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   NOTICIAS DEL DIA
Comuneros acusan a García por expropiación de terrenos
El presidente Alan García decidió pasar del discurso del “perro del hortelano” a la expropiación directa de las tierras comunales, según denuncian modestos campesinos de San Pedro de Lloc que disputan 1,234 hectáreas de terreno con la empresa Gandules INC SAC, beneficiada irregularmente por los funcionarios de ProInversión y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (Pejeza).

Lo curioso es que tras la venta, el primogénito del mandatario, Alan Simón, fue visto en Pacasmayo ofertando “trabajo” a quienes les daban el visto bueno a Gandules, lo que generó un sinnúmero de suspicacias, tal como lo reveló el presidente de las rondas campesinas de San Pedro de Lloc, Alfredo Arrivasplata.

Los comuneros recordaron que las visitas del presidente García a la represa de Gallito Ciego, la presencia de helicópteros de la Marina y la Policía en la zona en disputa, así como los custodios del orden no son casuales, sino la prueba de que detrás de todo eso está la mano de Alan García.

Todo comenzó cuando las autoridades de ProInversión y Pejeza vendieron a comienzos de año las tierras de la comunidad de San Pedro de Lloc a la empresa. El área está ubicada en el kilómetro 667 de la Panamericana Norte.

Basados en el Decreto Supremo 556 expedido por el fujimorato en 1990, que autorizaba a INADE a inscribir las tierras eriazas aledañas a los proyectos especiales de irrigación, las autoridades procedieron a la venta, sin revisar los planos catastrales.

Pero, ¿qué hay detrás de la disputa? Pues que esos terrenos se beneficiarán con el proyecto especial Gallito Ciego, una obra elefantiásica que apenas dota de agua a 6 mil hectáreas, pero costó 283 mil millones de dólares, y que ahora sirve a empresas agroexportadoras como Gandules INC SAC.

Días después se procedería a la ocupación. El fiscal Carlos Andrés Pérez Carrión constató la presencia de decenas de policías y agentes de la empresa Security, que respaldaron la ocupación. A los dirigentes de la comunidad, encabezados por Pedro Guanilo Abanto, no les quedó más que presentar denuncia por delito de invasión de propiedad, así como una medida cautelar reclamando la nulidad del asiento registral. Sin embargo, Gandules pretende continuar con la invasión reconociendo únicamente un pago de 48 soles por hectárea, asistencia técnica para levantar el plano catastral y contratar a los comuneros para la temporada agrícola, tal como lo anunciara Alan Simón García.

El tira y afloja busca doblegar a la dirigencia de la comunidad para que la empresa Gandules pase a ser un socio más, con los mismos derechos y obligaciones de los demás comuneros. Entre tanto, el Comité de Defensa rechaza el acuerdo, señalando que es irregular la venta de las tierras firmada y suscrita por los funcionarios de Alan García.

Otra de las razones de la disputa es el uso del agua. El ex regidor César Cáceres Vargas denunció que Pejeza reconoció que la represa arrojó al mar más de 160 millones de metros cúbicos de agua el año pasado, pese a que la comunidad no puede usar el agua sobrante.

Muchas empresas alentadas por la producción de etanol le han puesto la puntería a las tierras comunales. Guanilo Abanto informó que la empresa norteamericana AFIC CORP, requiere de 30 mil hectáreas de terreno para sembrar piñón y extraer su aceite para usarlo como biodiesel. En total, cuenta con 26 millones de dólares para invertir en las tierras. ¿A alguien le interesa el negocio?.

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Flores-Aráoz oculta a asesinos de Putis
El director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, emplazó ayer al ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, y al comandante general del Ejército, Edwing Donayre, dejar atrás el espíritu de cuerpo y entregar de una vez por todas la documentación necesaria que permita enjuiciar a los militares que protagonizaron la matanza de Putis.

Dijo que a pesar que el Ministerio Público y el Poder Judicial han requerido los informes correspondientes a la matanza de Putis al sector Defensa, éste se niega a entregar la información, celosamente guardada en los archivos del EP.

Reveló que en varias reuniones con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo dejó sentada la posición que corresponde a la Fiscalía insistir en tales requerimientos y en caso las autoridades no respondan, interponer una denuncia por entorpecer la administración de justicia.

En el mismo sentido, se manifestó el representante de Paz y Esperanza, Nolberto Lamilla, quien señaló que hasta la fecha no existe algún gesto por parte del ministro Antero Florez Aráoz en responder a los requerimientos sobre las hojas de vida del personal militar que sirvió en Putis en esa época.

Enfatizó que el Estado mantiene en el olvido a la población de Putis, por lo que se ha constituido una Comisión Multisectorial para la Reconstrucción de Putis que llegó el pasado lunes a esa ciudad, ubicada a 5 horas de la ciudad de Huanta, para reunirse con los pobladores y recoger sus necesidades. Desde 1997 los desplazados retornaron progresivamente con sus propios esfuerzos, pero viven olvidados y marginados. Este diario conoció que, según el Consejo Regional de Reparaciones, 113 afectados ya están incorporados en el Registro Único de Víctimas.

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Aprodeh recuerda que falta hallar e identificar los cuerpos de otras víctimas de La Cantuta
Está pendiente hallar e identificar los cuerpos de otras víctimas de los crímenes perpetrados en la Universidad Guzmán y Valle, La Cantuta, a manos del Destacamento Colina. Así lo señaló el director de Aprodeh, Francisco Soberón.
Como se recuerda, hace 16 años se produjo ell asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Guzmán y Valle, La Cantuta, a manos del Destacamento Colina.
“Recordamos los 16 años con esperanza y aliento, con algunos avances en acceso a la justicia con la condena a los miembros del Grupo Colina y a Julio Salazar Monroe (ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional), y en perspectiva con la de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Luis Pérez Documet. Con la entrega de los restos identificados hay un avance en las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó.
“Aún está pendiente hallar e identificar los cuerpos de otras víctimas, así como la entrega de una indemnización a sus familiares, tal como lo determina el fallo de la CIDH. “Esperamos que en el resto de este año el Estado siga cumpliendo con las obligaciones de dicha resolución”, refirió.
Los restos de algunas de las víctimas fueron trasladados ayer viernes a la Universidad La Cantuta, donde fueron velados en un acto simbólico.
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