«Se nos ha dicho durante mucho tiempo que debemos escoger entre un acceso completo al mercado interior de la Unión Europea a cambio de aceptar sus normas o sus tribunales –lo que se ha llamado el modelo noruego– o un acuerdo comercial que abra mercados y evite toda la panoplia reglamentaria de la UE como el acuerdo existente con Canadá [CETA, en sus siglas en inglés]. Ya hemos tomado la decisión. Queremos un acuerdo global como el de Canadá. Y en el improbable caso de que no lo logremos, el acuerdo se basará en el Acuerdo de Retirada que ya hemos firmado con Bruselas», ha dicho Johnson. La elección final, ha insistido, será entre una relación similar a la que disfruta Canadá con la UE o la que tiene Australia. El continente austral negocia en estos momentos un nuevo tratado comercial con los 27, pero su ambición y alcance es inferior al canadiense, y en la práctica ambos bloques siguen comerciando entre ellos bajo las reglas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Johnson ha querido imbuir su anuncio de la grandilocuencia con la que viste todos sus actos políticos. Ha convocado a empresarios y representantes diplomáticos de todo el mundo bajo las pinturas de James Thornhill en el Hall del Hospital del Antigo Colegio Real Naval de Greenwich, al sur de Londres. Ante la que se conoce como la Capilla Sixtina británica, una alegoría del poderío naval, comercial y político del Reino Unido completada en 1726, el primer ministro se ha presentado como el defensor de la globalización frente a los retrocesos de la causa en el resto del mundo. «La humanidad necesita que algún Gobierno, en alguna parte del mundo, esté dispuesto a defender la libertad del comercio internacional. Algún país que, como Clark Kent [el periodista que se transformaba en Superman], esté dispuesto a quitarse las gafas, meterse en la cabina de teléfonos y salir volando con su capa, como el supercampeón del derecho de los pueblos del mundo a poder vender y comprar entre ellos de un modo libre», ha proclamado el mandatario.

Ha asegurado Johnson que no se necesita ningún tipo de tratado para que Bruselas pueda estar segura de que el Reino Unido no será un competidor desleal. «No nos vamos de la Unión Europea para destruir sus estándares regulatorios», ha dicho. «No pretendemos llevar a cabo ningún tipo de dumping comercial, social o en materia medioambiental. No es siquiera necesario que escuchen lo que yo digo. Simplemente, deben mirar lo que hace el Reino Unido». Pretende así el dirigente británico convertir las negociaciones futuras en una cuestión de buena fe, y dar la vuelta a la carga de la prueba para que recaiga sobre Bruselas. «Como si tuviéramos que agradecer a la UE que nos hubiera sacado de nuestra miseria dickensiana y que gracias a ellos ya no metiéramos a nuestros niños en las chimeneas para que las deshollinen», ha pretendido ironizar.

Son muchos los críticos del primer ministro que deducen de sus palabras el desenlace del que advirtieron a finales del año pasado, cuando Johnson se esforzaba por sacar adelante en el Parlamento británico el acuerdo de retirada alcanzado con la UE y prometía a unos y otros que evitaría una salida desordenada de las instituciones comunitarias. Finalizado el periodo de transición, el próximo 31 de diciembre, si Londres y Bruselas no son capaces de cerrar un nuevo acuerdo comercial, el Brexit será, a todos los efectos, el Brexit duro que los euroescépticos quisieron desde un principio. Las palabras del primer ministro, en su discurso de Greenwich, parecen confirmar los peores presagios.

FUENTE: EL PAÍS

El diputado Oliver Letwin, hoy fuera del partido conservador después de que votara a favor del mandato parlamentario que obligó a Johnson a pedir una prórroga a la UE si no lograba un acuerdo, ha conseguido introducir a última hora en el debate una enmienda explosiva. En simples términos, pone en suspenso la aprobación del nuevo pacto con Bruselas hasta que los diputados tengan tiempo de debatir y votar los términos legales del nuevo tratado.

Consecuentemente, la enmienda obliga a Johnson a cumplir con un anterior mandato parlamentario, la llamada «ley Benn», que le obliga a pedir una nueva extensión de la fecha de salida de la UE, prevista para el 31 de octubre, si el Parlamento no ha aprobado su nuevo acuerdo. La fecha límite establecida en la ley Benn es el 19 de octubre, es decir, este mismo sábado.

