Lima, 17 de Agosto del 2022.- Como bien se sabe, la política ambiental del sector industrial manufacturero y comercio interno tiene como propósito esencial lograr que el desarrollo de esta actividad privilegie la prevención de la contaminación y la producción ambientalmente sostenible.

En línea con ello, y con la finalidad de promover un cuidado adecuado del medio ambiente y la salud humana, así como un incremento de la productividad y competitividad del sector, las empresas están obligadas a contar –antes de ejecutar un proyecto de inversión– con instrumentos de gestión ambiental preventivos (IGA), los que tienen carácter de declaración jurada, por lo que no debe perderse de vista todo lo que se afirme, declare e incluya en estos instrumentos técnicos, señala Alberto Ventura Rivas Plata, asociado de Miranda & Amado.

Cabe destacar que la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental representa un proceso a través del cual la autoridad competente confirma la viabilidad en términos ambientales de un proyecto de inversión específico.

El especialista comenta que las empresas que no cuentan con un IGA aprobado, pero vienen desarrollando actividades, o aun teniéndolo han realizado modificaciones que no han sido previamente evaluadas por la autoridad respectiva, deben aplicar a los IGA correctivos. Esto último a fin de “regularizar” sus actividades y tener cuidado con las actividades de fiscalización ambiental liderados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, que es competente para fiscalizar al sector de la industria manufacturera desde el año 2013 con transferencias progresivas.

Estos IGA correctivos, en el caso de la industria manufacturera, se denominan Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para el caso de proyectos con impactos relevantes; y, Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), para el caso de proyectos con impactos ambientales leves.

Consideraciones

Pero ¿qué tomar en cuenta para presentar el PAMA y la DAA? En primer lugar, señala Ventura, las empresas deben tener presente los plazos máximos que estuvieron y/o están habilitados para poder acogerse a la presentación de los IGA correctivos. En segundo lugar, saber que es importante que el plazo máximo general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental (luego de aprobado el IGA correctivo, según sea el caso) es de un año máximo para la DAA y de hasta 5 años para el PAMA.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que, se tiene que considerar que la aprobación de la DAA o el PAMA no exonera al titular de la industria manufacturera de cumplir con otras obligaciones de carácter ambiental, u obtener otras licencias, permisos o autorizaciones, entre otros que pudieran ser exigibles por la legislación vigente para el desarrollo de la actividad, según sea el caso. “Esto es algo que resulta aplicable y es recurrente en varios sectores no solamente en la industria manufacturera”, acota.

Plazos de adecuación

Respecto a los plazos de adecuación, el abogado recordó que en el 2015 se aprobó el Decreto Supremo (DS) 017-2015-Produce. Este reglamento, actualmente vigente (aunque con algunas modificaciones), contempló un plazo de tres años desde la vigencia de este instrumento para que aquellos titulares con proyectos en curso se puedan adecuar. Un punto importante, es que este mismo instrumento señaló que estos IGA correctivos -ya sea para solicitar la DAA o el PAMA, tenían que presentarse y sustentarse en las metodologías que apruebe el Produce.

Asimismo, indica que, a través del DS 006-2019-Produce, se establecieron nuevos plazos de adecuación prorrogados. Uno de ellos ya venció el 28 de junio del 2021 para presentar las DAA y todavía se tiene hasta el 29 de junio del 2023 para presentar los PAMA, es decir, para aquellas actividades con impactos ambientales relevantes que desean regularizar su situación.

Esta prórroga, afirma Ventura, responde a que, pese a la existencia de un reglamento ambiental sectorial con plazos definidos (y hasta prorrogados previamente), el sector Producción identificó que el 90% de los titulares que debían adecuar sus proyectos no lo hicieron. Siendo esto así, teniendo en cuenta que este sector promueve y fomenta la actividad empresarial a diferentes escalas, se optó por establecer un periodo de adecuación mayor.

Además, sostiene que muchas veces por desconocimiento o confusión (ante los plazos presentados y aprobados por el Produce), muchas empresas de la industria manufacturera no cuentan con el IGA aprobado o no actualizan el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del IGA existente.

