“Los malditos de Santa Rosa” venía operando desde el año 2001

Lima, ene. 31. Más de 800 mil metros cuadrados de terrenos usurpados y una ganancia superior a los 20 millones de soles es el resultado del accionar de la organización criminal “Los malditos de Santa Rosa”, la cual fue desarticulada esta madrugada en un megaoperativo de la Policía y la Fiscalía. Conoce cómo operaba.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fiscalía de Crimen Organizado, explicó que esta organización criminal, liderada por el alcalde de Santa Rosa, Carlos Arce Arias, venía operando desde el año 2001. Junto al burgomaestre fueron detenidos 29 de sus cómplices

Entre los delitos que se le imputa a la organización criminal figuran usurpación agravada de terrenos, colusión agravada, cohecho pasivo, peculado doloso y falsificación de documentos.

“Los malditos de Santa Rosa” seleccionaban los terrenos que querían usurpar dependiendo de si cumplían las condiciones para ser invadidos. Una vez que eran ocupados, instalaban módulos prefabricados y de material noble para acreditar la residencia y antigüedad en el lugar.

El siguiente paso era disponer elementos de seguridad en la zona para preservar los diferentes terrenos usurpados, de preferencia gente de mal vivir.

Luego creaban asociaciones de vivienda o asentamientos humanos cuya documentación era legalizada ante la municipalidad de Santa Rosa.

Los responsables de la venta de los terrenos se encargaban de ofrecer y revender lotes para la consecución de réditos. En paralelo, los integrantes de la organización criminal promovían procesos judiciales para evitar que las autoridades competentes pudieran desalojarlos.

La estructura criminal de “Los malditos de Santa Rosa” incluía roles como el de un brazo armado, financistas, usurpadores, soporte administrativo, testaferros, vendedores, intermediarios, asesor legal, seguridad de invasiones, pobladores y colaboradores.

Este último papel era realizado por funcionarios del Estado. En esa lista aparecen el regidor Luzgardo Pachacama Mayhuire; el juez de paz Miguel Aguirre Misprieta, el trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Óscar Gutiérrez Pérez y el suboficial PNP Héctor Alata Suárez, entre otros.

Tras señalar que algunos de estos terrenos eran regalados a cambio de réditos políticos de la población beneficiada, Chávez Cotrina dijo que será función del municipio determinar la situación jurídica de esos predios.

“Obviamente los terrenos tienen que ser devueltos a sus legítimos propietarios”, manifestó.

De otro lado, Chávez Cotrina indicó que la fiscal a cargo del caso está investigando la relación que tendría esta organización criminal con al menos 6 asesinatos en la zona.