El 10 de mayo pasado, se hizo oficial la modificación al régimen tributario por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al decretar un aumento del impuesto selectivo al consumo (ISC) para las bebidas alcohólicas y azucaradas, el tabaco, vehículos y combustibles. El Área de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú, en su reciente edición del Asbanc Semanal, profundiza en los motivos que conllevaron a dictar dicha medida.
En primera instancia, el Gobierno indica que, con la nueva normativa, busca reducir las externalidades negativas que genera la producción y/o consumo de estos productos a la salud de las personas y al medioambiente. Asimismo, se pretende aumentar los ingresos fiscales de los cuales, si se observa su dinamismo en materia de presión tributaria desde hace cuatro años, se evidencia que al cierre del 2017, los ingresos tributarios como porcentaje del PBI anotaron una caída por cuarto año consecutivo, llegando a solo 13.3%.
Así, al comparar la presión tributaria del Perú con algunos de nuestros pares de la región, vemos que nos encontramos muy rezagados. Por ejemplo, a nivel de América Latina, tenemos un ratio menor al registrado por Brasil con 33.2% de su PBI, Chile con 20.4% y Colombia con 19.8%.
De otro lado, refiere que la emisión de dióxido de carbono (CO2) en el país ha ido aumentando en los últimos años debido al mayor consumo de combustibles. En ese sentido, en el 2016 las emisiones de CO2 llegaron a 57,693 kilotoneladas (kt), registrando un aumento de 4,355 kt (8.16%) frente al año anterior. Por ello, el MEF indica que esta medida apuntaría a que el Estado tenga más recursos disponibles para contrarrestar las externalidades negativas generadas por la contaminación debido al uso de combustibles fósiles.
Al revisar el costo social que generan el alcohol, la gaseosa y los cigarrillos, se tiene que el costo de tratamiento de las enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de dichos productos asciende en promedio a US$ 24,000 millones anuales, lo que es equivalente a cerca del 11% del PBI anual.
Si bien este tipo de decisiones apuntarían a aumentar los ingresos fiscales, además de contrarrestar las externalidades negativas de alguno de estos productos, es importante que estas medidas sean monitoreadas constantemente y así hacer los ajustes necesarios para el buen funcionamiento de nuestra economía.
