Seúl, feb. 27. La fiscalÃa surcoreana pidió este martes 30 años de prisión contra la expresidenta Park Geun-hye, destituida por un enorme escándalo que puso al descubierto las oscuras conexiones entre el mundo de la polÃtica y de los negocios.
La destitución de Park, de 66 años, fue confirmada en marzo de 2017 por la máxima corte del paÃs. Desde entonces está en prisión preventiva.
“Pedimos al tribunal que dicte una sentencia de 30 años de prisión y una multa de 118.500 millones de wones [110 millones de dólares] contra la acusada, que debe ser considerada responsable del escándalo en tanto que 18ª presidente del paÃs”, dijo la fiscalÃa en un comunicado leÃdo en el tribunal.
La fiscalÃa acusa a Park de haber aceptado, en colaboración con su confidente y amiga Choi Soon-sil, sobornos por valor de 59.200 millones de wones de tres grandes conglomerados surcoreanos (Samsung, Lotte y SK) a cambio de favores polÃticos.
Park también está inculpada por haber obligado a 18 empresas a “donar” un total 77.400 millones de wones a dos fundaciones controladas por Choi.
El tribunal del distrito central de Seúl condenó hace poco a Choi a 20 años de prisión por abuso de poder, corrupción e injerencia en los asuntos de Estado.
“La acusada abusó del poder que tenÃa de manos del pueblo para el beneficio personal de la señora Choi y el suyo propio”, indicó la fiscalÃa.
“Violó los valores constitucionales fundamentales de protección de la economÃa de mercado y de la libertad democrática (…) En consecuencia la acusada se convirtió en la primera presidente en ser despedida por destitución, infligiendo al paÃs una cicatriz imborrable”, añade.
Park, la hija mayor del dictador Park Chung-Hee, creció en el palacio presidencial, donde su padre dirigió el paÃs desde 1961 hasta su asesinato en 1979. Durante décadas estuvo considerada como la “princesa” polÃtica del paÃs.
Pero en un contexto de dificultades económicas y sociales, miles de personas salieron a las calles para pedir su dimisión cuando se reveló el caso.
Park fue destituida en diciembre de 2016 por el parlamento, una decisión confirmada tres meses más tarde por el Tribunal Constitucional, lo que permitió levantar su inmunidad e inculparla.
