Martes, 23 de Abril del 2024 
La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de destituir a un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y suspender a otros tres por el caso El Frontón fue comunicada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admitió a trámite un pedido de medidas provisionales.
La solicitud cautelar fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en el marco de la supervisión que ejerce el ente supranacional sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Durand y Ugarte, sobre ejecuciones extrajudiciales tras el debelamiento de dicha instalación penitenciaria en junio de 1986.
El director de IDL, Carlos Rivera, señaló que el jueves por la noche informaron vía correo electrónico a la Corte.
Precisó que este procedimiento tiene plazos muy cortos: el lunes pidieron la medida provisional y el martes el tribunal dio plazo hasta el jueves para que el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten sus informes al respecto.
“La Corte nos ha notificado que el Estado peruano les envió su informe y que la Comisión ha pedido un día más. Pero nosotros también enviamos un correo comunicando lo ocurrido”, explicó.
Rivera indicó que este tipo de solicitudes se evalúan con prioridad porque se trata de una situación en la que existe un riesgo inminente.
“Nosotros lo pedimos bajo el argumento de que si bien los jueces del TC no son las víctimas del caso, las decisiones que se están tomando en el Congreso sobre dichos magistrados van a tener un efecto negativo sobre la disposición de la Corte de investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen”, manifestó.
Espera que la próxima semana la Corte IDH pueda tomar una decisión.
Comisión Permanente
El informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe ser enviado a la Comisión Permanente, que tiene dos días útiles de plazo para distribuirlo entre sus miembros y convocar a una sesión para debatirlo.
Al respecto, Walter Albán, abogado del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, informó que solicitarán el uso de la palabra ante la Permanente y ante el Pleno del Congreso.
Espera que las medidas provisionales solicitadas a la Corte IDH se otorguen con prontitud, pues ya están informados sobre la forma en que ha actuado la Subcomisión con relación a los magistrados.
“Ya están informados de las barbaridades que dice el informe aprobado, del atropello que significa y que es inminente que van a dar una sanción desproporcionada, con clara intención de amedrentar a todos”, dijo.
