Jueves, 2 de Febrero del 2023
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El Plan de Respuesta, que abarca los años 2023-2024, beneficiará a más de 1.8 millones de personas en el país.

Publicado el 06/12/22

Lima, 6 de diciembre de 2022.- Casi 100 organizaciones, entre agencias de Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales presentan hoy el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) para el período 2023-2024, en Perú. 

  

Estas organizaciones conforman el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) que se coordina con otros 16 países de la región que acogen a refugiados y migrantes venezolanos mediante la Plataforma Regional R4V. Este Plan, que por primera vez será bianual, beneficiará en 2023 a más de 1.8 millones de personas (1.6 millones viviendo en el país y 203 mil que van a cruzar el país) en 17 regiones de Perú en los próximos dos años, entre personas refugiadas, migrantes y comunidad de acogida peruana en situación vulnerable.  

  

Las prioridades del Plan han sido identificadas junto con las mismas personas refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida, y buscan complementar los esfuerzos del gobierno peruano a través de actividades que permitan a las personas refugiadas y migrantes asegurar tres comidas al día, albergarse en una vivienda digna y tener acceso a la salud, así como acceder a oportunidades de empleo, educación, regularización, y a programas de bienestar social que les den la posibilidad de estabilizarse económicamente y contribuir al desarrollo del Perú que les ha acogido con generosidad. 

  

Entre las prioridades del Plan de Respuesta 2023-2024 se encuentran: 

Mejorar el acceso a la documentación y a los procesos de regularización. La posibilidad de que los talentos y habilidades de los y las refugiadas y migrantes venezolanas se sumen al desarrollo del país se ven limitados, dado que se calcula que el 60% de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Perú no cuenta con un permiso de residencia en el país, dificultando así el acceso de éstas a derechos, oportunidades y servicios básicos.   

 

Integración socioeconómica. Las barreras en la integración socioeconómica constituyen otro de los grandes focos de atención para el período 2023-2024. La dificultad para generar ingresos y las situaciones de discriminación y xenofobia a las que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes en Perú configuran un escenario que no favorece la integración de la población venezolana, que podría aportar a todos los niveles (económico, social, cultural) al Perú.  

 

Acceso a asistencia humanitaria en caso no sea posible acceder a programas sociales. Teniendo en cuenta el contexto de crisis alimentaria, se evidencia la necesidad de mayor acceso a programas sociales nacionales relevantes para los diferentes sectores, así como considerar las necesidades diferenciadas y específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad, de las personas en tránsito y los recién llegados. Las personas vulnerables que no consiguen acceder a estos programas sociales requieren de acceso a asistencia humanitaria.  

 

Mejora del acceso a la información. Se establece el objetivo de mejorar el acceso a información clara y confiable, teniendo en cuenta la brecha digital, de manera que la población refugiada y migrante venezolana pueda conocer sus derechos y servicios disponibles y cómo disfrutar de ellos.   

  

Además de beneficiar a la comunidad refugiada y migrante, el Plan busca llegar a la población de acogida peruana en situación más vulnerable, para que esta también pueda acceder a servicios y disfrutar de sus derechos.   

  

Perú acoge en estos momentos a casi 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, más de 1 millón en el área metropolitana de la capital. Perú se mantiene como segundo país de acogida de personas venezolanas, y Lima Metropolitana se convierte en la ciudad del mundo con más personas venezolanas fuera de Venezuela.   

  

Las necesidades de la población refugiada y migrante y de las comunidades que les acogen siguen creciendo en Perú, en un contexto de fondos limitados de la cooperación internacional. El Plan de Respuesta estima que, para cubrir las necesidades de esta población, se necesitarán 611 millones de dólares en los próximos dos años.



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