Lima, 27 de Enero del 2023.- El 5to Juzgado De Investigación Preparatoria Del Callao dictó condena de cinco años de prisión efectiva contra James Lenin Farfán Saavedra, delincuente reincidente que fuera detenido en flagrancia el último 14 de enero mientras robaba cables de los postes en el Fundo La Chalaca en el Callao. Cabe señalar que, desde junio 2021, esta persona fue capturada en cuatro oportunidades cometiendo este delito y fue procesada en dos oportunidades durante el 2022, recibiendo en ambos casos sentencia de prisión suspendida por 3 y 2 años.
El robo de cables de telecomunicaciones, cuyo objeto es la comercialización del cobre en el mercado ilegal, es un delito que va en aumento y que no solo perjudica a los clientes al interrumpir la conectividad, perjudicando estudios, trabajo y negocios. Estos robos impactan con especial gravedad a los servicios públicos y del estado, como hospitales, comisarÃas, bomberos, etc. afectando a toda la ciudadanÃa. Además de interrumpir las comunicaciones, los robos de cables ponen en peligro a la población ya que en la mayorÃa de casos los delincuentes dejan al descubierto cámaras subterráneas, lo que constituye un grave riesgo para los transeúntes y vehÃculos que pasan por la zona.
En el 2022 se registraron 55 eventos de robos de cable en todo el paÃs, lo que perjudicó a más de 95 mil personas, siendo Lima y Callao las regiones con mayor incidencia en el paÃs, seguidas de Trujillo y Piura.
Cabe destacar que durante el 2022 se detuvo en flagrancia a 173 delincuentes a nivel nacional. Sin embargo, la labor de la policÃa se ve truncada por la falta de órdenes de prisión preventiva por parte de las autoridades. El robo de cables de telecomunicaciones es un delito que tiene penas que van desde los 4 a 8 años de prisión efectiva, sin embargo, en los últimos doce meses solo 2 delincuentes han sido sentenciados a prisión efectiva.
Movistar precisa que hoy más que nunca la conectividad y los servicios de telecomunicaciones son fundamentales para todos los peruanos, lo que incluye que las personas estén comunicadas y los servicios públicos y privados como hospitales, bomberos, etc. puedan seguir funcionando. Asimismo, realiza un llamado a la ciudadanÃa a denunciar cualquier acto sospechoso que pueda atentar contra los servicios de telecomunicaciones e invoca a las autoridades judiciales den la debida diligencia a estos casos y sancionar, como indica la ley, a los responsables.