Tras la aprobación de la enmienda Letwin, Downing Street ha optado por suspender la votación del acuerdo del Brexit. Los siguientes pasos, en principio, son confusos y conflictivos. Johnson está obligado por la ley Benn a enviar una carta a Bruselas en la que pida un nuevo retraso.

«No pienso negociar una nueva extensión, porque la ley no me obliga a ello», ha dicho de forma ambigua el primer ministro, «y diré a mis colegas comunitarios que pretendo sacar adelante el acuerdo del Brexit antes del 31 de octubre». No ha aclarado sin embargo si enviará durante este sábado algún tipo de carta a Bruselas. Sí ha asegurado que a partir de la próxima semana agilizará los trámites en el Parlamento para impulsar su acuerdo y tratar de aprobarlo en tiempo y forma antes del día 31.

«Estoy convencido del ardiente deseo que los diputados y la ciudadanía tienen de concluir de una vez por todas con la discusión del Brexit y llevarlo a cabo. Cualquier nuevo retraso será inútil, costoso y solo servirá para erosionar aún más la confianza de la gente en los políticos», ha avisado Johnson en su intervención. El primer ministro ha advertido a la Cámara de que se ha llegado hasta el límite en las concesiones arrancadas a Bruselas y que los 27 «no tienen ningún apetito» en seguir arrastrando este asunto ni un minuto más.

Bruselas, por su parte, se mantiene en compás de espera y no se ha pronunciado de forma contundente con respecto a lo que haría en caso de peticiñ´ón de prórroga.

El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, anunció que los laboristas votarían en contra del acuerdo. «Es un pacto aún peor que el que se negoció previamente, que fue rechazado tres veces por esta Cámara. Pone en riesgo los derechos de los trabajadores británicos, la protección medioambiental y hasta nuestro Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas inglesas)». Corbyn no deja de sugerir en las últimas semanas que, una vez aprobado el Brexit, el Gobierno conservador permitirá que las aseguradoras de salud estadounidenses metan mano en la sanidad pública del Reino Unido, después de que Donald Trump dijera, en su reciente visita de Estado, que todo estaría sobre la mesa en la negociación de un futuro acuerdo comercial.

El debate se ha prolongado hasta bien entrada esta tarde. La enmienda Letwin ha sido el primer texto sometido a votación. Detrás de esta nueva maniobra yace la sospecha de que los euroescépticos conservadores pueden darle al primer ministro su deseada victoria y respaldar el acuerdo, pero maniobrar en los días siguientes para frustrar la aprobación definitiva del tratado con la UE. La votación de este sábado es simbólica. Solo cuando Westminster dé su visto bueno al texto legal, el proceso se habrá completado. La oposición teme que, si esa segunda fase fracasa, el Reino Unido acabará de todos modos abandonando la UE sin ningún tipo de acuerdo el 31 de octubre.

Decenas de miles de ciudadanos se están manifestando este sábado ante el Parlamento para exigir un segundo referéndum. La manifestación añade tensión a una de las jornadas políticas más relevantes vividas por el Reino Unido en los últimos años.

La maniobra resta a los grupos de la oposición un tiempo precioso para intentar bloquear a través de mecanismos parlamentarios la posibilidad de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, como ha asegurado Johnson que está dispuesto a hacer si Bruselas no cede a sus pretensiones.

El país se encamina de este modo hacia un choque constitucional sin precedentes, en el que se verá implicada involuntariamente la reina. Este miércoles se ha reunido con ella en su residencia de Balmoral (Escocia) un consejo privado con un reducido número de ministros, encabezado por Johnson,  para poner en marcha formalmente el procedimiento. La Reina, obligada formalmente a ordenar el cierre del periodo de sesiones si así se lo pide el Gobierno, no dispone de maniobra para impedir esa decisión. Isabel II ha dado su visto bueno a la petición del Gobierno y, en uso de su prerrogativa real, ha ordenado el fin del periodo de sesiones a partir del próximo 10 de septiembre.

Johnson ha intervenido esta misma mañana para intentar quitar hierro a la situación, y ha justificado la medida que pretende adoptar en la necesidad de que un nuevo Gobierno pueda echar a andar de un modo fresco e impulse todas las iniciativas legales que tiene preparadas. «Los diputados tendrán un margen amplio de tiempo para poder debatir sobre el Brexit antes del crucial Consejo Europeo del 17 de octubre», ha dicho. Pero no es lo mismo «debatir» que sacar adelante resoluciones legales con fuerza efectiva para impedir una salida de la UE sin acuerdo.

