el Congreso se debe “bajar el nivel de confrontación” y “fijar una agenda común con el Ejecutivo”, de modo que “juntos trabajemos para encontrarle solución a los problemas”.

El titular de la Mesa Directiva se encuentra de licencia en su bancada desde el 22 de octubre del año pasado.

En el pleno del lunes, la bancada de Fuerza Popular se retiró del hemiciclo, luego de un incidente con el legislador Alberto de Belaunde (Bancada Liberal), quien dijo que el fujimorismo tiene un «pacto de impunidad» con Pedro Chávarry.

Al suspender la sesión del pleno, Salaverry se pronunció de la siguiente manera:

«¡Lamento, sinceramente, que hoy la ciudadanía haya tenido que apreciar un bochornoso espectáculo que me da vergüenza ajena!», exclamó.

Tras ese incidente, Fuerza Popular presentó ayer una moción de censura contra Salaverry por considerar que hace un «ejercicio abusivo de su cargo».

Nacida en el Callao hace 61 años, y con 37 años en el Ministerio Público, Avalos se desempeñaba desde julio del año pasado como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

La flamante fiscal de la Nación interina no se ha visto involucrada hasta el momento –directa ni indirectamente– en ningún CNM audio, a diferencia de los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez.

Cabe anotar que, el 20 de julio pasado, Ávalos no asistió a la ceremonia de juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación.

Además, fue la única que votó en contra de que este asuma sus funciones tras la difusión de un audio en el que se le escucha conversar con suspendido juez César Hinostroza.

Ávalos Rivera ingresó en 1981 al Ministerio Público como auxiliar de un despacho fiscal y ha hecho su carrera dentro de la administración pública hasta convertirse en fiscal suprema.

Ha ocupado 16 cargos como fiscal: once como provisional y cinco como titular. Inició su historial laboral en la selva, cuando fue nombrada fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, Loreto. Al año siguiente, fue designada fiscal penal de Lima. Desde ahí ha pasado por fiscalías civiles y especialidades en lo contencioso administrativo.

–Su nombramiento como suprema–
«Un día me fui a dormir y era fiscal supremo titular. Me levanté y ya no era nada». Así explicó, hace cuatro años, la fiscal Ávalos en una de las pocas entrevistas televisivas que ha dado, lo que pasó con su nombramiento como titular de la fiscalía suprema. Aquella vez, ella misma lo dijo, ameritaba salir a los medios: el Tribunal Constitucional había anulado su elección.

Ávalos fue nombrada fiscal suprema en diciembre del 2013, cuando el titular del Ministerio Público era José Peláez Bardales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó anular esta elección y, por ende, el nombramiento tras un pedido del abogado Mateo Castañeda, a quien el CNM no había nombrado como fiscal supremo.

Finalmente, en una nueva sentencia de aclaración, el colegiado precisó que el nombramiento de Ávalos así como el de Norah Miraval tenían validez. Desde ese entonces, se mantiene en la Fiscalía Suprema.

«Tengo 33 años de trabajo [en el 2014] donde no tengo ni una queja fundada, ni una sanción disciplinaria, jamás he estado en los medios. Si me he atrevido a salir ahora es porque me deja satisfecha y buscaba que se reinvindique mi nombre», manifestó en ese entonces.

–Su voto por Ramos Heredia–
Uno de los pocos cuestionamientos que ha tenido Ávalos fue cuando en el 2014, votó por Carlos Ramos Heredia para que se convierta en el nuevo fiscal de la Nación. Ella junto Miraval y Peláez Bardales lo eligieron y no votaron por Pablo Sánchez.

«En principio yo vivo en una sociedad de estado de derecho donde puedo elegir y ser elegida. Se me estaba condenando por haber elegido. Decían cómo puede votar si tiene tantos cuestionamientos. Los cuestionamientos no son todavía sentencias. Hice uso de mi derecho a elegir», se defendió en ese entonces.

