Jueves, 25 de Abril del 2024 
El Gobierno tiene previsto reformar ProInversión para facilitar la participación del sector privado en obras públicas. Muriel Menchola, especialista de Rosselló Abogados, explica cuáles son los principales lineamientos de esta reforma.
EMPODERAR A PROINVERSIÓN
El lineamiento principal de la reforma es empoderar a ProInversión, convirtiéndolo en una entidad más autónoma e independiente, indica la especialista. Para ello se propone que el directorio de esta institución ya no esté conformado por los ministerios de distintos sectores –como sucede actualmente—, sino que esté presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas y los miembros restantes sean personas de reconocida capacidad y experiencia en promoción de la inversión privada.
“Para empoderar a ProInversión, no basta con realizar reformas a su organización interna y facultades, sino también realizar cambios al resto de actores que forma el sistema como, por ejemplo, el MEF, los Organismos Reguladores e incluso la misma Contraloría. Aún más importante, para impulsar las asociaciones público privadas (APP), no se requiere sólo de cambios normativos, sino de la creación de capacidades al interior de las diversas entidades, de aprovechar la experiencia ganada en años pasados, de retroalimentarse de las lecciones aprendidas y, por sobre todo, que todos los actores del sistema se encuentren alineados hacia un objetivo común y conozcan perfectamente bien cuál es su rol dentro del sistema”, opina Menchola.
CAMBIOS EN EL CONTRATO
En ese sentido, la reforma por parte del gobierno incluye que ProInversión se encargue de dirigir los procesos de modificación contractual que se presenten durante los primeros tres años de vida de los contratos de APP, así como de la aprobación de los procesos de cierre financiero y endeudamiento garantizado permitido.
Sin embargo, según la especialista, esto no basta. “Se necesitan mayores cambios para mejorar el proceso de modificación contractual. Con el Decreto Legislativo 1224 y su reglamento se introdujo el tema de la evaluación conjunta a fin de ordenar y acelerar dicho proceso pues existían adendas que llegaban a ser suscritas después de dos años; sin embargo, se debe tener claro que una adenda es un proceso de negociación entre las Partes, el inversionista privado necesita tener seguridad sobre quien es su interlocutor legitimado (claramente el titular del proyecto). El resto actores (los Organismos Reguladores y el MEF) deben limitarse a brindar su opinión respecto de lo que es materia de su competencia”, opina.
Menchola explica que hoy durante el proceso de modificación contractual, el Sector ha perdido facultades de negociación, no pudiendo llegar a acuerdos con el inversionista privado hasta que se obtenga la conformidad del Regulador y del MEF y, por su lado, el inversionista tiene limitado alcance a tener mayor contacto con el Regulador y el MEF a fin de conversar sobre cualquier propuesta de modificación.
INTERFERENCIAS Y EXPROPIACIONES
También se tiene previsto otorgar a ProInversión algunas facultades en relación al mapeo de interferencias y estado legal de los predios en zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de APP, con lo cual se buscaría solucionar la problemática existente en relación a los retrasos que presentan los proyectos de APP por la falta de entrega de terrenos.
“Sin embargo, Pro Inversión no cuenta con experiencia en esta materia por lo que no consideramos que dicho cambio suponga una mayor mejora respecto de esta problemática”.
Para ella, si bien ProInversión puede tener personal encargado de ir monitoreando cómo va el diagnóstico que sea realizado por el Sector; lo relevante es que éste cuente con los recursos humanos y económicos necesarios para afrontar las labores de identificación de terrenos, elaboración de expedientes y gestiones de adquisición de terrenos.