Finalmente, menciona que el DS 006-2019, que amplió los plazos de adecuación por última vez en este sector, hizo una incorporación interesante y señaló que la autoridad ambiental de fiscalización puede -en el ejercicio de sus funciones- ordenar al titular de la industria manufacturera que presente IGAS correctivos, así no lo hayan hecho dentro del plazo debido o previamente regulado. “Esta es una situación sui géneris, porque si bien se está fuera de plazo, el DS da la potestad a la OEFA de ordenar a través de una medida administrativa que el titular presente un IGA correctivo”, asevera. Si bien lo que se busca no es ser sancionado, esta potestad del OEFA podría ser una interesante salida para que los administrados que estén en dicho supuesto puedan “regularizar” su situación presentando un IGA correctivo si la autoridad lo requiere y evitaría que se queden una condición “irregular” de manera indefinida, estando expuestos a multas de manera recurrente.

Lima, 15 de Marzo del 2022.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) notificó a Repsol el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador por la supuesta remisión de información falsa en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales como consecuencia del Derrame de Petróleo del pasado 15 de Enero en Ventanilla.

En el referido reporte, Refinería La Pampilla S.A.A. (Repsol) informó al OEFA sobre un derrame de 0.16 barriles de petróleo que afectó un área de 2.5 mt2. A la fecha, se ha podido constatar que el derrame ha superado los 10 mil barriles de petróleo y el área afectada alcanza una extensión de 11 061 hectáreas.

La multa que correspondería aplicar por este tipo de infracciones administrativas alcanza hasta 1000 UIT, equivalente a 4 millones 600 mil soles.

Hasta la fecha el OEFA ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra Refinería La Pampilla S.A.A. (Repsol), cuyas multas podrían superar los 59 millones de soles, por las infracciones que se detallan a continuación:

1. Incumplimiento de la medida administrativa de identificación de zonas afectadas por el derrame, cuya multa va hasta 4000 UIT (18 millones 400 mil soles).

2. Incumplimiento de la medida administrativa de limpieza de todas las zonas afectadas 4000 UIT (18 millones 400 mil soles).

3. Incumplimiento de la medida administrativa de contención y recuperación del hidrocarburo, cuya multa va hasta 4000 UIT (18 millones 400 mil soles).

4. Presentación de información falsa en el Reporte de Emergencias Ambientales, cuya multa va hasta 1000 UIT (4 millones 600 mil soles).

El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental adscrita al Ministerio del Ambiente, reafirmó su compromiso de continuar realizando supervisiones diariamente e imponer las sanciones respectivas al detectar incumplimientos por parte de Repsol.

Dato

Procedimiento administrativo sancionador: procedimiento para determinar si existe responsabilidad administrativa por el incumplimiento de una obligación ambiental fiscalizable a cargo del administrado, cuya consecuencia es la imposición de una sanción.

Lima, 11 de Marzo del 2022.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que ha levantado la paralización temporal de las actividades de carga y descarga del Terminal Multiboya 1 de Refinería La Pampilla, de Repsol.

En un comunicado emitido esta noche, la OEFA explicó que adoptó la decisión al verificar que Repsol cumplió con presentar el Plan de Gestión ante Derrames de Hidrocarburos en Mar y el informe técnico -emitido por una entidad especializada- en el cual se evidencie la integridad de sus instalaciones operativas.

No obstante, las actividades de carga y descarga de hidrocarburo en los terminales multiboyas 2 y 3 y monoboya T-4 continúan paralizadas hasta que la empresa acredite el cumplimiento de las dos condiciones exigidas por el OEFA (plan de gestión e informe técnico).

El 31 de enero último las autoridades peruanas ordenaron la paralización temporal de las actividades de carga y descarga de hidrocarburos u otros productos en los terminales multiboyas 1, 2 y 3, así como en el terminal monoboya T-4, de Refinería La Pampilla, debido a que Repsol no había logrado detener el desplazamiento del petróleo derramado el 15 y 24 de enero.

La medida de paralización temporal buscaba asegurar que, ante la ocurrencia de una nueva situación de emergencia, la empresa pueda controlarla en el menor tiempo posible.

La OEFA también informó que, en el marco de la revisión del informe técnico presentado por Repsol, ha trasladado las observaciones a Osinergmin para que, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones que correspondan.

Por último, indica el comunicado, la OEFA, en el marco del proceso de supervisión ambiental, podrá dictar medidas administrativas adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de la empresa supervisada.

Así lo dio a conocer su gerente general, Michael Spoor, quien explicó que la DFAI declaró fundado en este extremo el Recurso de Reconsideración presentado, resolviendo que nuestra empresa se encuentra en trámite de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), ante el Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), autoridad competente de acuerdo a ley.

