Martes, 16 de Abril del 2024 
Madrid, may. 02 . El gobierno español advirtió el miércoles que “vigilará” que Bolivia pague un “justiprecio” por la expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de la española Red Eléctrica Corporación (REE), aunque aseguró que esa medida no tendrá ningún “efecto relevante” en las cuentas de la compañía.
“El gobierno español va a vigilar y va a atender en lo que es efectivamente la asistencia al justiprecio en estas inversiones”, afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas.
De Guindos quiso así, en la primera reacción de Madrid tras la decisión boliviana, lanzar un mensaje de firmeza ante lo que constituye la segunda expropiación a una empresa española en 15 días en América Latina.
El aporte de la boliviana Transportadora de Electricidad “a las cifras de negocios del grupo Red Eléctrica Corporación es de un 1,5 %”, por lo cual “no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados” del grupo, afirmó la empresa española en un comunicado.
REE, a través de Red Eléctrica Internacional (filial encargada de inversiones en el exterior), compró en 2002 el 99,94 % de TDE por unos 89 millones de euros.
La repercusión económica sin embargo parece pesar menos en el caso boliviano que el mensaje que se perfila de pérdida de seguridad jurídica en América Latina para las inversiones españolas, tras el percance en Argentina, donde el 16 de abril el gobierno anunció la expropiación de casi toda la participación de Repsol en YPF (que pasará de 57,4 % a 6,4 % del total).
“Acciones de este tipo envían una señal negativa a los mercados sobre el clima de negocios para invertir en Bolivia. Confiamos en que las autoridades bolivianas cumplan sus compromisos de inversión con España y garanticen una compensación rápida y adecuada”, subrayó el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy.
“Hemos invertido mucho dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y hemos arreglado muchos problemas económicos de estos países para que ahora nos traten de esta manera”, se quejó el vicepresidente de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández.
Fernández pidió una respuesta “más contundente” de Madrid porque “luego podrían venir otros países, como Ecuador o Venezuela”, con gobiernos que ostentan agendas nacionalistas.
Morales promulgó la medida en medio de protestas de sindicatos obreros en La Paz y varias ciudades de Bolivia por un incremento salarial superior al 8% y de médicos y paramédicos que rechazan un decreto que sube la jornada laboral de 6 a 8 horas.