Los principales opositores al Brexit no han dejado de advertir a Johnson durante las últimas semanas de que, de tomar esta decisión, provocaría una crisis política de enormes dimensiones. El speaker (presidente del Parlamento), John Bercow, ya anunció durante el verano que lucharía con todas sus fuerzas para evitar que se retirara a la Cámara su voz en un momento tan crucial. «Esta maniobra representa un escándalo constitucional. Lo vistan como lo vistan es obvio que su propósito es impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con sus obligaciones», ha dicho Bercow.

El exministro de Economía, Philip Hammond, uno de los más firmes opositores a que el Reino Unido abandone la UE sin algún acuerdo, ha reaccionado también con dureza extrema ante el anuncio de la suspensión del Parlamento: «Sería profundamente antidemocrático evitar que la Cámara ejerza su función de control al Gobierno durante una situación de crisis nacional como la actual», ha dicho.

El Partido Laborista había iniciado este martes reuniones con el resto de grupos de la oposición para dar con un mecanismo legal que lograra evitar un Brexit sin acuerdo. La decisión de Johnson de suspender la actividad parlamentaria les usurpa un tiempo crucial y complica las posibilidades de sacar adelante cualquier iniciativa legal. «Estoy escandalizado con la temeridad del Gobierno de Johnson, que no deja de hablar de la soberanía y se dispone a suspender el Parlamento para evitar el escrutinio de sus planes para un Brexit sin acuerdo», ha dicho el líder laborista Jeremy Corbyn en un comunicado público. «Es un escándalo y una amenaza para nuestra democracia», ha añadido, para pedir a continuación al primer ministro que someta a la votación de la ciudadanía sus planes si tiene tanta confianza en que serán respaldados.

“No encontraremos un nuevo acuerdo de retirada en 30 días que sea muy distinto del que existe”, dijo Macron al recibir a Johnson en el palacio del Elíseo, en París. El presidente francés insistió en que el backstop es “una garantía indispensable para preservar la estabilidad de Irlanda y la integridad del mercado único”.

Esta cláusula evitaría que, una vez que los Acuerdos del Viernes Santo de 1998 permitieron suprimir la frontera entre las dos Irlandas, se erigiese una nueva. Al mismo tiempo, mantendría a Irlanda del Norte dentro del mercado europeo. El Gobierno británico teme que esto sea una manera de anclar al Reino Unido en la unión aduanera europea.

Johnson sugirió la posibilidad de establecer controles aduaneros entre las dos Irlandas con nueva tecnología que los permitiría sin imponer una frontera.

“Por supuesto que yo quiero un acuerdo, y podemos alcanzar un acuerdo”, dijo Johnson en el Elíseo, antes de almorzar con Macron. “Y las conversaciones en Berlín con nuestros amigos nos han animado”. También reiteró su mantra sobre la salida de la UE el 31 de octubre, «haya o no haya acuerdo». En este punto, el primer ministro británico coincide con el presidente francés, contrario a aplazar de nuevo la fecha de salida.

Francia dice estar preparada para la posibilidad del Brexit duro, que podría tener un impacto al restablecerse los controles aduaneros en la frontera marítima del puerto de Calais y en el Eurotúnel, que conecta Gran Bretaña con continente bajo el canal de la Mancha.

Además del Brexit duro, que Francia asume como un escenario cada día más verosímil, y la renegociación del acuerdo, que rechaza, Macron señaló otra vía de solución: que se produzca “un hecho político nuevo” en el Reino Unido. Es decir, o elecciones generales, que podrían dar una mayoría parlamentaria que aprobase el acuerdo del Brexit, o un referéndum sobre este acuerdo.

La canciller alemana ha mostrado en las negociaciones del Brexit un rostro más conciliador que Macron. Ya sea porque el impacto del Brexit duro podría ser mayor en la economía exportadora alemana, o también por que haya algo similar a un reparto de papeles en el esquema de poli bueno (Merkel) y poli malo (Macron).

“En 30 días necesitamos visibilidad”, dijo Macron. El negociador europeo, Michel Barnier, y los negociadores británicos se encargarán, en este periodo, de buscar una solución “sin cambiar los equilibrios profundos del acuerdo de retirada”, explicó.

