De acuerdo con un estudio de la empresa Ipsos elaborado para el colectivo País Seguro, el 73% de los ciudadanos considera “muy importante” que el candidato por el que vote tenga una posición clara y contundente contra la minería ilegal. Este dato confirma que el tema podría influir directamente en las decisiones electorales.

La preocupación ciudadana se sustenta en la percepción del impacto económico de esta actividad ilícita. Un 43% de los encuestados la identifica como la que más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico. Esta percepción ha crecido respecto a mediciones anteriores, consolidando la idea de que se trata de una economía criminal de gran escala.

Además, existe un consenso amplio sobre sus efectos negativos. La mayoría de la población coincide en que la minería ilegal perjudica múltiples ámbitos: el 86% la considera un delito, el 83% cree que daña al país y el 80% estima que ha influido en autoridades del Congreso y gobiernos regionales. A ello se suma que el 78% la vincula con redes de crimen organizado y el 72% la percibe como una amenaza directa para su seguridad y la de sus familias.

A pesar de la gravedad del problema, predomina la sensación de falta de control. Dos tercios de los encuestados consideran que la minería ilegal ha crecido en el último año y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para enfrentarla. Esta percepción alimenta una narrativa de expansión sostenida de la actividad.

El especialista ambiental César Ipenza advirtió que la ciudadanía espera definiciones claras por parte de quienes aspiran a gobernar. Según indicó, el tema debería ocupar un lugar central en los planes de gobierno, algo que no ocurre de manera generalizada, ya que solo una parte de las organizaciones políticas aborda explícitamente el problema.

En ese análisis, se observa que partidos como Perú Libre y Renovación Popular no incluyen propuestas concretas sobre el combate a la minería ilegal. En contraste, agrupaciones como Juntos por el Perú y Podemos Perú han planteado medidas que, según especialistas, podrían generar controversia, como la reducción de plazos de concesiones para su reasignación.

Otro elemento que refuerza la preocupación ciudadana es la percepción de influencia política de esta actividad. Un 71% considera probable que la minería ilegal financie campañas legislativas, el 69% cree que también alcanza las presidenciales y el 64% advierte el riesgo de captura del poder político por redes vinculadas a esta economía ilícita. En ese contexto, el debate sobre la minería ilegal no solo marcará la agenda electoral, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país para enfrentar uno de sus problemas más complejos.

En el artículo 1.1 del mencionado decreto se declara el 12 de Abril del 2021 día no laborable de naturaleza no compensable para aquellos ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa durante las elecciones generales a llevarse a cabo el 11 de Abril del 2021.

Para tal efecto, los empleadores del sector público y privado adoptarán las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en el numeral precedente.

Para gozar del beneficio señalado, el trabajador que se desempeñó como miembro de mesa debe presentar a su empleador, a través de soporte físico o digital, al momento de reiniciar su prestación de servicios, el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En cuanto a las facilidades para ejercer el voto, en el artículo 3.1 se establece que los trabajadores del sector público y privado que prestan servicios en provincias distintas a su lugar de votación y que participen en las elecciones generales, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no prestar servicios el viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de Abril del 2021.

En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establece la forma para hacer efectiva la recuperación de los días no laborados; a falta de acuerdo, decide el empleador.

Mientras que en el sector público, los titulares de las entidades adoptan las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de interés general, disponiendo además la forma para la recuperación de los días dejados de laborar.

Mientras que los trabajadores del sector público y privado cuyas jornadas de trabajo coinciden con el día de las elecciones generales tienen derecho a periodos de tolerancia en el inicio de la prestación de servicios, así como durante la jornada de trabajo, para ejercer su derecho al voto.

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales, más de 10,000 peruanos aún no han tramitado un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) comprobara que no residen en la dirección que declararon como propia.

Tanto el Reniec como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizaron operativos destinados a verificar domicilios para evitar la presencia en los comicios del 5 de octubre de los llamados electores golondrinos, que son los que sacan un DNI en una jurisdicción en la que no viven con la finalidad de favorecer a un determinado candidato.

Tras comprobar que 11,307 ciudadanos no vivían donde habían declarado, el Reniec dejó sin efecto el último trámite realizado para modificar su lugar de residencia en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, les comunicó que debían obtener un duplicado de DNI, en el cual debe aparecer la dirección previa al último cambio domiciliario.

Aproximadamente 1,000 ciudadanos que se encontraban en esa situación han solicitado un nuevo documento, el único con el que podrán votar. Quienes cuenten con un DNI donde figura una dirección observada por el Reniec no podrán sufragar en estas elecciones.

Un duplicado de DNI se puede solicitar a través de la página web del Reniec(www.reniec.gob.pe), pagando S/ 20 soles. Hacer el trámite en agencia cuesta S/ 23 soles.

El Reniec tuvo a su cargo la verificación de cambios domiciliarios en 43 distritos y verificó 13,675 direcciones y apoyó al JNE en la fiscalización de 23 distritos, visitando 5,616 domicilios.

Las verificaciones se hicieron en distritos donde se detectó un incremento inusual de electores y donde se denunció la presencia de electores golondrinos.

Se puede conocer los nombres de los ciudadanos observados a través de la página web del Reniec, entrando a “Actividades Electorales”. En ese link figura la lista de ciudadanos observados retornados al ubigeo anterior.

La lista también se encuentra en http://1drv.ms/1nVGZai

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