Miercoles, 24 de Abril del 2024 
El sueño de adquirir un terreno se puede convertir en una pesadilla si uno cae en manos de delincuentes dedicados al tráfico de tierras. Es el caso de cientos de personas que hicieron negocios con la organización criminal Los nuevos dueños del sur y pasaron a formar parte de la asociación de fachada Sumac Pacha, ubicada en la Autopista Panamericana Sur Kilómetro 37.2 del Distrito de Lurín.
En 2018, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP ejecutó un megaoperativo en el que desarticuló la mencionada organización criminal, cuyo presunto cabecilla es Diosdado Navarro Oré. No obstante, hasta la fecha no concluye el proceso judicial ni tampoco se ha devuelto la posesión de la totalidad de los predios al propietario legal Malaika SAC.
En la investigación se descubrió que los miembros de la organización criminal habían invadido una extensión de tierras de más de 72 hectáreas usando unos documentos fraudulentos que supuestamente datan de la época virreinal del Perú y le otorgaba la posesión de predios a la Comunidad Campesina de Cucuya.
La abogada de Malaika SAC, Martha Céspedes, explicó que mediante estos papeles, los representantes de la comunidad vendieron los terrenos a la Asociación Sumac Pacha. Estos últimos, liderados por Navarro Oré, empezaron a vender acciones y derechos que otorgaban a los compradores la calidad de socios y así ocupaban el terreno.
A través de esta argucia legal, la organización criminal no perdía el poder sobre los predios, ya que los compradores no eran dueños de un espacio delimitado de tierra, únicamente pasaban a formar parte de la asociación.
“Hay cerca de 600 personas inscritas en Registros Públicos que les han comprado a Sumac Pacha. Ese es el documento que los vecinos muestran. Esas compras se han estado haciendo sobre los registros de una transacción ilícita. El responsable de eso es quien les ha vendido las acciones y derechos, o sea, Diosdado Navarro Oré”, explicó la abogada Céspedes.
A pesar de que el Poder Judicial ha determinado que el verdadero propietario de ese terreno es la constructora Malaika SAC y ha ordenado el desalojo de los invasores desde el año 2017, los miembros de la asociación han interpuesto una serie de recursos concedidos por magistrados como el destituido juez supremo Martín Hurtado Reyes, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En septiembre próximo, se ha ordenado el desalojo total de los predios a favor de la constructora. Sin embargo, la Asociación Sumac Pacha ha interpuesto un hábeas corpus con el que pretende dejar sin efecto la sentencia.
“La gente que migra necesita tener un hogar, una casa, pero al momento de comprar lo hacen sin estar enterados de la situación legal de las tierras. Lo que se debe hacer es acudir a los Registros Públicos, pero no solamente sacar la partida registral, sino todos los antecedentes. Así uno se puede dar cuenta si hay alguna anotación, cierre de partida, algo que generó que la partida sea fraudulenta y nadie se dio cuenta”, recomienda la especialista.
