Desde el Colectivo PAS – País Seguro, expresamos nuestra profunda preocupación por las decisiones que se han tomado en torno a este cargo, que es estratégico para definir la política pública destinada a enfrentar el problema de la minería informal e ilegal en el Perú. Más allá de cualquier consideración individual, instamos al Estado a mostrar firmeza en su posición frente a la que hoy es la principal economía ilícita, con políticas y nombramientos que garanticen coherencia, idoneidad y credibilidad.

Reafirmamos que acabar con la minería ilegal exige decisiones institucionales firmes y coherentes. La formalización debe basarse en principios claros: cumplimiento efectivo de requisitos sociales y ambientales, trazabilidad, responsabilidad jurídica. Sin una reforma profunda del sistema de formalización, el país seguirá atrapado en un ciclo que permite que la informalidad alimente la ilegalidad y socave el Estado de derecho.

Lima, 29 de octubre de 2025.-  Se debe establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro, que garantice la certificación del producto desde su extracción hasta su comercialización, así lo planteó el presidente de Compañías de Minas Buenaventura, Roque Benavides.

La importancia radica en que, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la mayor parte de la actividad minera formal está vinculada al oro. A agosto de este año, de 514 titulares mineros que reportaron operaciones en general, 273 empresas realizan actividades relacionadas al oro, cifra superior a las 56 compañías vinculadas al cobre, y en menor medida al zinc, plata, plomo, hierro, molibdeno, etc. Esto sumado a la cotización internacional del oro que rompió la barrera de los US$4,000 por onza pronosticados recién para el cierre de este año.

Origen dudoso y debilitamiento

Para el empresario es necesario fortalecer la trazabilidad de la producción aurífera nacional en las plantas procesadoras, pues existe el riesgo que con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sumado al vacío normativo existente algunas plantas en el país se hayan convertido en un canal para legalizar ese mineral de origen ilícito.

“En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, comentó el ejecutivo en el diario Gestión.

Ese temor latente sobre las plantas de procesamiento constituye un eslabón débil en la lucha contra la minería ilegal, pues su debilitamiento se concretaría si la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprueba el proyecto de ley que busca ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 2026. 

Cabe precisar que otra advertencia que trae consigo la extensión del Reinfo es que se dejaría sin efecto la exclusión de más de 50,000 mineros que no cumplieron con los requisitos para su formalización, pues ello abriría nuevamente la puerta a las casi 6,000 plantas de beneficio que les prestaban servicio en instalaciones sin mayor control y sin determinar si el oro acopiado tenía procedencia formal o ilegal.

El cruce de datos sobre los 1174 mineros registrados en Pataz permitió identificar que el 26.7% están afiliados a Alianza para el Progreso (APP), seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). Estas agrupaciones concentran buena parte del poder político en una zona marcada por la minería informal, la violencia y el tráfico de oro.

Uno de los casos más representativos es el de Octavio Rabanal, exasesor del entonces gobernador regional de APP, Luis Valdez. En paralelo a sus funciones públicas, solicitó y obtuvo una concesión de 500 hectáreas en Tayabamba, trámite que fue aprobado de manera exprés y firmado por un funcionario ligado al actual ministro de Transportes. Hoy, Rabanal figura en el REINFO y su empresa tiene luz verde para operar.

Otro nombre ligado a APP es el de Justo Antenor Villalobos, quien movilizó más de 800 toneladas de mineral, valorizadas en más de 3.8 millones de dólares en oro solo entre enero y agosto de 2024, utilizando sus volquetes registrados.

Además de su peso político, muchos de estos mineros arrastran deudas millonarias con el Estado. En esa línea, se detectó casi 10 millones de soles en deuda coactiva entre personas y empresas de la zona con REINFO activo. Entre los principales deudores figuran:

• AQUAFAUNA PERÚ S.A.C. – S/ 3,832,430
• Villalobos Salirrosas – S/ 2,506,270
• Inversiones Isabel Lubra E.I.R.L. – S/ 1,261,717

“Estos deudores no deberían formar parte del REINFO”, advirtió el abogado ambientalista Helmut Olivera, señalando la contradicción entre las normas vigentes y su aplicación en campo.

El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, ahora líder de Un Camino Diferente, ha cobrado fuerza en Pataz. A pesar de haber sido vacado por difamación y entregado a la justicia en marzo, su agrupación – inscrita en abril – ya es la segunda con más mineros afiliados en esta convulsa región. Su discurso polarizante incluye propuestas como el indulto a exgobernadores presos y el uso de “reservistas” para recuperar el orden en la zona.