Poco tiempo después, Ramos Heredia fue destituido por el CNM tras determinar su inconducta funcional como fiscal de Control Interno en el caso «La Centralita». En la nueva elección, Sánchez fue elegido por la Junta de Fiscales Supremos que integraba Ávalos.

Ávalos se graduó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además obtuvo la Maestría de Derecho Constitucional y el Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villareal.

Sobre Zoraida Ávalos, el renunciante Pedro Chávarry se pronunciaba así el 22 de julio del año pasado: «es una magistrada de primera línea, seria y honesta. Ella nos podría dar las garantías del caso para que asuma la jefatura de control interno del Ministerio Público». Ahora ella lo reemplazará en medio de la más grande crisis que ha atravesado el Ministerio Público.

El lunes por la noche, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció a través de un comunicado que a las 10 a.m. de este martes presentará su renuncia formalmente ante la Junta de Fiscales Supremos «a fin de evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados constitucionalmente». 

En este contexto, sin embargo, Chávarry seguiría siendo fiscal supremo y formando parte de los 5 integrantes de la mencionada Junta. Asimismo, Pablo Sánchez adelantó que no accederá al cargo y, en consecuencia, por razones de antigüedad, la sucesora en el Ministerio Público sería Zoraida Ávalos. 

En un comunicado, la institución informó que los policías involucrados pertenecen a la Dirección de Seguridad del Estado y han sido identificados como el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras, y los técnicos de segunda James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong.

Según la comunicación oficial, los tres policías involucrados, quienes estaban asignados a la seguridad del fiscal de la Nación, serán objeto de la «medida preventiva que el caso amerita», sin perjuicio de ser denunciados ante la autoridad competente.

El pronunciamiento oficial subraya que los efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado cumplen labores limitadas al resguardo de las autoridades asignadas «y no contemplan bajo ninguna circunstancia, incurrir en acciones como las que han sido denunciadas».

«La Policía Nacional del Perú pone a disposición de las autoridades su más efectiva colaboración con el fin de esclarecer totalmente estos hechos, identificar plenamente a todos los responsables y sancionarlos de la manera más severa como corresponde a un acto de esta naturaleza», señala el comunicado.

(También lea: Junta de Fiscales Supremos recibe hoy renuncia de Chávarry)

Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Odebrecht, denunciaron ayer que una oficina asignada a Juan Manuel Duarte, asesor de Chávarry, y que había sido lacrada para evitar su manipulación, fue violentada por miembros de la seguridad del aún fiscal de la Nación.

Vela y Pérez mostraron un video de las cámaras de seguridad del Ministerio Público en el cual se observa a estas personas salir del lugar que tenía precintos de seguridad.

«Esto es sumamente grave porque no sabemos qué material ha sido sustraído», comentó Vela.

El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentará hoy su carta de renuncia a dicho cargo ante la Junta de Fiscales Supremos en la sede del Ministerio Público.

«Por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación», escribió en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter.

Refirió que adoptó esta decisión en «aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes también autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente».

En su comunicado, el fiscal de la Nación se definió como «un demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia».

Chávarry convocó para hoy a partir de las 10: 00 horas a una Junta de Fiscales Supremos en la que dará cuenta de su dimisión en el cargo.

La decisión de Chávarry fue saludada por congresistas de diferentes bancadas, quienes coincidieron en que las acusaciones constitucionales e investigaciones que hay en su contra deben seguir su curso.

Legisladores como Alberto de Belaunde, la Bancada Liberal, advirtieron la necesidad de que renuncie también como fiscal supremo.

Mediante la red social Twitter, el titular de la fiscalía señaló que, en cumplimiento a ello “tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige”.

Indicó, además, que las personas pasan y las instituciones quedan.

La defensa de la autonomía e institucionalidad del MP es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo dirige.En cumplimiento de tal compromiso que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan.

A pesar de la crisis agobiante del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se negó hoy a renunciar ante la Junta de Fiscales Supremos, confirmó el fiscal Tomás Gálvez.

