Jueves, 25 de Abril del 2024
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Estudio de abogado Foley Hoag verá extradición de Alejandro Toledo

Publicado el 02/02/19

El Gobierno autorizó la contratación en Estados Unidos del estudio de abogado Foley Hoag LLP para cautelar la defensa de los intereses del Estado peruano en el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique.

La Resolución Suprema N°033-2019-Jus, publica en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone que este mismo estudio de abogado se encargue también de la extradición de Mariella Janette Huerta Minaya y Gustavo Fernando Salazar Delgado, ambos investigados por el caso Odebrecht.

Precisa que resulta de interés institucional la contratación del servicio de abogados extranjeros para que cautelen los intereses del Estado Peruano ante las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de América.

Indica además que el estudio de abogado Foley Hoag fue seleccionado de una terna presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con la opinión favorable del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Alejandro Toledo es investigado por la justicia peruana por haber recibido presuntas coimas de la empresa Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Por ese caso tiene vigente una orden de detención preventiva.

La extradición del expresidente Alejandro Toledo se presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 25 de mayo de 2018, instancia que se encuentra evaluando el requerimiento de la justicia peruana.

Mariella Huerta es investigada por haber recibido un presunto soborno de la empresa Odebrecht por el Tramo II del Metro de Lima, junto al ex viceministro de Comunicaciones de ese entonces Jorge Cuba y exfuncionario de ese Sector.

Fernando Salazar Delgado, a su vez, es acusado de haber constituido una empresa para el pago de un soborno al ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, por la licitación de la Vía de Evitamiento del Cusco.

La norma lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.



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