Bicentenario La Libertad, Somos Perú y Podemos Perú también tienen presencia minera. En el caso de Somos Perú, su precandidato Juan Carlos La Rosa Toro, exalcalde por tres periodos, mantiene su registro en el REINFO. Mientras que en Podemos Perú, destacan dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA PATAZ), como José Torrealva, cuyo transporte habría movilizado cerca de 4 millones de dólares en mineral en 2024.

La relación entre minería informal y poder político en Pataz revela una fórmula conocida: concesiones rápidas, deudas impagas y estructuras partidarias que se entrelazan con actividades irregulares, generando un complejo entramado que compromete tanto la legalidad como la gobernabilidad en una de las zonas auríferas más conflictivas del país.

El MINEM, a través de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), asumirá la rectoría del proceso de formalización —antes en manos de los Gobiernos Regionales— y liderará la implementación del nuevo Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), una herramienta tecnológica que permitirá supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos y productos fiscalizados mediante imágenes satelitales y vigilancia ambiental.

En cuanto a la herencia, el decreto aclara que la continuidad del proceso de formalización en caso de fallecimiento del titular puede darse, pero no como un derecho hereditario automático, sino bajo normas ya establecidas, como las contenidas en el Decreto Supremo N.º 018-2017-EM. En estos casos, se exige que los herederos constituyan una persona jurídica que asuma la responsabilidad ambiental y legal del proceso. Esta figura responde a principios ambientales que exigen que quien genera un impacto asuma los costos de mitigación y remediación.

Además, se confirmó que el REINFO tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, con una prórroga única posible hasta el 31 de diciembre del mismo año. En paralelo, ya se ha iniciado un proceso de depuración de registros, comenzando por los distritos de la provincia de Pataz en estado de emergencia.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca corregir los vacíos del sistema anterior, reforzar el control ambiental y garantizar que la formalización minera no sirva de fachada para actividades ilegales.

“En 2026 ya no habrá REINFO. En ese año vamos a tener la nueva Ley MAPE que va a legislar el nuevo proceso para ejercer la práctica formal de la pequeña minería y minería artesanal”, afirmó. Cabe mencionar que el ministro entregó a la Comisión un informe con 15 recomendaciones para tenerla en cuenta en el debate de la Ley MAPE.

Montero remarcó que el objetivo actual es lograr la formalización del mayor número de REINFO vigentes. Para ello, explicó que el Ministerio ha asumido la rectoría del proceso de formalización, que anteriormente estuvo en manos de los gobiernos regionales.

“Para iniciar un nuevo proceso de formalización y diferente, necesitamos separar el trigo de la paja. Para eso debemos depurar el REINFO. Hemos normado que los REINFO suspendidos, que son más de 60 mil, tienen un tiempo de 45 días calendario para superar su condición de suspendidos y poder hacerse vigentes”.

Condiciones para volver a estar vigente:

Declaración de producción semestral
Instrumento de gestión ambiental
RUC de tercera categoría
Autorización para uso de materiales explosivos y peligrosos

“Es una señal clara que este proceso de formalización no motiva al productor a seguir su formalización”, comentó Montero sobre los más de 60 mil registros suspendidos.

Además, anunció que se establecerán nuevas reglas en la comercialización de oro, señalando que las empresas estarán obligadas a reportar su producción.

Finalmente, indicó que el proceso de formalización va de la mano con las acciones del Ejecutivo para enfrentar la minería ilegal:

“Con el proceso de formalización y las acciones, de alguna manera ayudamos a luchar contra la minería ilegal”.

Según Montero, esta norma establece la creación de un nuevo sistema interoperable que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objetivo de lograr una formalización minera rápida, eficaz y basada en incentivos reales.

“Es una ley que ustedes nos dieron el 27 de diciembre del año pasado. Y en esa norma que ustedes nos dieron ordenan tres cosas. Primero, la puesta en marcha de un sistema interoperable que reemplace, digamos, en sus efectos, reemplace al Reinfo”, detalló.

Este nuevo sistema busca corregir las limitaciones del Reinfo reemplazándolo por una plataforma que permita una verdadera formalización de los mineros que están en proceso, eliminando la carga burocrática y facilitando su integración a la economía formal.