Gálvez informó que, en la sesión de hoy, cuatro de los fiscales supremos le solicitaron a Chávarry dejar el cargo como una válvula de escape para la fuerte crisis institucional.

Chávarry dijo que evaluaría el tema y daría una respuesta más adelante.

En la víspera de Año Nuevo, el fiscal de la Nación anunció que retiraba su confianza a Vela y Pérez Gómez, lo que suscitó una ola de indignación. Al día siguiente, los fiscales anunciaron que impugnarán la resolución de Chávarry ante la Junta de Fiscales Supremos, que fue presentada formalmente este miércoles.

Indicó que ve «con mucha pena» lo que está sucediendo en el país, luego de la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para remover a estos magistrados de sus puestos a pocas horas de la celebración del Año Nuevo.

«Realmente lo que está sucediendo es indignante y es un tema que no se debe volver a repetir ni se debe dar, lamentablemente se está dando, entonces yo llamaría a la cordura y a tratar de buscar que las cosas se recompongan naturalmente y eso es algo que debería darse para el bien del país. Se debe reponer a los fiscales en sus lugares, en sus puestos», dijo.

En declaraciones efectuadas al momento de llegar en bicicleta a la sede de la Municipalidad de Lima, sostuvo que «no se puede cambiar, cuando se trata de gente que está haciendo un trabajo adecuado».

«Mi llamado es a la recomposición y que se pueda reponer a estos fiscales en el trabajo que venían realizando», explicó el burgomaestre capitalino.

Muñoz Wells llegó al municipio limeño a bordo de una bicicleta y dijo que desde su gestión promoverá un transporte sostenible y amigable para toda la población.

El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reemplazó a los Fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Ministerio Público encargado de la investigación del Caso Odebrecht.

En reemplazo de Vela fue designado el fiscal superior Frank Almanza Altamirano como coordinador del Equipo Especial, mientras que en reemplazo de José Domingo Pérez se nombró al fiscal provincial Marcial Páucar Chapa.

“He visto necesario dejar sin efecto la designación del fiscal Rafal Vela Barba y del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez y designar a Frank Robert Almanza Altamirano como fiscal superior coordinador del Equipo Especial de fiscales así como incorporar al Equipo Especial de fiscales al doctor Marcial Páucar Chapa, fiscal provincial titular penal de lima”, dijo.

Chávarry, acusado por fiscales del Callao de integrar la organización criminal los “Cuellos Blancos del Puerto”, dio a conocer la noticia acompañado de Almanza y de Páucar, en una comparecencia ante la prensa en la cual no aceptó ninguna pregunta.

Según informó, decidió relevar a los fiscales Vela y Pérez debido a que su actuación atenta contra el principio de la jerarquía institucional del Ministerio Público y contra la reserva de las investigaciones.

Explicó que, tras ser designado como miembro del Equipo Especial, Pérez Gómez apareció de forma reiterada en diversas entrevistas en medios de comunicación a cuestionar su elección como fiscal de la Nación.

Dijo que esa conducta afecta a su persona, a la autonomía del Ministerio Público, y además ha ocasionado que diversos sectores de la sociedad y autoridades de poderes del Estado cuestionen su trabajo al frente de la Fiscalía.

Asimismo, mencionó que personalmente pidió a Vela Barba informes sobre el proceder de Pérez, así como información sobre el estado de las investigaciones a su cargo, los cuales no fueron atendidos.

Por el contrario, cuestionó que Vela calificara esos pedidos como actos de hostilización hacia los miembros del Equipo Especial.

Además, manifestó que existe una sobreexposición del fiscal Pérez Gómez en los medios de comunicación y una violación al principio de la reserva, pues muchos de los datos de las investigaciones, han aparecido en los medios de comunicación.

“Lo que evidencia aún más la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las funciones del equipo especial”, manifestó.

El fiscal de la Nación adelantó también que hará público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, dado que, según dijo, el 60% de la ciudadanía desea conocerlo.