El nuevo plazo puede interpretarse como una señal de flexibilidad por parte de Macron y de Merkel. Pero también como un movimiento táctico en el pulso, que probablemente se intensificará cuanto más de acerque la fecha límite, para eludir la responsabilidad del Brexit duro y echársela al contrario. Que nadie diga que no se ha intentado hasta el último momento.

“En el mes que viene no vamos a encontrar un nuevo acuerdo de retirada que esté lejos de las bases. Si hay cosas que, en el marco de lo negociado por Michel Barnier puedan ser adaptadas y estén conformes con los dos objetivos mencionados, la estabilidad en Irlanda y la integridad del mercado único, deben encontrarse en el mes que viene”, dijo el presidente francés.

“Si no, significa que el problema es más profundo, que es más político, que es un problema político británico», añadió. «Y, en este caso, no es la negociación lo que lo arreglará sino que es una decisión que debe tomar el primer ministro británico. No nos corresponde a nosotros”.

La balanza comercial con el Reino Unido es favorable para el Perú. Si bien no es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, se puede destacar que el 57.74% de los 703 millones de dólares enviados en el 2018 a este país son productos no tradicionales, principalmente del sector agroexportador.

Convencido de poder arrancar nuevas concesiones a Europa para el Brexit, pese a los mensajes que desde Bruselas indican lo contrario, el dirigente tory conformó un Gabinete con sello euroescéptico pero muy diverso en cuanto a etnia y género para vender una visión optimista y rejuvenecida del Brexit a “la Gran Bretaña moderna”.

A pleno sol, y con unos inusuales 32 grados centígrados en el corazón político de Londres, Johnson compareció ante las puertas de Downing Street como nuevo ocupante del número 10 para dejar claro que los 99 días que restan hasta el 31 de octubre son el único límite que se ha trazado para lidiar con Europa antes de dar el portazo. “Los británicos ya han esperado demasiado”, dijo sobre su decisión de no buscar ninguna otra prórroga si en ese plazo no logra “mejorar” el acuerdo con la UE trabajado por su antecesora, Theresa May.

Boris (a secas, como se le conoce en el Reino Unido), en una versión que recordó a su amigo Donald Trump, proclamó que su Gobierno va a “restablecer la confianza en la democracia”, como si hasta ahora el Reino Unido hubiera estado en manos de indeseables. También insinuó que, en caso de que el país terminara optando por una salida a las bravas de la Unión Europea, acabaría reteniendo los 35.000 millones de euros de la factura del Brexit, aunque se trate de deudas pendientes y de obligado pago con Bruselas. Su única concesión fue el agradecimiento a los ciudadanos europeos que residen y trabajan en el país, a quienes reconoció “el derecho” de seguir haciéndolo.

Para seducir con la idea de que un Brexit, incluso duro, acabará potenciando lo mejor del Reino Unido (“no subestimen a este país y sus fortalezas en el campo de la economía, de las artes, la tecnología”), Johnson ha decidido rodearse de un Gabinete que, al margen de su marcado perfil antieuropeo, será el más diverso étnicamente de la historia del país, con una destacada presencia a su vez de mujeres al cargo de puestos de primera línea. Un equipo que pretende proyectar la imagen de “la Gran Bretaña moderna”, insistía, promoviendo a una nueva generación de políticos que refleje las realidades del país, en contraste con la imagen que asocia a Johnson con el conservadurismo más elitista y rancio.

El nombramiento de Sajid Javid y de Priti Patel, dos políticos de origen asiático y marcadamente eurófobos, como responsables respectivamente de las importantes carteras del Tesoro y del Interior, respondía a esa estrategia. La designación de Dominic Raab, exministro para el Brexit durante la etapa de May, como nuevo responsable de Asuntos Exteriores, o la de Stephen Barclay mantenido al frente de la cartera del Brexit, indicó que el nuevo primer ministro recurrirá a sus aliados de siempre para encarar el reto de salir de la UE. Elizabeth Truss, por su parte, será secretaria de Comercio.

Los nombres se hicieron públicos pocas horas después de que el líder conservador acudiera al palacio de Buckingham para inclinarse ante la reina, como preludio al acto en el que Isabel II le encomendó la formación de Gobierno. La escena se produjo poco después de que la monarca recibiera en el mismo escenario a Theresa May para aceptar su dimisión formal.

