Miercoles, 24 de Abril del 2024 
Después de un gobierno muy mediocre (2011 – 2016), que nos llevó a un menor estadío de crecimiento, desde el segundo semestre del año pasado el Perú se ha ido paralizando paulatina y sostenidamente. Veamos:
La paralización de los proyectos mineros
Empezó con el nombramiento de Rolando Luque en la PCM, como encargado de los conflictos sociales, con lo cual, para un analista medianamente avispado y para los inversionistas, siempre inquietos con el clima de inversión, quedaba claro que el gobierno estaba optando por un enfoque de resistencia y cruce de dedos para convivir con los conflictos anti-mineros. En otras palabras, el país se quedaría sin recibir una buena explicación de parte de sus nuevos líderes sobre la naturaleza de los conflictos y la necesidad de enfrentarlos ideas claras, acciones efectivas de desarrollo y, cuando corresponda, el peso de la ley.
El resultado es que hasta ahora no se mueve ningún proyecto, varios han sido atacados vilmente (las zanjas del ingreso a las Bambas se quedaron abiertas durante seis meses).
Algo aún peor, la mejor idea del gobierno para enfrentar los conflictos, el ‘adelanto social’, fue malograda por el propio gobierno (Ministro de Energía y Minas) al apurar desembolsos y ofrecimientos sin concordancia con el desarrollo de los proyectos mineros. La idea era que el Estado pudiera acompañar la inversión de los proyectos mineros con inversiones paralelas en programas de impacto social para las poblaciones cercanas a los proyectos, ya sea en infraestructuras sociales o programas productivos.
Para ello, una vez definida la viabilidad de un proyecto, tanto económica, ambiental como socialmente, e iniciada la inversión, el Estado podría crear un fideicomiso para financiar el ‘adelanto social’, por un monto que representara una fracción importante del estimado del valor presente del canon que generaría el proyecto, digamos el 30%. Gran concepto. Pero el gobierno empezó a entregar dinero en Cajamarca sin ninguna relación con una inversión específica en nombre del ‘adelanto social’, y peor aún, hasta ahora no ha podido definir la naturaleza del mismo, como lo hemos definido nosotros líneas arriba. Así, el gobierno está desperdiciando la oportunidad de crear un importante incentivo para que el proceso de evaluación de los proyectos mineros, se hagan con mayor objetividad, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de arriesgar todo, tanto el futuro de la inversión privada en el proyecto, como pública en el ‘adelanto social’, pues ambas correrían la misma suerte, o se dan en conjunto, o ambas se frustran.
La paralización de la demanda interna
No terminado aún el año 2016, el Ministro de Economía y Finanzas paralizó el crecimiento de la demanda interna, al cortar el gasto público y dar una pésima señal al sector privado. El resultado fue una caída pronunciada de las fuerzas internas de la economía, la devaluación de las esperanzas en el nuevo gobierno y un impacto negativo adicional en el crecimiento de la economía.
La paralización de las inversiones en los proyectos de infraestructuras
La lucha contra la ‘tramitología’ era una de las más populares e importantes ofertas de gobierno. Se daba por hecho que sería una de las prioridades del gobierno (a pesar de no poder ejecutar la ‘ley del ocaso’’, planteada por Fuerza popular). Lamentablemente, los avances en desregulación fueron muy tímidos e inefectivos, con la excepción de los desarrollados en el Ministerio de la Producción. El ministro que tenía más responsabilidades y retos en este tema era el de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quién ni siquiera pudo destrabar el proyecto de la Línea 2 del Metro. Por su lado, el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, declaró que “Efectivamente, durante la campaña nosotros quizás fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos, pero estos 18 mil millones de dólares que nosotros nos propusimos destrabar la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”.
La paralización por el escándalo de Odebrecht
Ya hemos explicado que el desastre del destape de corrupción que nos abruma, fue diseñado por el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, el socio de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) y sus brazos empresariales, las constructoras brasileñas, con las que pretendía penetrar política y económicamente toda la región.
Lamentablemente, cuando estalló el escándalo, el gobierno no pudo establecer una estrategia clara para enfrentarlo y dejó que poco a poco, se fueran generando diversas reacciones, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el sistema financiero y el Estado.