Michael Spoor precisó que esta decisión reciente de OEFA, así como la resolución emitida por el Viceministerio de Agricultura y Riego, máxima autoridad del sector agrario en materia ambiental, confirman que Ocho Sur se encuentra en cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, mientras culmina de tramitar su Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA).

El Compromiso de Ocho Sur

“En Ocho Sur estamos empeñados en desarrollar una industria de la palma aceitera sostenible, que respete el medio ambiente, las leyes y promueva la formalidad. Desde que se constituyó Ocho Sur y adquirió sus fundos en el año 2016, no hemos expandido una sola hectárea de palma aceitera” señaló Spoor.

Agregó que la empresa, además, tiene una muy buena relación con las 23 comunidades y centros poblados que rodean sus plantaciones, y que, con más de US$ 140 millones de dólares invertidos en Ucayali, Ocho Sur es el mayor empleador formal de la región con aproximadamente 1,700 empleos directos y un eje fundamental del desarrollo económico y social.

Palmicultura nunca ha sido una amenaza

“Somos conscientes de las grandes necesidades y retos de la gente de nuestra región ucayalina y estamos convencidos que sólo con inversión privada formal y responsable, se puede combatir la pobreza y beneficiar a la Amazonía peruana”, enfatizó el gerente general de Ocho Sur.

En ese contexto, remarcó que según cifras de JUNPALMA las hectáreas sembradas con palma aceitera en el Perú, representan el 0.01% del área total de nuestra Amazonía y sólo el 6% del total de hectáreas que están cultivadas con cacao, café, arroz y otros cultivos en la selva peruana.

“En este marco, podemos afirmar que la palmicultura nunca ha sido una amenaza para los bosques amazónicos, tal como algunos actores interesados están tratando de hacer creer a la opinión pública”, indicó finalmente Michael Spoor.

Especialistas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constataron que no hubo un derrame de relaves hacia la zona del túnel R1, en el anexo de Tala, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, informó la entidad.

Los supervisores del OEFA verificaron que el canal de concreto de la unidad minera que conducía relaves no se vio afectado. Sin embargo, se constató arrastre de material sólido con dirección a la quebrada Charaque.

Especialistas del OEFA tomaron muestras para verificar si se produjo contaminación.

El OEFA agregó que los expertos recabaron, en el marco de las acciones de supervisión que realizan a la unidad minera Cuajone, de Southern Copper Corporation, diversas muestras de sedimento para determinar el contenido de dicho material.

El fin de semana el OEFA informó que inició una supervisión de un discurrimiento de una solución verdosa, que se dirigía desde el depósito de desmonte de la unidad minera Cuajone, de Southern Copper Corporation, al río Torata.

Agregó que, de acuerdo al reporte preliminar presentado por la empresa, la emergencia ambiental habría ocurrido por la precipitación pluvial extrema presentada en Moquegua y ante ello, activaron el Plan de Contingencias de la unidad minera.

Entre los departamentos con mayor presencia de botaderos se encuentran Áncash (149), Cajamarca (123) y Puno (111) y entre los departamentos con mayor extensión de áreas afectadas por botaderos se encuentran Lambayeque (438 ha), Ica (276 ha) y Piura (201 ha).

Así lo revela el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), en concordancia con el Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Esto comprende la identificación y categorización de las áreas degradadas por residuos sólidos municipales (botaderos), con la finalidad de brindar información sobre las características de los mismos y categorizar los que deben ser recuperados y los que deben ser reconvertidos en rellenos sanitarios.

El reporte incluye que 1 558 de esos botaderos han sido categorizados como áreas a ser recuperadas. De acuerdo con la normativa, estas últimas deben ser clausuradas e iniciar un proceso de recuperación en la zona en la que se encuentran, debido al impacto ambiental y social que generan.

Sobre la base de lo identificado por el OEFA, las municipalidades que cuentan con botaderos a ser reconvertidos deben presentar sus Programas de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, a la autoridad competente, en un plazo de ocho meses. En tanto, las municipalidades que cuentan con botaderos a ser recuperados deben presentar sus Planes de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en un plazo de dos años, de aprobadas las guías para su elaboración.

Para mayor información sobre las áreas degradadas identificadas, el OEFA pone a disposición de la ciudadanía dicho inventario en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA), donde el usuario encontrará un mapa interactivo de áreas degradadas por residuos sólidos municipales. En este gráfico podrá explorar la información de su distrito, provincia o departamento; y contar con estadísticas sobre esta problemática, data sobre hectáreas afectadas por los botaderos, quema de residuos, reciclaje informal, tipos de residuos dispuestos y fotografías, entre otros recursos informativos.

