La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró de necesidad pública la Inversión Privada en actividades mineras y autorizó que la Sociedad Minera San Miguelito, que cuenta con inversión extranjera, adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país.

Así, mediante el Decreto Supremo 011, la PCM generó una excepción a la disposición de la Constitución Política que prohibe que los extranjeros adquieran o posean título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustible ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad; dentro de los 50 kilómetros de frontera.

Según señala la norma publicada hoy, la Sociedad Minera San Miguelito es una empresa peruana que tiene como inversionistas a Plexmar Resources INC., persona jurídica constituida baja las leyes de Canadá, con un porcentaje de participación como inversionista extranjeros en el capital de la empresa de 99,9% y a Danilo Guevara Cotrina, persona natural con un porcentaje de participación como inversionista en el capital de la empresa de 0,01%.
Fue Guevara Cotrina quien solicitó adquirir dos derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte, específicamente en el departamento de Piura.

El Ejecutivo señaló que la solicitud de la empresa contó con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con ello la firma podrá adquirir dos derechos mineros ubicados en la provincia de Ayabaca, en Piura.

LA POLÉMICA EN FRONTERAS

Sin embargo, no por ello la autorización pasará desapercibida. La inversión extranjera en zonas fronterizas se debatió y generó polémicas varias veces el año pasado.

En diciembre el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), anunció que plantería ante el Congreso una reforma que modifique el artículo 71 de la Constitución de la República para permitir el ingreso de inversiones extranjeras en zonas de la frontera del país.

“Tenemos que trabajar más en las fronteras, que están abandonadas. Tenemos que permitirles que atraigan inversiones, hoy hay restricciones”, dijo el mandatario durante la ceremonia por el 193° Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército peruano.

Además, en agosto de 2017, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó un decreto supremo que declaraba de “necesidad pública” que el grupo Falabella adquiriera un terreno en Tacna, dentro de la frontera entre el Perú y Chile.

La norma entusiasmó a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, pero fue rechazado por los usuarios de la Zona Franca de la región, quienes se encargan de manejar la mayoría de los puestos de mercadillos que abundan en la zona.

Y luego de que 1.500 personas realizaran una protesta en contra de la iniciativa y cerraran sus puestos durante 24 horas, el Gobierno optó por desestimar el DS.

Ese mismo mes, PPK también se pronunció sobre el tema y resaltó que el gerente general de la empresa de capitales chilenos estaba “nervioso” tras enterarse que el DS fue retirado. El mandatario añadió que los tacneños rechazaban tener “un ‘mall’ más.

Sin embargo, días después de lo acontecido, más de mil personas tomaron las calles para pedirle al Ejecutivo que vele por “el progreso y desarrollo de Tacna” y permita el ingreso de capital extranjero, contradiciendo lo señalado por PPK.

La bancada oficialista, por iniciativa del entonces congresista y actual ministro de Vivienda Carlos Bruce, presentó un proyecto de ley que también busca modificar el artículo 71° de la constitución. Este apunta a fortalecer el potencial económico de los cascos urbamos en las fronteras y a regularizar la adquisición y alquiler de inmuebles en la zona.

No obstante, dicha iniciativa permanece en la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República desde el 22 de agosto hasta la fecha.