Jueves, 14 de Diciembre del 2017
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Rajoy recurre a la fuerza policial para descabezar el referéndum ilegal

Publicado el 02/10/17

El Gobierno recurrió este domingo a la Policía Nacional y la Guardia Civil y al uso de la fuerza para descabezar el referéndum de independencia convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. Pese a la ofensiva judicial y policial de las últimas semanas contra la consulta, cientos de colegios electorales abrieron en toda Cataluña en un acto de claro desafío al Ejecutivo y a los tribunales que culminó con numerosas cargas policiales. La Generalitat cifró en 844 las personas atendidas por los servicios médicos. El Govern reivindicó la validez del referéndum pese a carecer de cualquier garantía legal. La notable movilización ciudadana para intentar votar sirvió al president, Carles Puigdemont, para apuntar a una declaración de independencia.

La Generalitat consiguió abrir a lo largo de la jornada del domingo la mayor parte de los 2.315 colegios electorales que había previsto en su dispositivo. Dentro había urnas y papeletas que cientos de voluntarios habían conseguido introducir pese a los controles policiales de los últimos días. Pero la situación no fue en absoluto normal en todo el día, pues quedó patente que el referéndum no ofrecía ninguna garantía legal. El Govern no supo explicar ni el origen del censo empleado ni el método que se usaría para recontar los votos, que se realizó en medio de grandes dificultades técnicas.

La situación de excepcionalidad se hizo todavía más patente por los constantes cierres de colegios por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los Mossos también lo acabaron haciendo en algunos casos, pero la inacción de la policía catalana fue la tónica general durante las primeras horas de la jornada, incumpliendo claramente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impedir la apertura de todos los centros.

La policía autonómica hizo caso omiso también a la exigencia de sacar de los colegios los activistas que los habían ocupado los últimos días para impedir la entrada de la policía. En todos los casos los Mossos argumentaron que su intervención podía aumentar el riesgo de disturbios, especialmente por la presencia de menores en dichas sedes electorales.

La situación estalló a las ocho y media de la mañana, cuando efectivos de la Policía Nacional procedieron al desalojo de colegios electorales en Barcelona y las principales ciudades. La Guardia Civil hizo lo propio en municipios más pequeños. En total fueron cerrados 319 colegios, según datos de la Generalitat.

La imagen de la jornada con centenares de personas intentando votar pacíficamente en muchos colegios electorales habilitados por la Generalitat tuvo la otra cara en los múltiples disturbios que se registraron en otras decenas de centros de votos. En algunos de ellos, grupos de activistas montaron barricadas para obstaculizar que la policía se incautara de las urnas y el material electoral. En algunos casos, las urnas volvieron a aparecer tras los registros y los colegios volvieron a abrir. Al final de la jornada, nadie de la organización había dado detalles sobre el recuento y sus garantías.

La actuación dejó numerosas escenas de uso de la fuerza para romper las cadenas humanas que los manifestantes habían formado para blindar los colegios electorales. Agentes de la Policía Nacional usaron la fuerza en una veintena de escuelas en Barcelona. En algunas, como el instituto Ramon Llull, el Jaume Balmes o la Escuela Mediterránea cargaron contra los votantes. Un joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente fruto del impacto de una pelota de goma en el ojo.

Al menos seis juzgados catalanes abrieron diligencias durante la jornada de ayer para investigar si los Mossos d’Esquadra han desobedecido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de impedir la utilización de locales públicos para celebrar el referéndum de independencia de este domingo.

El objetivo del Gobierno era descabezar el referéndum en los principales centros de población requisando urnas y material electoral. Las actuaciones con entradas por la fuerza en centros electorales provocaron 844 heridos, contusionados y atendidos por ataques de ansiedad, según la Generalitat. Dos de los afectados requirieron hospitalización. En Lleida un hombre de 70 años sufrió un infarto durante el desalojo de un colegio y fue trasladado al hospital en estado crítico.

Entre los colegios que fueron cerrados estaba el del presidente catalán, Carles Puigdemont, en Sant Julià de Ramis (Girona). La operación de la Guardia Civil para cerrarlo fue particularmente aparatosa, ya que los agentes tuvieron que utilizar un mazo para entrar en él y lo hicieron en presencia de decenas de cámaras de televisión que esperaban la llegada del president.