En su despedida del público, la ex primera ministra reiteró la felicitación a Johnson, acompañada de un dardo en forma de buenos deseos, al confiar en su éxito en la consecución de un Brexit “que funcione para todo el país”. Fue una forma sutil de recordarle que su empeño declarado en forzar la salida de Europa a cualquier precio es una cuestión divisoria no solo a lo largo de la sociedad y el espectro político del Reino Unido, sino también en el propio seno del Partido Conservador, cuyos miembros eurófilos amenazan con sumarse a la revuelta de otros grupos en los Comunes.

División interna
En lo que supone toda una declaración de guerra, los ministros del Tesoro, Philip Hammond, y de Justicia, David Gauke, encabezaron una batería de dimisiones dentro de las diferentes escalas del Gobierno de May coincidiendo con la toma de posesión de Johnson.

Su posición va a ser uno de los grandes obstáculos para que el flamante primer ministro acometa los tres objetivos que considera clave en su mandato: hacer realidad el Brexit a cualquier precio, recuperar la unidad de filas en el Partido Conservador y la derrota del laborista Jeremy Corbyn. En el primer caso, Europa ya le ha recibido con el mensaje de que el acuerdo pactado con May no es renegociable, especialmente en lo que respecta a la salvaguarda (backstop) para evitar el restablecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas.

El segundo entraña uno de los principales obstáculos en el camino trazado por Johnson hacia un Brexit salvaje, porque precisamente ese desacuerdo legendario sobre Europa entre las huestes conservadoras ha acabado socavando sus apoyos parlamentarios. Sobre el papel, Johnson cuenta con una mayoría precaria, aunque absoluta por un margen de dos diputados, sumando los escaños unionistas del DUP. En la práctica, la rebelión de los tories contrarios a una salida a las bravas le augura una severa derrota en los Comunes. La precariedad de esa situación ha convencido a Johnson de designar a un partidario de la permanencia, Mark Spencer, como jefe de sus filas parlamentarias, en un intento desesperado de imponerles orden.

RESCATE DEL JEFE DEL ‘VOTE LEAVE’
El equipo de asesores de Downing Street integrará a uno de los personajes más polémicos de la era del Brexit. El fichaje de Dominic Cummings —solo confirmado extraoficialmente— entraña el rescate del jefe de la campaña Vote Leave en el referéndum de 2016, objeto de un telefilme sobre el marketing y uso de oscuros recursos informáticos para seducir a los electores. Suya fue la idea de vender el Brexit con la mentira estampada en un autobús de que la salida de la UE aportaría centenares de millones a la sanidad.

FUENTE: EL PAÍS

EFE

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió a sus compañeros de partido, críticos con el acuerdo del Brexit, de que Bruselas no aceptará las concesiones que lo harían “perfecto” y les pidió que reconsideren su rechazo al texto que se votará hoy.

Decenas de diputados conservadores y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) se han posicionado en contra del pacto, por lo que la jefa de Gobierno parece abocada a sufrir una amplia derrota.

Si el Parlamento tumba el acuerdo, el Reino Unido se enfrenta a una salida no negociada de la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo, o bien se abrirá la puerta a que el Brexit quede “bloqueado”, señaló la mandataria .

Votación

Medios británicos calculan que más de cien diputados “tories” pueden votar hoy en contra del documento, junto con el DUP y las formaciones de la oposición.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, criticó por su parte que May no haya logrado “cambiar nada” del pacto al que llegó con Bruselas y avanzó que la primera ministra se enfrenta hoy a una “humillante derrota”.

Corbyn, quien defiende que se convoquen unas elecciones generales anticipadas, esgrimió que como primer ministro trataría de renegociar con Bruselas un acuerdo que pudiera tener el respaldo del Parlamento. El Partido Nacionalista Escocés (SNP), por su parte, sostuvo que May debe convocar un segundo referéndum sobre el Brexit si pierde hoy la votación en los Comunes.

El responsable de la formación en Westminster, Ian Blackford, señaló que la jefa del Ejecutivo “ha fracasado en conseguir las concesiones (de Bruselas) que prometió” y pidió que se prorrogue la salida de la UE más allá del 29 de marzo para dar tiempo a una nueva consulta.

No a un retiro unilateral

En un intento de ganar apoyos con vistas al voto, May aseguró que tanto su gobierno como la Unión prevén hacer todo lo posible para que nunca deba entrar en vigor el mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte, el punto más controvertido del acuerdo.