Se trata de la multa más alta impuesta hasta la fecha por el OEFA, contra la que cabe que Petroperú interponga un recurso de reconsideración o apelación dentro de los 15 días de notificada la resolución de sanción.

La autoridad de fiscalización ambiental sancionó a Petroperú por el incumplimiento del compromiso establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) referido a realizar las acciones de mantenimiento del Oleoducto, generándose dos derrames que causaron daño real a la flora, fauna y a la vida o salud humana.

Asimismo, en ambos derrames se sancionó a Petroperú por no adoptar acciones inmediatas de acuerdo a su Plan de Contingencia para evitar que el hidrocarburo siga discurriendo y migrando a otros lugares.

La multa reconoce que el incumplimiento de los compromisos ambientales afectó la provisión de determinados servicios ecosistémicos brindados por las áreas impactadas por los derrames, generando, en consecuencia, daños a la salud de las personas.

El procedimiento administrativo sancionador que se siguió contraPetroperú contó con la participación, como terceros con legítimo interés, de Wrays Pérez Ramírez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, y de las ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads).

OEFA informa que, en un procedimiento diferente, se ha ordenado a Petroperú ejecutar acciones de limpieza y rehabilitación ambiental en las áreas impactadas por los derrames, lo que viene siendo objeto de verificación.

La OEFA constató que la poza de sedimentación y la poza de eventos del Depósito de Relaves Chinchán no tiene un detector de fugas, poniendo en riesgo la calidad del suelo y agua subterránea de la zona. Así, ordenó a la empresa retirar el agua de la poza de eventos e impedir que las aguas residuales industriales circulen hasta dicho punto.

También comprobó que la poza de colección de aguas fluviales del Depósito de Relaves Triana se estaba desmantelando y sin ningún otro sistema de contingencia similar ante las lluvias, por lo que hay un riesgo de impacto negativo a las aguas de los ríos Aruni y Rímac.

En caso de que no se cumpla con las medidas, se efectuarán acciones penales.

La población del valle de Tambo participó del monitoreo ambiental en las actividades de medición y levantamiento de muestras de agua, suelo, aire, flora y fauna, tal como lo señala la Ley General del Ambiente que establece la participación ciudadana en la fiscalización ambiental.

El especialista ambiental de la Oficina Desconcentrada de Arequipa del OEFA, Paul Picardo, precisó que el levantamiento de muestras se realizó hace unas semanas en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia e Islay.

Esta labor estuvo a cargo de especialistas del OEFA, quienes junto a pobladores de la zona que fue especialmente asignada para esta labor, recogieron durante diez días las muestras en cuatro distritos de la provincia de Islay.

Las muestras recogidas durante el monitoreo ambiental participativo son analizadas en los laboratorios del OEFA, cuyos resultados se conocerán en agosto próximo.

Paul Picardo informó que el monitoreo ambiental participativo en el valle de Tambo se realizó a solicitud de la población del lugar, quienes están interesados en conocer la calidad ambiental de la provincia de Islay, donde se tiene previsto desarrollar el proyecto Tía María, actualmente paralizado, acotó.

Como se sabe en el valle de Tambo se encuentra el proyecto Tía María, cuyo inicio de actividades fue paralizado debido a las observaciones formuladas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y al conflicto generado en torno al tema.

En otro momento, Paul Picardo se refirió al trabajo que desarrolla la Oficina Desconcentrada del OEFA en Arequipa, entidad que ha concluido 205 procesos administrativos sancionadores e impuesto multas que superan los 10 millones 800,000 soles.

Asimismo, dijo que desde el iniciaron de sus actividades en la región Arequipa realizan visitas de supervisión a empresas mineras, es así que en 2014 visitaron 62 entidades; en 2015 unas 79; y el año pasado 284.

“OEFA está trabajando en la mejora del reglamento de supervisión ambiental, la que sin duda estará lista en el primer semestre del 2017. Como todo reglamento, este tendrá las directrices sobre las cuales se van hacer los procesos para llevar a cabo las acciones de supervisión”, explicó.

En esa línea, la ministra dijo que se necesitaba un reglamento “mucho más preciso” en los procesos (de evaluación ambiental) y también en la aplicación de estos de parte de los supervisores.

