Lima, 30 de Enero de 2025.- Cada año, miles de hectáreas de la Amazonía son arrasadas por la minería ilegal, el 20% de la madera movilizada proviene de actividades ilícitas, y el tráfico de fauna silvestre sigue diezmando nuestras especies. ¿Qué pasa con las leyes que deberían proteger nuestro medio ambiente? Si bien el Perú cuenta con un marco normativo que busca salvaguardar sus ecosistemas, las cifras demuestran que no está siendo suficiente.
“El ordenamiento jurídico establece normas fundamentales para proteger los recursos naturales y sancionar los delitos ambientales más graves”, señala Daniel Huamán, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico. Sin embargo, agrega que, pese a estas disposiciones, los delitos ambientales no solo persisten, sino que aumentan en diversas regiones del país. “Es necesario un sistema de fiscalización más riguroso y políticas efectivas que combinen prevención, sanción y educación”, enfatiza.
Entre los delitos ambientales más comunes y que mayor impacto tienen en nuestro país, el especialista en derecho ambiental destaca:
Desafíos para el cumplimiento de la legislación
Huamán remarca que el incumplimiento de estas leyes se debe principalmente a dos factores. Por un lado, la falta de recursos y personal especializado limita la fiscalización, concentrando los controles en empresas formales mientras que las actividades informales quedan fuera del radar. Esto crea una gran desigualdad: mientras los formales invierten en cumplir la normativa, los informales operan sin restricciones y con mayor rentabilidad.
Por otro lado, la corrupción en ciertas instituciones también dificulta la aplicación de sanciones y el control adecuado, lo que permite que estos delitos se sigan perpetuando.
La educación como herramienta clave
La educación ambiental juega un papel esencial en la creación de conciencia sobre la protección del entorno natural. “La educación puede ayudar a paliar el problema al brindar un conocimiento claro sobre los impactos de nuestras actividades y las consecuencias de incumplir los deberes de tutela ambiental”, subraya Huamán. Sin embargo, este esfuerzo debe ir acompañado de un sistema normativo y de fiscalización fortalecido para garantizar resultados efectivos.
En un país como el Perú, cuya riqueza natural es invaluable, proteger el medio ambiente no solo es una responsabilidad colectiva, sino una necesidad urgente. El cumplimiento de la legislación ambiental y la promoción de una educación ambiental efectiva son pasos imprescindibles para asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.