Martes, 16 de Abril del 2024 
El Alto Tribunal de Escocia ha declarado ilegal este miércoles la decisión de Boris Johnson de suspender durante cinco semanas el Parlamento, que entró en vigor a última hora del pasado lunes. Los tres magistrados que han dictado sentencia revierten el fallo inicial de otro juez, que consideró ajustada a la ley la medida acordada por el Gobierno británico, y dejan en manos del Tribunal Supremo la decisión final sobre el cierre de Westminster.
Los tres magistrados publicarán el contenido íntegro de su resolución el viernes, pero ya han anticipado parte de sus razonamientos. Aseguran que la decisión de ordenar el fin del periodo de sesiones en Westminster es ilegal “porque tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento”, y que, por tanto, la petición de Johnson a la reina de que utilizara a tal efecto su prerrogativa real “es nula y no produce efecto”. El control parlamentario del Ejecutivo, apuntan los magistrados, “es un pilar central en los principios de buen gobierno consagrado en la Constitución”.
Aunque el Alto Tribunal no lo ha aclarado aún y sugiere más bien que no adoptará ninguna medida cautelar a la espera de que se pronuncie el Supremo, los abogados que han defendido la demanda han pedido que, “a menos que el Tribunal Supremo decida por el momento mantener la medida, debe levantarse de inmediato la suspensión del Parlamento”. Así lo ha explicado el letrado Jolyon Maugham. La oposición laborista y los nacionalistas escoceses del SNP han reclamado la reapertura inmediata de la Cámara de los Comunes.
La demanda en los tribunales de Escocia, la primera de tres casos judiciales en los que se ha analizado el asunto, fue interpuesta por 78 diputados y lores, que aseguraban que Downing Street había cometido un acto inconstitucional diseñado para impedir las actuaciones parlamentarias para frenar el Brexit. A pesar de que la sentencia inicial calificaba todo como “una decisión política” y señalaba como solución que el propio Parlamento usara los cauces políticos para defenderse, la decisión del tribunal superior supone un duro golpe para Johnson. El proceso judicial no ha concluido aún. Downing Street ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión de los jueces, y el Tribunal Supremo del Reino Unido ha fijado una vista de urgencia para el próximo 17 de septiembre, en la que analizará conjuntamente las demandas planteadas en las jurisdicciones de Edimburgo, Belfast y Londres.
La suspensión del Parlamento, que ocasionó serias protestas y un amago de motín en Westminster, se prolonga en teoría hasta el 14 de octubre. En su momento recibió duras críticas por involucrar en la decisión a la reina, que debía firmar la orden necesaria para la clausura del periodo de sesiones. Está por ver si deberá ser de nuevo Isabel II quien deba echar atrás una medida que ella no tomó.
