Pacientes Covid-19 pueden ser derivados de Hospital o ir directamente a ClÃnicas
Los pacientes con Coronavirus que requieran cama en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) podrán ser derivados de un Hospital Público a una ClÃnica Privada gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el gremio que agrupa a las clÃnicas.
Asà lo explicó esta mañana el ministro de Salud, VÃctor Zamora, al expresar su satisfacción por haberse logrado por fin el intercambio prestacional para atender en clÃnicas a pacientes graves que no tienen espacio en los hospitales del Ministerio de Salud, de EsSalud o de los gobiernos regionales.
Además de la posibilidad de ser derivados (o referidos) desde un hospital, la atención directa en clÃnicas privadas de un paciente que requiera cuidados intensivos también es un mecanismo contemplado dentro del acuerdo alcanzado con las clÃnicas, añadió el ministro.
Este pacto beneficiará a los peruanos que tengan EsSalud, Seguro Integral de Salud (SIS) e incluso a quienes tengan un seguro privado con un lÃmite menor de cobertura y que, al no poder sostener el pago, requieran ser trasladados a la UCI de un hospital público.
“Se optará por la primera cama (de UCI) que esté libre en el sistema, ya sea pública o privada”, puntualizó. Para ello, refirió, en la cita se ha decidido utilizar una Plataforma Única de Gestión de Camas, a fin de ver cuál está libre y se pueda ser usada de inmediato.
De acuerdo con el Comando Covid-19, actualmente se cuenta con 1 400 camas UCI entre públicas y privadas, de las cuales más del 80% son del sector público. Se prevé que en las siguientes semanas se llegará a las 2 000 mil camas.
“Lo importante aquà es la salud de las personas. No podemos demorar en su atención porque están dando vueltas en la ciudad, buscando una cama UCI; eso va en contra de la sobrevivencia de nuestros compatriotas”, apuntó.
El titular de Salud estimó que este viernes se deberÃa firmar el contrato con la asociación de clÃnicas para poner en marcha los acuerdos de anoche y afinar además el mecanismo a través del cual se hará la hospitalización de los pacientes covid-19.
“Este mecanismo será discutido en el momento en que se elabore el contrato para evitar que los flujos no sean burocráticos ni totalmente flexibles”, anotó.
AuditorÃa recurrente
Zamora señaló que la utilización de las UCI de las clÃnicas por las que el SIS o EsSalud pagarán se realizará bajo una auditorÃa recurrente por parte de un representante de EsSalud y del Minsa.
“La auditorÃa debe certificar que los derechos del paciente se cumplan de manera estricta según el protocolo de atención diseñado por el Ministerio de Salud. La salud de nuestra población sigue siendo la prioridad”, afirmó.
Deudas de familias
Sobre la deuda de las familias que decidieron por su cuenta utilizar los servicios de clÃnicas y que ahora afrontan cuentas altÃsimas, el ministro dijo que se ha establecido un proceso de revisión de cada caso, pues no se quiere que las familias caigan en la pobreza.
“Tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de la ley, además de verificar que no haya cobros excesivos”, refirió.
De otro lado, el ministro dijo que el 30 de junio, cuando acabe la cuarentena, todos quienes habitamos en el territorio nacional tendremos nuevas reglas de convivencia.
“El toque de queda continuará. No están descartadas las restricciones en zonas que requiere mayor confinamiento. Primero mi Salud significa que el ciudadano y ciudadana tiene que cumplir con el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente.
El acuerdo fue alcanzado ayer en horas de la noche, luego que el presidente MartÃn Vizcarra, diera -al mediodÃa- un ultimatum de 48 horas a fin de que las clÃnicas privadas brinden atención a los pacientes afectados por covid-19 a una tarifa razonable asumida por el Gobierno.
“Vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, esperemos que asà sea; pero de no ser el caso, pensando en la salud y la vida, invocaremos el artÃculo 70 de la Constitución”, manifestó.
Dicho artÃculo refiere que el derecho a la propiedad es inviolable, que el Estado la garantiza, y que a nadie se le puede privar de ello salvo por un tema de seguridad nacional o necesidad pública.