Viernes, 19 de Abril del 2024 
El Gobierno del Perú tiene una clara decisión política de resarcir a las Víctimas de la Violencia Armada en las décadas del ochenta y noventa, y ha destinado 230 millones 449 mil 150 nuevos soles en reparaciones en los últimos tres años, informó el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), Henry José Ávila Herrera. De esta cifra, las reparaciones económicas individuales ascendieron a 195 millones 176 mil 735 nuevos soles (unos 70 millones de dólares) a favor de 54,840 beneficiarios agrupados en un total de once listas.
El alto funcionario del Minjus indicó que en las reparaciones económicas se logró avanzar en casi el 65% de los beneficiarios. Respecto a reparaciones colectivas, informó que se financiaron 328 proyectos de reparación colectiva en 326 comunidades campesinas y nativas, por un monto de 32 millones 239 mil nuevos soles.
Esta cifra equivale a unos 11 millones 555 mil dólares durante el período 2012-2013, destacó el viceministro de Derechos Humanos. De otro lado, explicó que la Guía Técnica del Aborto Terapéutico responde a la responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa), de diseñar una guía en virtud de lo que establece el Código Penal peruano.
Respecto del proyecto de la Ley de la Unión Solidaria, explicó que estas formas de familia, como la unión civil entre personas del mismo sexo u otras como los pactos de solidaridad, tienen viabilidad constitucional en opinión del Ministerio de Justicia.
De otro lado, el viceministro José Ávila manifestó que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 identifica al Perú como un país serio, respetuoso de los instrumentos internacionales y lo pone a la vanguardia en la defensa de los principios fundamentales de las personas.
En ese sentido, recordó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú y Colombia con la Unión Europea (UE), exige a ambos países latinoamericanos un respeto a los derechos humanos. Ávila Herrera señaló que el Plan Nacional tiene una serie de indicadores que serán medidos progresivamente, pues al 2016 debe producirse una optimización del servicio público en diferentes ámbitos. Informó, además, que el Plan cuenta con cuatro ejes estratégicos, siendo uno de los principales el educativo, para elevar los niveles de conocimiento que tiene la población sobre sus derechos y deberes.