“Un sistema interoperable que permita una formalización de los mineros que están en proceso de formalización, permita ser rápida y eficaz. No puede ser una formalización de papeles, tiene que ser una formalización de incentivos. Si no, nadie se va a formalizar”, remarcó.

Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Según la norma se crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal.

El Minem implementa este sistema en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley. El sistema deberá ser interoperable e interconectado entre las entidades del Estado para facilitar la identificación de incumplimientos y asegurar la formalización efectiva de las actividades que regula el objeto de la presente ley.

Asimismo, las plantas de procesamiento deben inscribirse en el registro de trazabilidad y están sujetas a control operativo bajo el SIPMMA, con el soporte de tecnología GPS como herramienta clave para verificar las operaciones y prevenir desviaciones.

Incentivos para formalización

El titular explicó que el enfoque se basa en tres ejes de incentivo que estarán directamente articulados a este nuevo sistema el cual es: acceso a financiamiento preferente, asistencia técnica enfocada exclusivamente en mejorar la recuperación y, contar con un modelo de comercialización formal, justo y directo, sin intermediarios informales ni criminales.

“Lo que necesitamos es una formalidad motivada, gatillada por los incentivos”, refirió.

Agregó que el nuevo sistema interoperable, acompañado por estos incentivos, será operado a través del fondo minero, cuya función será implementar y sostener el proceso de formalización con apoyo técnico y financiero.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la decisión busca retomar el control del territorio, garantizar la seguridad ciudadana y cortar los nexos entre criminalidad organizada y operaciones mineras informales.

Además de la revocatoria masiva de Reinfos, el decreto dispone la creación de un sistema piloto de trazabilidad del oro, que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como de un sistema de monitoreo satelital de transporte de mercancías, bajo responsabilidad de la Sutran. Ambos mecanismos permitirán detectar desvíos de insumos químicos, explosivos, maquinaria y oro extraído de forma ilegal.

Como parte de las acciones en campo, se han instalado tres puestos de control en los accesos a la zona aurífera de Pataz. En ellos participan representantes del Minem, Sutran, Sunat, Ministerio Público y Sucamec, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, coordinados por el Comando Unificado de Pataz.

Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado una transferencia presupuestal de S/ 52.6 millones para financiar la implementación de estas medidas, el mayor monto destinado hasta ahora por el Estado para enfrentar la minería ilegal en esta región del país.

Lima, 05 de Mayo del 2025.- Los recientes asesinatos y los Múltiples atentados contra las operaciones de minería formal evidencian claramente los peligros de la minería ilegal y los enormes desafíos del programa de formalización minera, que tiene al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal instrumento de acción. En los últimos años, esta actividad ha generado una escalada de violencia, así como daños significativos sobre la salud pública y el medio ambiente.

Tamaño del problema

En 2024, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de US$7,415 millones, un 54% más que en 2023. Este crecimiento ha sido impulsado por la alza del precio internacional del oro —que subió casi 70% en cinco años y superó los US$3,000 por onza— y por la falta de control estatal. Además, políticas como el Reinfo han otorgado una apariencia de legalidad a esta actividad ilegal, facilitando su expansión.

Perú es un jugador clave en el abastecimiento de oro ilegal en el mundo. Según un estudio del IPE, nuestro país explica el 44% de las exportaciones de América del Sur. En esta radiografía, los principales destinos se han ajustado en favor de mercados con menores exigencias: hace 10 años cerca del 75% de las exportaciones de oro tenían como destino Suiza, EE.UU. y Canadá. Ahora, cerca del 40% de los envíos se dirigen hacia India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con menores exigencias sobre el origen de los productos.

Efectos de la actividad ilegal

La expansión de la minería ilegal refuerza la presencia del crimen organizado y el impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios. Por ejemplo, el número de homicidios por cada 100 mil habitantes en el Perú pasó de 3,5 a 6,0 entre 2019 y 2024, registrando un incremento de +2,5. En regiones con alta presencia de esta economía ilegal el incremento fue mayor: Madre de Dios (+6.5) y La Libertad (+6.1). Por su parte, en línea con el alza de las actividades delictivas, las denuncias por extorsión a nivel nacional se multiplicaron por cuatro en el mismo período, siendo La Libertad la región con mayor registro, con 250 por cada 100 mil habitantes, cinco veces el promedio nacional.