Aun así, recalcó que los 27 socios comunitarios restantes rechazan cualquier cláusula que permita al Reino Unido retirarse de forma unilateral de ese mecanismo, que prevé que el conjunto del país permanezca ligado a ciertas estructuras comunitarias hasta que se suscriba un nuevo tratado.

Respaldo

Un sondeo publicado por el Daily Mail indica que el 48% de los británicos pide un nuevo referendo.Sin embargo, May considera una “traición”.

El balompié británico, además de un nutrido grupo de exfutbolistas, mostró su firme apoyo a la permanencia en el bloque, y el presidente de la Premier League, Richard Scudamore, y los 20 clubes de la categoría reina pidieron el voto para la campaña por el ‘Bremain’, la permanencia en la UE. Sin embargo, pese a las advertencias de economistas, políticos y expertos, el llamado «brexit», la salida del bloque, se impuso en la consulta por más de un millón de votos (17.410.472 frente a 16.141.241 -un 51,9 % frente al 48,1 %-).

Ahora, una vez lo apruebe el Parlamento, en los dos años que tendrá el Reino Unido -aunque se podrían prolongar- para fijar los términos y condiciones de su salida de la UE, al balompié inglés le tocará reinventarse para verse lo menos afectado posible por esta decisión histórica.

La llamada ‘sentencia Bosman’, en la que en 1995 se aplicó el tratado de libre circulación y se abrió el mercado para los futbolistas comunitarios, cambió el fútbol en Europa y en las Islas. Desde ese momento, los equipos de todas las categorías dejaron de depender tanto del talento nacional y se abrieron a los extranjeros.

La ampliación de la Unión Europea en las últimas décadas -de 15 a 28 estados miembros-, unido a los acuerdos con los territorios de ultramar o con países como Suiza o Noruega han hecho que el número de futbolistas que cuentan como comunitarios y no ocupan plaza de extranjero haya aumentado considerablemente.

El caso de los jugadores extracomunitarios en el Reino Unido es diferente, puesto que necesitan un permiso de trabajo que se otorga si el futbolista ha disputado en los dos últimos años al menos el 75 % de los encuentros internacionales con su selección, que a su vez ha de estar situada entre las 70 mejores del mundo. Alternativamente, si no cumple ese requisito, se debe demostrar que tiene una calidad excepcional.

Según diferentes estudios, el número de futbolistas comunitarios que se desempeñan en la categoría reina del fútbol inglés y que pasarán a ser extracomunitarios, por lo que tendrían que pasar por el proceso de pedir una visa de trabajo, supera con creces los cien, de los cuales sólo alrededor de 40 o 50 cumplirían los requisitos para conseguir este visado.

De acuerdo a la BBC, en total serían 332 los jugadores de la Premier League, Championship -segunda categoría- y Scottish Premiership que dejarían de cumplir los requisitos para jugar en las Islas. Estrellas como los franceses N’Golo Kanté, Dimitri Payet y Anthony Martial y los españoles Ander Herrera, Jesús Navas, Adrián San Miguel y Nacho Monreal no cumplirían los requisitos del Home Office, el Ministerio del Interior británico.

«Es demasiado pronto para saber cuál será el impacto en el fútbol inglés, pero podría ser grande. Sería una pena si algunos de los grandes futbolistas europeos no pueden venir», aseguró este viernes Greg Dyke, presidente de la Federación Inglesa (FA). «Siempre he dicho que es una pena que cada vez haya menos jugadores ingleses en los equipos de la Premier League -alrededor de 30 %-. Si esta medida ayuda a que el número se incremente, es perfecto, pero lo que no quiero es perder a los mejores futbolistas europeos», añadió el directivo.

Sin embargo, a corto plazo parece que la situación no será tan drástica, puesto que la FA y la Premier League intentarán buscar con el Home Office algún tipo de acuerdo bilateral similar al que tienen en la actualidad países como Noruega y Suiza para los futbolistas que juegan en la máxima categoría del fútbol inglés.

El ‘brexit’ afectaría también los jugadores británicos que juegan fuera del Reino Unido, como es el caso del galés Gareth Bale en el Real Madrid o el inglés Ravel Morrison en el Lazio, que pasarían a ser extracomunitarios, por lo que ocuparían plaza de extranjero en sus equipos.

EFE