
El
presidente Alan García decidió
pasar del discurso del “perro del hortelano”
a la expropiación directa de las tierras
comunales, según denuncian modestos campesinos
de San Pedro de Lloc que disputan 1,234 hectáreas
de terreno con la empresa Gandules INC SAC,
beneficiada irregularmente por los funcionarios
de ProInversión y el Proyecto Especial
Jequetepeque-Zaña (Pejeza).
Lo curioso es que tras la venta, el primogénito
del mandatario, Alan Simón, fue visto
en Pacasmayo ofertando “trabajo”
a quienes les daban el visto bueno a Gandules,
lo que generó un sinnúmero de
suspicacias, tal como lo reveló el
presidente de las rondas campesinas de San
Pedro de Lloc, Alfredo Arrivasplata.
Los comuneros recordaron que las visitas
del presidente García a la represa
de Gallito Ciego, la presencia de helicópteros
de la Marina y la Policía en la zona
en disputa, así como los custodios
del orden no son casuales, sino la prueba
de que detrás de todo eso está
la mano de Alan García.
Todo comenzó cuando las autoridades
de ProInversión y Pejeza vendieron
a comienzos de año las tierras de la
comunidad de San Pedro de Lloc a la empresa.
El área está ubicada en el kilómetro
667 de la Panamericana Norte.
Basados en el Decreto Supremo 556 expedido
por el fujimorato en 1990, que autorizaba
a INADE a inscribir las tierras eriazas aledañas
a los proyectos especiales de irrigación,
las autoridades procedieron a la venta, sin
revisar los planos catastrales.
Pero, ¿qué hay detrás
de la disputa? Pues que esos terrenos se beneficiarán
con el proyecto especial Gallito Ciego, una
obra elefantiásica que apenas dota
de agua a 6 mil hectáreas, pero costó
283 mil millones de dólares, y que
ahora sirve a empresas agroexportadoras como
Gandules INC SAC.
Días después se procedería
a la ocupación. El fiscal Carlos Andrés
Pérez Carrión constató
la presencia de decenas de policías
y agentes de la empresa Security, que respaldaron
la ocupación. A los dirigentes de la
comunidad, encabezados por Pedro Guanilo Abanto,
no les quedó más que presentar
denuncia por delito de invasión de
propiedad, así como una medida cautelar
reclamando la nulidad del asiento registral.
Sin embargo, Gandules pretende continuar con
la invasión reconociendo únicamente
un pago de 48 soles por hectárea, asistencia
técnica para levantar el plano catastral
y contratar a los comuneros para la temporada
agrícola, tal como lo anunciara Alan
Simón García.
El tira y afloja busca doblegar a la dirigencia
de la comunidad para que la empresa Gandules
pase a ser un socio más, con los mismos
derechos y obligaciones de los demás
comuneros. Entre tanto, el Comité de
Defensa rechaza el acuerdo, señalando
que es irregular la venta de las tierras firmada
y suscrita por los funcionarios de Alan García.
Otra de las razones de la disputa es el uso
del agua. El ex regidor César Cáceres
Vargas denunció que Pejeza reconoció
que la represa arrojó al mar más
de 160 millones de metros cúbicos de
agua el año pasado, pese a que la comunidad
no puede usar el agua sobrante.
Muchas empresas alentadas por la producción
de etanol le han puesto la puntería
a las tierras comunales. Guanilo Abanto informó
que la empresa norteamericana AFIC CORP, requiere
de 30 mil hectáreas de terreno para
sembrar piñón y extraer su aceite
para usarlo como biodiesel. En total, cuenta
con 26 millones de dólares para invertir
en las tierras. ¿A alguien le interesa
el negocio?.