Empecemos por el Estado. El vacío de dirección permitió que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas e inspiradas en su buen entender y también, en algunos casos, por razones de lucimiento político. Ésta cadena de acciones creó un verdadero caos y desorientación, exacerbando las reacciones de los medios y la opinión pública, con lo cual se generó un proceso de retroalimentación de más acciones ‘punitivas’ y una imparable cacería de brujas.
Lógicamente, todo esto propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales de Lula (Odebrecht), arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. Además, los funcionarios públicos de varios ministerios asumieron la actitud de no firmar ningún documento que pudiera vincularlos con la cacería de brujas. Los bancos empezaron a alterar sus flujos crediticios, en un ambiente en el que el crédito ya venía ralentizándose. Así, se empezaron a acumular cuentas impagas de planillas, proveedores y contratistas, corriendo el terrible riesgo del corte de la cadena de pagos.
En Lampadia, el 19 de enero, 2017 (A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), aconsejamos oportunamente, que el Estado ‘interviniera’ las empresas y proyectos manejados por los brazos empresariales de Lula. Esto hubiera dado una imagen de fuerza y liderazgo al gobierno y, mediante la presencia de cada interventor en las empresas y proyectos, se podría haber evitado la salida de caja hacia los accionistas brasileños. Pero además, se hubiera marcado la línea de acción del Estado, dando tiempo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para hacer las necesarias investigaciones sin interferir en la vida de las empresas y proyectos, debidamente cautelados por los interventores.
El vacío de liderazgo ha ido multiplicando los impactos del escándalo y se ha llegado hasta afectar a las empresas peruanas que tenían asociaciones con Odebrecht, sin separar las eventuales responsabilidades delictivas de algunos de sus dirigentes, de la suerte de las empresas, llenas de miles de trabajadores muy eficientes y honestos, que no tienen ninguna vinculación con procederes inadecuados. El caso más notorio es el de Graña y Montero (GyM), pero también están en el mismo predicamento, otras importantes empresas peruanas.
GyM inclusive ha cambiado su directorio para separar las eventuales responsabilidades personales de sus anteriores dirigentes de la suerte de la empresa. Y ahora que el Perú tiene que enfrentar de la mejor manera posible la ‘reconstrucción con cambios’, se pretende evitar que estas empresas puedan participar en las obras. El primero en caer en el error de apreciación fue el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Primer Ministro tuvo que aclarar que la ley no impedía contratar a esas empresas. Pero más tarde, una procuradora Katherine Ampuero, y el nuevo director del programa de reconstrucción, Pablo de la Flor, insistieron en excluir a las mismas empresas. Finalmente, el Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto en la necesidad de invocar a estas empresas que se inhiban de participar en la reconstrucción, por decisión propia, ya que la ley no lo impide.
Para esto, en el Congreso de la República, corre un Proyecto de Ley (1410-2017), que modificaría al Decreto de Urgencia (DU 003-2017), para que las personas jurídicas, empresas, que tengan alguna vinculación con aquellas directamente vinculadas en actos de corrupción (llámese Odebrecht), sean excluidas de toda futura relación con el Estado.
Veamos qué implica esto:
El Perú no puede seguir a la deriva. El gobierno central, el ejecutivo, tiene que marcar la pauta y el Congreso debe dejar de apurar normas precipitadas. Está claro que el estilo de gobierno del Presidente de la República es muy democrático y deja que las distintas fuerzas políticas, incluso en su propio entorno, vayan balanceándose y compensándose hasta llegar a eventuales planos de acción o inacción común. Pero, en un momento como el actual, que a pesar de su gravedad, no se hace evidente a todos. Por lo tanto, es indispensable que el Primer Ministro, Fernando Zavala, ejerza un liderazgo firme, ilustrado e inspirador.
Le toca a Zavala tocar las campanas a rebato, parar las contradicciones internas del equipo de gobierno y convocar a un diálogo serio a Fuerza Popular. La suerte de los peruanos llama a sus mejores hombres a estar a la altura de las circunstancias. Lampadia