La actividad minera ilegal también tiene impactos significativos en el medio ambiente. Por ejemplo, entre 2021 y 2024, la deforestación atribuida a esta actividad ilegal alcanzó casi 31 mil hectáreas (equivalentes a 43 mil canchas de fútbol), según estimaciones del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP). Así, la minería ilegal genera efectos perjudiciales sobre el desarrollo de las actividades económicas, compromete la seguridad pública y deteriora la disponibilidad de recursos naturales.

Baja priorización desde el Estado

Además, las estadísticas oficiales no reflejan con precisión la situación real de la minería ilegal. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de oro en Madre de Dios se redujo 84% entre 2019 y 2024. Gran parte de dicha caída estaría asociada con la Operación Mercurio. Sin embargo, varios estudios de la Unión Americana de Geofísica y MAAP muestran la apertura de nuevos centros de explotación, visibles mediante imágenes satelitales.

El consumo atípico de combustibles en zonas como Madre de Dios refleja el repunte de la minería ilegal y de otros ilícitos, que se ven impulsados por beneficios tributarios. En 2024, se consumieron casi 50 galones mensuales de combustible por persona en la región, más de cinco veces el promedio nacional (9 galones mensuales por persona). Dicho insumo es clave para la extracción de oro en zonas aisladas y su demanda se ha incrementado en 60% en los últimos cinco años ante el mayor precio del metal y el debilitamiento de las medidas de lucha contra esta actividad desde la pandemia. Peor aún, la comercialización de combustibles en Madre de Dios (y en otras zonas de la Amazonía) se encuentra exenta del pago de IGV e ISC.

Pese a sus impactos negativos, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita han disminuido 37% en términos reales desde el 2019. El presupuesto del programa “Reducción de la minería ilegal” ascendió a S/ 89 millones en 2024, muy por debajo de los S/ 121 millones destinados en 2019. Así, de cada S/ 100 del presupuesto total asignado para orden público y seguridad, se gasta solo S/ 0.50 en combatir la mineria ilegal.

Una de las causas más importantes

Uno de los principales problemas de las políticas contra la minería ilegal radica en el Reinfo, que no solo no ha cumplido con su propósito, sino que se ha tornado contraproducente. El programa ha sido ampliado en cuatro ocasiones desde 2017. Además, el 76% de los 84,470 registros están suspendidos. Resulta especialmente preocupante que, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, los productores mineros en esta situación continúan siendo considerados por las autoridades como ‘informales’ y no ‘ilegales’, lo que les permite eludir las acciones de fiscalización.

Alternativas

Un estudio del IPE propone una estrategia general de combate a la minería ilegal. Dicho estudio recomienda el cierre del Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados. Por lo tanto, lejos de medidas improvisadas y populistas, es clave priorizar un enfoque firme y coordinado. Esto requiere del liderazgo conjunto del Ejecutivo y el Congreso para adoptar medidas que promuevan una formalización minera sostenible.

Además, el estudio subraya la necesidad de una política de trazabilidad integral que priorice la fiscalización en la cadena de suministro del oro, además de acciones de acompañamiento al proceso de formalización e inteligencia para un combate efectivo. Para ello, es fundamental reforzar la presencia del Estado en las zonas afectadas, asegurando que las instituciones competentes, como el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), asignen recursos significativos a la lucha contra la minería ilegal.

Para más detalles, otros informes previamente publicados son:

Estudio IPE “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal”

Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal

Informe IPE “Oro ilegal: exportaciones crecerían 41% este año”:

Oro ilegal: exportaciones crecerían 41% este año

Informe IPE “«Subsidio» a minería ilegal en Madre de Dios supera los S/2,000 millones”: https://ipe.org.pe/subsidio-a-mineria-ilegal-en-madre-de-dios-supera-los-s-2000-millones/

Lima, 04 de Abril del 2025.- Tras la polémica generada por el concepto de ‘Reinfo hereditario’ en mineros a pequeña escala, el director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo, ofreció una explicación detallada sobre el tema. Durante una entrevista con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el funcionario aclaró que el tema fue mal interpretado por algunas voces.

En sus declaraciones, Gallo subrayó que la minería en pequeña escala, al igual que negocios familiares de otros rubros, es un proceso generacional. «La minería en pequeña escala es un negocio familiar. El padre hace minería, el hijo hace minería, los hermanos hacen minería. Todos están dentro del negocio familiar», señaló.

En ese contexto explicó que cuando un miembro de la familia deja de existir, el negocio es asumido por sus descendientes. «Es lógico que si el padre fallece, la familia debe continuar con la actividad minera. Es como si hubiera una bodega: si el padre muere, la bodega no desaparece, debe continuar porque es una manera de producir», explicó Gallo.