Pese a estas escenas, incluidas las de retiradas de urnas por la fuerza con votos dentro, miles de personas siguieron acudiendo a los centros de voto. El Govern también lo alentó durante todo el día pese a las cargas policiales que se sucedían en toda Cataluña. Sin embargo, el principal mensaje tanto de Puigdemont como de otros miembros de su gabinete estuvo dirigido durante toda la jornada a las autoridades europeas, a las que buscan hacer reaccionar para que se ofrezcan como mediadores en el conflicto.

El consejero de Presidencia, Jordi Turull, fue la cara más visible del Govern durante toda la jornada. Tras las cargas policiales y los cierres de colegios electorales subrayó en una comparecencia sin preguntas que España es “la vergüenza de Europa” y que el país está en una “situación comprometida”, pues auguró que “tendrá que acabar respondiendo delante de los tribunales internacionales”. Puigdemont denunció en un vídeo, tras votar en un colegio alternativo, la “represión enloquecida con violencia injustificable contra gente pacíficamente concentrada” en los colegios electorales. “El Estado español, en una nueva operación de represión contra la población que quiere ejercer su derecho a votar, no ha impedido que mucha gente haya estado votando”, señaló.

Cuando todavía no había transcurrido ni una tercera parte de la jornada electoral el vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, fue el único que quiso insistir en la idea de que lo de ayer era un referéndum vinculante pese a la absoluta falta de garantías.

El Gobierno central vivió la jornada en un clima de máxima tensión. Intentó transmitir la imagen de control de la situación pero sin lograr esconder señales de gran preocupación. La comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno a mediodía buscaba responsabilizar a Puigdemont de lo que estaba ocurriendo en el terreno del orden público. Rajoy no compareció hasta las ocho y cuarto de la noche, cuando muchos colegios seguían recibiendo electores. Rajoy quiso insistir en la idea de que en Cataluña no hubo un referéndum sino una “mera escenificación”. “Se ha demostrado que el Estado tiene recursos para defenderse”, dijo y anunció que comparecerá en el Congreso de los Diputados. También anunció una ronda de contactos con “todos” los partidos con representación parlamentaria.

Proceso de “negociación”
La actuación del Gobierno y las imágenes de uso de la fuerza disgustaron al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y así se lo transmitió al presidente del Gobierno. “Con la misma contundencia que apoyamos el Estado de derecho pedimos al presidente del Gobierno que cumpla con su función”, dijo Sánchez en su comparecencia posterior a la de Mariano Rajoy. El líder socialista llamó a “un proceso de negociación con el Govern de la Generalitat”.

Ciudadanos tardó en mostrar su apoyo a la actuación del Ejecutivo. Fuentes del partido se quejaron de que no se había impedido votar y consideraron que había existido “violencia” en las calles.

Desde el exterior llegaron también algunas críticas tras las muestras de apoyo al Gobierno que las últimas semanas han formulado los gobiernos alemán, francés y la Comisión Europea. Ayer, el presidente de Finlandia, Sauli Niinsistö, dijo que “las conversaciones deben empezar” tras afirmar en las redes sociales que la “situación en España parece seria”. El primer ministro belga, Charles Michel, también criticó los hechos. Condenó “todas las formas de violencia” y lanzó una llamada “al diálogo político”.

La reacción en la calle tuvo su réplica también en los sindicatos. La amenaza de una huelga general en Cataluña subió de nivel con las escenas de utilización de fuerza policial que se sucedieron durante buena parte de la jornada. A pesar de que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, no son partidarios de la huelga general que impulsan algunas centrales poco representativas sí defienden una “gran movilización” en “defensa de las instituciones catalanas”, explicaron fuentes de dichos sindicatos. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se reunió con ellos por la tarde para intentar pactar una estrategia de movilización. Las matrices nacionales de los dos sindicatos instaron a “partidos y Gobiernos” a “encauzar la situación” de Cataluña a “escenarios de diálogo” mediante la vía de la “negociación, deliberación y democracia”.



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