Martes, 16 de Abril del 2024 
El Congreso de la República publicó hoy la Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, con la cual prohíbe que esa publicidad se realice a través de medios de comunicación y que fue calificada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como la ‘Ley Mordaza’.
La ley establece que a partir de su entrada en vigencia, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo.
Dichas entidades públicas deberán igualmente suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial, aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios y consignar en ellas sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social.
Sobre este último punto, la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, advirtió que monopolizar la difusión de información estatal por redes sociales permitirá entrar al “campo de la posverdad, donde ganará quien tenga el mejor ejército de trolls”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, informó que dicha institución demoraría entre tres y cuatro meses para resolver las demandas de inconstitucionalidad que vayan a presentarse contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.
En declaraciones a la agencia Andina, Blume explicó que el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad tiene plazos contados en días hábiles, por lo cual estima un pronunciamiento final en cuatro meses como máximo.
De acuerdo a la normatividad, cuando el TC recibe la demanda, tiene un plazo de diez días para evaluar su admisibilidad.
Si hay un error, el documento es devuelto para ser subsanado. Una vez admitida la demanda, el TC informa al Congreso a fin de obtener su respuesta en un máximo de treinta días.
Una vez recibida la respuesta de la parte demandada, el TC convoca a una audiencia en la cual escucha a las partes. La decisión puede ser anunciada ahí o dejada al voto.
Blume precisó que, de llegarse a presentar varias acciones de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, estas serían acumuladas para agilizar el proceso.
“Si se dan demandas constitucionales sobre la misma ley, estas serían acumuladas con la finalidad de verlas en un solo proceso”, manifestó.
Tras la aprobación por insistencia por parte del Congreso de la mencionada ley, el Ejecutivo anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad, al considerar que dicha normativa afecta el derecho de la población de estar informada sobre temas relevantes relacionados con el accionar del Estado.
Según la Constitución Política, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el Presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, y el 25% del número legal de congresistas.
Igualmente, 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales, y los colegios profesionales en materias de su especialidad.
