En línea con la jefa del Gabinete Ministerial, el ministro de Justicia pidió al TC dar celeridad a la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que autoriza la devolución de aportes a los afiliados a la ONP

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, afirmó que el Gobierno presentará hoy la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de devolución de los aportes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El jueves pasado, el Congreso de la República aprobó por insistencia la mencionada ley que dispone autorizar el retiro de fondos de la ONP hasta 1 unidad impositiva tributaria (UIT), equivalente a un monto de S/. 4,300, por única vez y de manera excepcional para los aportantes activos e inactivos al sistema nacional de pensiones.

Esto, pese a que el presidente Francisco Sagasti había dicho que acudiría al Tribunal Constitucional (TC) si el Parlamento aprobaba la norma.

“Estamos siguiendo la ruta que ya había trazado el Ejecutivo. En este sentido, hemos aprobado en el Consejo de Ministros la presentación de una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional [contra la ley de devolución de aportes de la ONP]”, dijo el ministro de Justicia.

“El día de hoy el procurador en materia constitucional, el doctor Luis Huerta, debe estar presentando esa demanda. Es cuestión de horas para que lo vaya a hacer”, agregó.

En línea con lo dicho por la primera ministra Violeta Bermúdez en la víspera, Vega exhortó al TC dar celeridad a demanda de inconstitucionalidad contra la ley que autoriza la devolución de los aportes administrados por la ONP.

“Hay plazos que están establecidos en el propio código procesal constitucional, nosotros quisiéramos invocar al Tribunal Constitucional por la urgencia, por lo que significa este proceso que pueda hacerlo de alguna manera de la forma más célere, más pronto posible y poder acudir a los propios medios que la propia Constitución y el propio Código Procesal Constitucional autorizan”, sostuvo Vega.

Detalló que para el Gobierno hay tres elementos que fundamentan que la norma aprobada por el Parlamento es inconstitucional: se vulnera el equilibrio fiscal, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y se afecta el derecho a la pensión de las personas.

“Nos corresponde esperar el pronunciamiento que el Tribunal Constitucional vaya emitir sobre este tema”, concluyó Vega.

Fuente: Gestion.