Jueves, 25 de Abril del 2024 
El Ministerio Público dirige este jueves el allanamiento de dos inmuebles en Miraflores de Susana Villarán y del exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro. Los fiscales Hamilton Castro, cabeza del equipo especial del caso Lava Jato, y Lusi Ballón acudieron a la casa de la exalcaldesa de Lima, mientras que sus colegas Sergio Jiménez y Marcial Paucar fueron a las del otro exfuncionario.
A través de su cuenta de Twiter, la Fiscalía informó sobre el allanamiento, el cual forma “parte de las diligencias en las investigaciones que se les sigue” a ambos exfuncionarios. La exburgomaestre es investigada, como parte del caso Lava Jato en el Perú, por presuntos aportes de las constructoras Odebrecht y OAS a la campaña por el No a su revocatoria en el 2013.
Según un documento al que tuvo acceso RPP Noticias, el pedido de allanamiento de la Fiscalía fue autorizado por el juez Manuel Antonio Chuyo Zalayeta del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Los fiscales están autorizados para registrar los domicilios “con descerraje en caso de negativa o auseincai de personas” y comprende “los ambientes interiores y dependencias cerradas, además de vehículos que se encuentren” en ambos inmuebles”.
Villarán fue alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014. En medio de su gestión, se enfrentó a un proceso de revocatoria para el que, según la tesis fiscal, recibió los aportes por las que la investigan. Luego tentó sin éxito la reelección. Castro, por su parte, fue gerente municipal entre 2012 y 2014.
El caso Villarán
El 24 de noviembre del año pasado, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Villarán y Castro por presunto cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado, debido a los presuntos aportes de las constructoras brasileñas. Por esta razón, el Ministerio Público solicitó ese mismo mes al Poder Judicial el impedimento de salida del país de ambos exfuncionarios.
Tres días después, el Poder Judicial aprobó el pedido para impedir que Villarán y Castro puedan salir del país. Ambos son acusados de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la compaña contra la revocatoria en 2013.
Según el aspirante a colaborador eficaz, Valdemir Garreta, la exalcaldesa acordó con Odebrecht y OAS un aporte de tres millones de dólares para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013. Por su parte, el superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró que la propia Villarán lo llamó telefónicamente para agradecerle por el aporte.