Según el director de Formalización Minera, el concepto de Reinfo hereditario no se trata de un derecho perpetuo de sucesión minera, sino de un proceso que debe seguir ciertos lineamientos establecidos.

Gallo aclaró que este derecho de continuar con el negocio familiar no es eterno ni automático. El nuevo miembro de la familia que asuma la operación minera debe cumplir con los mismos procesos de formalización que cualquier otro minero para mantener el permiso. «Si la persona no se formaliza, se acabó, pasa a ser ilegal. Tiene que pasar por los mismos procedimientos de formalización», agregó en el programa del IIMP.

De esta manera, aclaró que el hecho de heredar el legado no implica que queden exentos de condiciones. Gallo finalizó indicando que esta medida busca garantizar la continuidad de los negocios mineros familiares de forma ordenada, bajo el marco de la legalidad y la formalización. “Es un tema elemental que tiene que ver con un derecho a que el negocio y la familia permanezca mientras que la persona que asuma pueda seguir cumpliendo con los pasos que la ley le exige”, finalizó.

Fuente: IIMP

En dicho conversatorio, expuso los peligros de la minería ilegal y resaltó que es tarea del Estado peruano proteger la multidiversidad presente en la Amazonía. Lamentó, en ese sentido, que «la minería ilegal interviene bosques primarios y destruye nuestros recursos».

REINFO

Montero agregó que viene coordinando con el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de de Defensa (Mindef) para identificar a quienes hacen uso indebido del REINFO y sacarlos de dicho registro.

Acompañaron al titular del MINEM en este conversatorio el director general de Formalización Minera, Máximo Gallo; y Ronald Ibarra, director de la Oficina General de Gestión Social.

Se trata del proyecto de reglamentación de la ley que amplía por seis meses el Reinfo y otorga seis meses adicionales de prórroga, vía decreto supremo, en caso de que sea necesario.

El documento, al que tuvo acceso el medio Perú21, indica que uno de los requisitos para que el Reinfo sea hereditario es que la sucesión sea inscrita en Registros Públicos.

Reacciones

Para el especialista en temas de minería Iván Arenas este proyecto revela que la normativa “avalará el proceso de formalización permanente y perpetuo; algo que es un contrasentido».

«¿Hasta cuándo durará el Reinfo si es hereditario?”, se cuestionó.

Dijo, además, en diálogo con el citado medio, que el proyecto se convertiría en una ley que contenga funciones de una nueva Ley MAPE.

Por su parte, el exviceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que no debe ser aprobada porque plantea un proceso de formalización sin caducidad

Acotó que «el Ministerio de Energía y Minas recibirá, de forma escrita, las opiniones de distintas partes interesadas, y esperemos que también los principales analistas opinen que no debe aprobarse esa medida. Y hay que recordar que este tipo de minería artesanal es con tiempo definido. 

García dijo que en el 2023 la producción formal de oro en el país ascendió a 100 toneladas, pero que la Sunat reportó una exportación de 175 toneladas.

Críticas al Reinfo

En otro momento, García cuestionó que, en el marco legal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en ocho años, apenas se haya logrado formalizar al 2.4 % de los inscritos. 

“De más de 84 mil registrados solo 2,100 formalizados. Entonces eso definitivamente no ha funcionado”, lamentó.

Además, comentó que debido a que la base del problema es el marco legal actual, la solución parte por una población informada que vote adecuadamente en las Elecciones del 2026.

Lima, 30 de Noviembre del 2024.- La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República no aprobó el predictamen que proponía la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En su lugar, aprobó una cuestión previa para someter la propuesta a mayor estudio, con 10 votos a favor y 6 en contra.

El proyecto que fue debatido por el grupo de trabajo del Congreso de la República, presidido por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), propone extender el Reinfo por 12 meses adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) podrá prorrogarlo por un año más mediante un decreto supremo.

La decisión del grupo de trabajo se tomó con nueve votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, tras la aprobación de una cuestión previa planteada por el congresista de la bancada de Somos Perú, José Jerí.

Ante la decisión tomada, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, informó que hoy se convocará a una sesión de trabajo para realizar un mayor estudio del documento y realizarle ajustes que convenzan a todos.

