Jueves, 25 de Abril del 2024 
La Unión Europea no reconoce a la Asamblea Constituyente de Venezuela, elegida el pasado domingo, y reclama al presidente del país, Nicolás Maduro, que rectifique y suspenda la puesta en marcha del nueva órgano, con el que pretende suplantar a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Así lo ha manifestado la Alta Representante, Federica Moggherini, a través de una declaración en nombre de la UE, negociada este miércoles por los 28.
Aunque algunos socios de la UE ya habían anunciado que no reconocerían a la Asamblea Constituyente, la Unión como tal no se había pronunciado, debido a la resistencia de algunos países miembros, como Grecia e inicialmente Portugal.
En lla declaración consensuada, los Veintiocho constatan que la Constituyente ha agravado la crisis de Venezuel y amenaza con deteriorar otras instituciones legítimas previstas por la Constitución, como la Asamblea Nacional, y añade que las circunstancias bajo las que se celebraron las elecciones del pasado domingo arrojan serias dudas sobre la capacidad del nuevo órgano de representar a todos los sectores de la población venezolana.
“Por tanto, la UE y sus Estados miemrbos no pueden reconocer a la Asamblea Constityente, sobre cuya efectiva representatividad y legitimidad tienen serias preocupaciones y llaman al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos. En particular, la efectiva instalación de la Asamblea Constituyente debería suspenderse y las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser expresamente reconocidas”, afirman los Veintiocho. Y citan expresamente a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Ministerio Público.
La UE expresa igualmente su preocupación por la nueva detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, de cuyo paradero reclama información, y llama a todas las partes (incluidos los “grupos no identificados de civiles armados) a contencer el uso de la violencia, al tiempo que reclama a las autoridades que garanticen “un respeto total a todos los derechos humanos”.