“El Ministerio Público no cejará, seguirá trabajando y reiterarles que nuestra lucha contra la corrupción será implacable, duela a quien le duela y caiga quien caiga”, concluyó antes de retirarse sin responder preguntas.

Mediante resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la prórroga se inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

También se aprobó la prórroga para 6 plazas de Fiscales Adjuntos Superiores Transitorios para la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada, el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada y 91 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales Transitorios para dicho Pool.

Del mismo modo, se prorrogó la vigencia de 3 Fiscalías Provinciales con carácter transitorio, 4 plazas de Fiscales Provinciales y 66 plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, todas creadas con carácter transitorio para las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y Contra la Criminalidad Organizada.

De esta manera, Rafael Vela seguirá como jefe del Equipo Especial de Fiscales que investiga la ruta de los sobornos entregados por constructoras brasileñas a políticos, funcionarios y empresarios peruanos a cambio de adjudicaciones de obras.

En tanto, José Domingo Pérez, seguirá siendo miembro del equipo especial del caso Lava Jato, a cargo de los casos del expresidente Alan García y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Las resoluciones fueron rubricadas por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

FUENTE: ANDINA

“[Espero que esta carta] sirva para expresar mis sinceras e incondicionales disculpas por unas expresiones vertidas en el contexto de la entrevista realizada el 7 de noviembre pasado”, indicó en una carta dirigida a la decana del CAL, María Elena Portocarrero Zamora.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, expresó hoy sus disculpas públicas al Colegio de Abogados de Lima (CAL), debido a sus declaraciones públicas en una entrevista televisiva.

“[Espero que esta carta] sirva para expresar mis sinceras e incondicionales disculpas por unas expresiones vertidas en el contexto de la entrevista realizada el 7 de noviembre pasado”, indicó en una carta dirigida a la decana del CAL, María Elena Portocarrero Zamora.

En entrevista en Canal N, el legislador hizo una autocrítica y aseguró que su bancada desperdició una «oportunidad de oro» de realizar las reformas necesarias para el país por una constante actitud de «confrontación» con el Ejecutivo.

«El Poder Legislativo existe para apoyar al Poder Ejecutivo. Se puede ser oposición y decir ‘no me parece esto ¿Qué te parece si lo llevamos a cabo de una manera que a ambos nos guste y beneficio al pueblo peruano?’ No siento que haya sido así», indicó Petrozzi.

El parlamentario también criticó el «evidente sesgo» de su ex bancada sobre el caso del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por lo que decidió «no seguir siendo parte de todo esto».

De otro lado, Francesco Petrozzi sorprendió al relatar una anécdota cuando felicitó en el Congreso de la República la designación del ex ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos.

El congresista indicó que, luego de su intervención en el Parlamento, su bancada le envío «de inmediato» un mensaje diciéndole que Nieto había sido «un gran enemigo de su campaña» por lo que decidió no intervenir más por 6 meses.

«Me callé la boca 6 meses, no intervine nunca más en el Parlamento porque tenía miedo de que no les gustara lo que yo decía. No puedo seguir pensando en hablar lo que le guste a un sector y no decir lo que mi corazón de peruano, de artista, me dice lo que tengo que decir», alegó.

Petrozzi aclaró que empezó a mostrar una posición contraria a su bancada cuando decidió votar en contra de algunos proyectos de ley o simplemente retirarse a la hora de elegirse.

El legislador se refirió también a lo que él considera «Ley Fujimori», y criticó que esta no haya pasado por ninguna revisión por lo que afirmó que debe pasar por el trámite necesario como toda ley.

«Si yo no estoy de acuerdo tengo que votar en rojo, pero si yo no estaba de acuerdo, se te venían encima 60 personas. Tenía miedo porque, como lo dijo Úrsula Letona, les decisiones eran colegiadas, a pesar de que no los quería acompañar en algunas votaciones», puntualizó.