“SE CONVOCARÁ INMEDIATAMENTE MAÑANA, NO ES NECESARIO QUE LOS CONGRESISTAS ESTÉN PRESENTES, SINO LOS ASESORES DE LOS 23 CONGRESISTAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN Y PARA EMPEZAR A VER CADA UNO DE LOS PUNTOS”, REMARCÓ GUTIÉRREZ AYER.

Votación

Durante el debate, la congresista Diana Gonzales calificó de «nefasto» el predictamen y advirtió que el proyecto «beneficia única y exclusivamente a la minería ilegal». Según Gonzales, habría sido «una grave irresponsabilidad» llevar el proyecto a votación en la sesión anterior, sin un adecuado análisis.

A su vez, Jorge Montoya se pronunció en contra de la propuesta: “Yo considero que no se debe someter a voto el dictamen porque tiene muchos errores, desde mi punto de vista”.

Los congresistas votaron de la siguiente manera:

A favor de la cuestión previa que paraliza la extensión del Reinfo

Diana Gonzales (Avanza País).
Nilza Chacón (Fuerza Popular).
César Revilla (Fuerza Popular).
Cruz Zeta (Fuerza Popular).
Rosío Torres (APP).
Esdras Medina (Renovación Popular).
Enrique Alva (Acción Popular).
José Jerí (Somos Perú).
Jorge Morante (Somos Perú).
Jorge Montoya (Honor y Democracia).
Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial).

A favor de la cuestión previa que paraliza la extensión del Reinfo

Raúl Doroteo (Acción Popular).
Darwin Espinoza (Podemos).
Jorge Flores Ancachi (Podemos).
Pasión Dávila (Bancada Socialista).
Segundo Montalvo (Perú Libre).
Roberto Kamiche (APP).

Abstención

José Balcázar (Perú Libre).
Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo).

Lima, 18 de Setiembre del 2024. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene la expectativa de que se elimine el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) bajo el marco de la nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería también denominada «Ley Mape». La iniciativa propone regular la actividad minera e impulsar la formalización de los productores mineros artesanales y pequeños productores mineros a nivel nacional.

Así lo indicó Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Minem en entrevista con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Lo que busca el proyecto de ley es promocionar y proteger la actividad en pequeña escala, el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. No solo es promover y proteger, sino permitir que se desarrolle a través de un marco legal ordenado y que establezca las reglas claras, y a su vez, fortalecer a las entidades que se encuentran involucradas en el desarrollo de esta actividad”, comentó Figueroa.

En ese sentido, señaló que lo que también busca la propuesta legislativa, la cual estaría lista a fines de setiembre, es eliminar el Reinfo y marcar una transitoriedad. ¿De qué manera? Que permita que aquellos mineros que no están incluidos, en el registro vigente, puedan adecuarse y desarrollar actividad minera cumpliendo las condiciones que se plantean.

“Confiamos en que este proyecto de ley, a la larga, cuando se van adecuando al marco normativo, el Reinfo va a desaparecer ¿Por qué? Un proceso de formalización, o cualquier proceso, en realidad, tiene una etapa de inicio y un fin, la cosa es llegar al fin de la mejor manera. Para nosotros el fin sería tener un marco legal que les permita desarrollar actividad minera”, apuntó en el programa del IIMP.

Lo que se propone

¿Cuáles son las propuestas del Minem? Si bien el texto del proyecto aún no está listo, Figueroa adelantó algunas ideas que recogieron luego de haberse reunido con más 200 personas, entre entidades del Estado, empresarios, académicos y gremios mineros. Entre ellas, destacan, por ejemplo, que el proyecto busca fortalecer las capacidades de las direcciones regionales y no quitarles competencias respecto a la pequeña minería y minería artesanal.

“También se plantea hacer posible tercerizar los temas de fiscalización y supervisión o incluso puedes suscribir convenios con OEFA y las entidades fiscalizadoras. Otra propuesta es que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente ha visto con buenos ojos el hecho de que los funcionarios seamos responsables en caso evidenciemos que hay actividad ilegal, se ponga de conocimiento de la fiscalía especializada”, refirió.

Finalmente, la directora general de Formalización Minera del Minem manifestó que se propone, de igual manera, ciertos beneficios que promuevan que el titular de la concesión minera suscriba contratos de explotación con el pequeño minero.

Agregó que una vez que el proyecto esté listo a fines de setiembre, este será enviado al Congreso para su evaluación, debate y eventual aprobación. La expectativa del Minem es que la “Ley Mape” rija este año y ello dependerá del Poder Legislativo.