Ante lo cual, aclaró que a través de este nuevo reglamento se van aclarar algunas cosas que parecían “confusas”.

“Nuestro enfoque es de prevención, pero también es un enfoque que vea claramente que los procesos están bien delimitados tanto para el que supervisa como para el supervisado, de tal manera que no se generen malos entendidos con los administrados. Lo que queremos es mucha transparencia”, puntualizó.

Explicó que dicho derrame ocurrió el pasado 26 de marzo en el distrito de Chachas, provincia de Castilla en Arequipa.

Precisó que realizó un monitoreo de calidad de agua, sedimento y recursos hidrobiológicos en el río Molloco (el cual recibe el agua del río Cacamayo) y sus afluentes, a fin de realizar un diagnóstico ambiental en la zona donde ocurrió el derrame.

El personal del OEFA que permanece en la zona verificó que la empresa Buenaventura continúa con las acciones de recojo de relave dispuesto en el cauce de los ríos Colpamayo y Sillque. Asimismo, el OEFA constató la construcción de un nuevo dique de contingencia.

Adicionalmente, el pasado 5 de abril, el OEFA, mediante una resolución directoral, ordenó principalmente, a la Compañía de Minas Buenaventura, como Mandato de Carácter Particular, precisar las labores que efectuará en la etapa de remediación y presentar semanalmente el avance de la ejecución de su Plan de Acción frente a la emergencia ambiental.

El OEFA dijo que analiza la información presentada por Buenaventura, la cual será verificada en las próximas acciones de supervisión, a fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el derecho de todo ciudadano a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La incorporación de la PFLGN en este Registro de Buenas Prácticas Ambientales se otorga como certificación de las supervisiones realizadas por el OEFA, a dicha operación de Pluspetrol, en las que se evidencia la inexistencia de procesos que pudieran afectar al medio ambiente.

Las supervisiones realizadas por OEFA incluyeron los diversos procesos y sus medidas de manejo ambiental y social implementadas en la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pluspetrol (PFLGN), entre los que figuran aspectos como manejo de residuos, almacenamiento de productos químicos y combustibles, calidad y reuso de efluentes domésticos, calidad de suelo, monitoreos ambientales como el que se realiza en el ámbito marino-costero, entre otros.

Con el Registro de Buenas Prácticas Ambientales concedido por el OEFA, Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, reafirma su compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo social y económico de la provincia de Pisco y distritos aledaños, zonas para las que ha destinado una inversión de más de 100 millones de soles en programas de contribución social y convenios institucionales.

La PFLGN, que opera en la provincia de Pisco desde el 2004, procesa más de 100 mil barriles de Líquidos de Gas Natural, obteniendo productos de calidad comercial, como GLP, nafta y diesel para despacharlos al mercado a través de buques y/o camiones cisterna.

De esta manera, la compañía minera Antapaccay fue reconocida por las siguientes prácticas ambientales:

Medidas de eficiencia energética para la reducción de carbono equivalente

Esta iniciativa busca el uso eficiente de la energía en los campamentos y la reducción de costos a través  de la implementación de algunas medidas como: cambio de focos convencionales por focos ahorradores, implementación de iluminación LEDS e instalación de sensores de movimiento en los edificios del campamento, lo que ayuda a disminuir la generación indirecta de gases de efecto invernadero.

Forestación en pequeña escala para la captura de carbono equivalente en áreas libres de la operación

Tiene como objetivo compensar los gases de efecto invernadero que generan en sus procesos a través de actividades forestales como: realización de un estudio de factibilidad, plan de manejo forestal, desarrollo de campañas en áreas libres con árboles nativos, estudios de captura de carbono, sobrevivencia de especies forestales, así como la implementación del vivero invernadero Sacha Wasi.

Estas iniciativas que fueron premiadas por el OEFA cumplieron con los criterios de evaluación establecidos que consideraban, entre otras cosas, la reducción de contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales más allá de lo que establecen las normativas vigentes.

“Este tipo de reconocimientos nos incentiva a seguir implementando prácticas eficientes a favor del medioambiente y a seguir buscando mejoras en este aspecto para el desarrollo responsable de la minería», afirmó el Ing. Antonio Helfer, gerente de HSEC de Antapaccay, quien recibió la condecoración.

Al evento asistieron los principales funcionarios del OEFA, importantes empresas de los sectores minero, pesquero, energético, entre otros, así como representantes de diversas instituciones comprometidas con el medioambiente