Jueves, 25 de Abril del 2024 
Cerca de 20 mil pasajeros en los aeropuertos argentinos vieron demorados sus vuelos el miércoles de 6 de septiembre tras la masiva paralización por asamblea de gremios aeronáuticos que se manifestaron contra el otorgamiento indiscriminado de nuevas rutas aéreas a empresas insolventes. Acusaron al Gobierno de intentar desmantelar las empresas nacionales.
El mismo miércoles 6 de septiembre, la Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), que representan más del el 90% de los trabajadores del sector, comenzaron con las asambleas en las bases movilizando a más de mil 500 trabajadores, demorando los vuelos de cerca de 20 mil pasajeros en los aeropuertos argentinos como protesta por el otorgamiento indiscriminado de rutas aéreas sin un apolítica clara, acusando intento de desmantelar las empresas nacionales. Luego se dirigieron a la Audiencia Pública 219 de Presentación de Solicitudes de Rutas Aéreas del Ministerio de Transportes a expresar los argumentos de quienes operan diariamente el sector.
Señalaron con claridad que están completamente de acuerdo con la expansión del mercado aeronáutico, la creación de nuevos puestos de trabajo, el fortalecimiento de la conexión interna del país y con el resto del mundo, pero explicaron que las ofertas presentadas en la Audiencia son más bien para entregar los cielos argentinos a empresas extranjeras insolventes y el estrangulamiento de las empresas nacionales para luego privatizarlas.
En la Audiencia Pública anterior, realizada en diciembre de 2016, el Estado otorgó 135 nuevas rutas a cinco empresas: Andes, American Jet, Alas del Sur, Avian y Flybondi. En la segunda, realizada en Teatro de la Ribera se presentaron siete empresas: Argenjet Aviación, Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa; Just Flight; Norwegian Air Argentina; Servicios Aéreos Patagónicos; Polar Líneas Aéreas y Avian. Piden en total 503 rutas de pasajeros entre internacionales y cabotaje, con base de operaciones en Buenos Aires, Ezeiza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Valle de Conlara en San Luis.
Rodrigo Borrás, secretario de política aérea de Asociación de Personal Aeronáutico – APA, que intervino en la Audiencia Pública celebrada este 6 de septiembre, señaló que después del otorgamiento de rutas en la Audiencia anterior todavía no ven una sola actividad positiva, pero sí algunas consecuencias que debilitan al sector: “Lan Argetina ya cerró su call center (Costa Salguero, Mayo 2017) y comenzó un proceso de achicamiento y reducción de costos”.
El sector aéreo argentino ha aumentado su tráfico en el último año, en julio volaron 1,184 millones de pasajeros dentro del país, récord histórico para el transporte aéreo argentino. El transporte entre ciudades del interior y del exterior, sin pasar por Buenos Aires, aumentó un 105% respecto al 2015 y el 36% en comparación con 2016.
Alejandro Kogan, secretario adjunto de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), único gremio que no participó en las movilizaciones previas, intervino en la Audiencia, destacando que las empresas que se presentan pidiendo rutas deben demostrar su capacidad técnica y financiera y operativa para obtenerlas seriamente. Denuncia que en el balance del otorgamiento de rutas en diciembre pasado muchas de ellas no tenía lo exigido por la ley, “a estas empresas se les otorgaron sendos permisos sin tener la capacidad técnica para operarlas” y agregó que incluso una de estas empresas “ni siquiera tiene aviones”. Se trata de empresas improvisadas “como si el espacio aéreo no fuera complejo y requiera de varios años de internarse en el medio para operar solventemente y con seguridad”, enfatiza.
Como ningún otro profesional, los trabajadores aeronáuticos de todas las áreas de la operación y administración, entre ellos colegas que están en organismos como ANAC, ORSNA y AENA, “sabemos muy bien donde estamos parados y con qué recursos contamos al pensar en qué queremos de nuestra actividad”, explicó Borrás, razón por la cual sostienen que “el Estado debe priorizar el emprendimiento nacional que sabe que cuenta con una línea de bandera que quiere seguir creciendo y no financiar aventureros extranjeros que buscan hacer negocios sin pensar ni por un segundo en el rol social que cumple en un país como el nuestro”. Hace años que se ha invertido en las empresas nacionales y por lo tanto en el país.
Plan de desmantelamiento de empresas nacionales
Rodrigo Borrás dijo ante la Junta Aérea de Transporte Aéreo que todos los actos del Gobierno ponen a las empresas nacionales en competencia desleal cuando las empresas de capitales internacionales estén en funcionamiento. Estarán frente a competidores sin credenciales y con los antecedentes de precarización laboral, saturando un mercado en el que sólo prevalecerá el que pueda sostenerse más tiempo. Denuncia el rol del Gobierno nacional con “un plan sistemático y coordinado, donde una vez desembarcadas las nuevas compañías aéreas, (las nacionales) Aerolíneas Argentinas y Austral no tendrán más apoyo del Gobierno y justificarán su falta de sentido de existencia, ya que el mercado lo estará realizando un privado”.
Precarización laboral
El representante de APA indica que las empresas que sustentan el modelo “bajo costo” y que hoy colapsan el mercado aéreo argentino tienen amplias credenciales antisindicales y no es misterio que “las variables de ajuste para seguir ampliando la brecha de ganancias para estas empresas son las condiciones de trabajo. La precarización laboral no tiene nunca ni un solo lado positivo. Nunca”.
Agrega un factor aún más grade y no suficientemente calibrado por las autoridades que otorgan permisos es que en la actividad aérea “la flexibilización lleva a la falta de control y la calidad del servicio y con ella la inseguridad en las operaciones en todo el mundo a su alrededor”.
Ninguna de las empresas que obtuvieron permiso en la Audiencia pasada ha firmado contrato colectivo, convirtiéndose en una de las principales exigencia de todos los gremios del sector que, sostienen, no permitirán que esta estrategia ponga en riesgo el valor de la seguridad aérea que Argentina sustenta y precarice el trabajo de miles de personas que lo sustentan.
Mientras la Junta Aérea de Transporte Aéreo evalúa los antecedentes presentados por las compañías, Barrás adelanta que están en campaña de intenso trabajo en las bases, difundiendo las implicancias de los cielos abiertos y la llegada de las “low cost” para defender el capital humano y de seguridad que debe respetar cualquier política de expansión y desarrollo del sector aeronáutico.
