Martes, 6 de Diciembre del 2016


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Los orígenes de la Conflictividad Minera

Publicado el 22/11/16

Como colofón de nuestros análisis sobre la conflictividad minera, presentamos a continuación una descripción de los diversos factores que originan o promueven la conflictividad.

Es común encontrar propuestas de solución de los conflictos mineros que se basan, principalmente, en técnicas de negociación, como si hubiera alguna panacea. Pero, las panaceas no existen, y para ir más allá de la solución momentánea de algún conflicto específico y ser efectivos en la reducción de la conflictividad en general, necesitamos entender el origen de los conflictos, es decir, los factores, condiciones y actores detrás del surgimiento sistemático de los conflictos ligados a la minería.

La minería, el canon y los conflictos

Cuadro de texto: Fuente: Reporte Canon Minero 2015, SNMPELa importancia de la minería en Perú es indiscutible. Constituye cerca del 14% del PBI nacional y fluctúa entre 40% a 60% de las exportaciones. Además, el potencial multi-metálico del Perú es extraordinario, pues está entre los cuatro mayores productores del mundo en siete metales: Zinc, Estaño, Plomo, Plata, Cobre, Molibdeno y Mercurio. Además, es el sexto productor de Oro, y su potencial en tierras raras es significativo, siendo noveno en Selenio y décimo en Cadmio.

Sólo en Canon la minería ha aportado a las regiones mineras más de S/.39 mil millones entre los años 2000 y 2015, sin contar sus otros impactos económicos como el royalty, las oportunidades de empleo y formación de empresas, compras locales, obras de infraestructura, etc.

Sin embargo, los conflictos mineros han comenzado a subir justo un año después que el canon multiplicó su valor (2008), y el número de conflictos se ha mantenido alto desde entonces. Basta observar la similitud de los dos cuadros al lado para identificar con claridad que, a pesar de algunos efectos positivos del canon en el desarrollo regional, la distribución del canon no ha mostrado efectividad alguna como mecanismo para reducir la conflictividad.[i]

El mejoramiento y aplicación de la legislación ambiental del país y la adhesión voluntaria de las grandes empresas mineras[ii] a los estándares ambientales globales propuestos por el International Council on Mining and Metals, ICMM,[iii]ocurrida en los últimos años, tampoco han sido suficientes para prevenir el aumento de la conflictividad. La implementación de los estándares ambientales no ha revertido la tendencia de los conflictos, evidenciando que la adopción de dichas prácticas no afecta las causas principales de la conflictividad.

Si escuchamos los argumentos de los grupos hostiles a la minería, ellos dicen que una de las causas principales de los conflictos es la contaminación. Pero los hechos no lo confirman. Si se contrastan los casos de contaminación ambiental minera conocidos en el Perú y la presencia de pasivos mineros con los conflictos activos tampoco se encuentra correlación. Por ejemplo: El caso más grave de contaminación ambiental en el país, La Oroya, no genera oposición masiva de la población, ni activismo de parte de las ONG hostiles a la minería más conocidas. Ello es así, a pesar de que hay pruebas que evidencian contaminación en las aguas y los análisis clínicos de sangre de las personas en las cercanías de la usina muestran que están contaminadas con metales. Sin embargo, en Apurímac, Las Bambas está siendo objeto de sucesivos conflictos masivos, desde fines de 2015, sin que exista evidencia alguna de que la empresa esté afectando la salud de las personas con sus operaciones. Los casos de los proyectos de Santa Ana, Conga y Tía María son aún más destacables pues ni siquiera habían comenzado a operar cuando fueron bloqueados.

Si las razones esgrimidas en los discursos de los grupos conflictivos y por las ONG hostiles a la minería no son las verdaderas causas de los conflictos, entonces ¿cuáles son esas causas, factores y/o actores que provocan los conflictos mineros? ¿Por qué esos conflictos han aumentado notablemente a partir de 2007? Las notas que siguen buscan dar luces para responder esta pregunta.

Las Causas de la conflictividad

Cuadro de texto: Los principales factores que se combinan para generar la conflictividad minera.La conflictividad minera es un fenómeno bastante complejo que ha acompañado el desarrollo de la minería por muchas décadas. Algunos creen que las razones de la conflictividad son históricas, resultados de inequidades sociales seculares.[iv] Estas explicaciones parecen buenas, pero son inútiles para explicar el incremento de la conflictividad a partir del 2008. En nuestro enfoque creemos que los conflictos de hoy se deben, principalmente, a factores y condiciones del presente, y que es la actual configuración de factores lo que necesita ser entendida si queremos ser efectivos en superar la conflictividad.

Sus causas actuales no son simples y las soluciones tampoco, por ello hemos encontrado conveniente agruparlas en cuatro grandes fuentes (ver la figura al lado):[v]

  1. La dualidad de las economías locales
  2. Las limitaciones de las estrategias de interacción social de las empresas.
  3. Las deficiencias del marco institucional y del Estado.
  4. El accionar de los grupos hostiles a la minería.

Esos cuatro grupos de factores operan dentro de contextos locales y nacionales específicos y su accionar depende mucho de las particularidades de esos contextos. Sin embargo, esos cuatro grupos de factores, de alguna manera, están presentes donde hay conflictividad.

Economía dual y posición social

Para entender porqué los conflictos mineros son numerosos en el Perú de hoy es necesario primero visualizar los impactos económicos de las actividades mineras modernas en las regiones en que operan.

La presencia de una mina moderna en un área rural, con bajo desarrollo económico, tiene un impacto económico y social gigantesco. La minería moderna tiene una productividad por hectárea que es más de 100 o de 200 veces la productividad de la agricultura tradicional. Una diferencia tan grande genera una especie de economía dual en la zona:

  1. Economía moderna: La actividad minera y las actividades de servicio directamente ligadas a la minería (contratistas de obras y servicios, hotelería, transporte, centros comerciales, etc.) constituyen una un conjunto de actividades modernas que se potencian en base a la alta productividad de la minería. Esas actividades están localizadas principalmente en los centros urbanos cerca de las operaciones mineras.
  2. Economía tradicional: La gran mayoría de las actividades económicas pre-existentes a la llegada de la minería, especialmente la agricultura y la ganadería tradicionales, mejoran un poco pero aún se mantienen en los niveles de productividad muy similares a los que siempre han tenido, generando rentas próximas a la línea de pobreza. Las actividades tradicionales se ubican principalmente en las zonas rurales.

La coexistencia de esas dos economías en una misma región desencadena un proceso agudo de diferenciación social. Los segmentos de la población que logran ingresar a las actividades modernas mejoran sus niveles de vida en forma dramática en períodos de tiempo breves. Los sectores que se quedan en la economía tradicional incrementan un poco sus ingresos, pero lo hacen en una proporción y en un ritmo mucho menor que aquellos ligados al sector moderno. [vi]

Estar o no estar ligado a la actividad minera pasa a ser el elemento más importante para predecir el futuro económico de las familias, mucho más importante que los logros y los status previos a la llegada de la minería. La población se da cuenta de lo decisivo que es estar ligado a la minería de alguna forma. Lo que sucede entonces es todos quisieran ser parte de los sectores modernos de la economía, pero solo una minoría lo logra.

En esa economía dual, las sociedades locales se dividen entre ganadores (ligados a la minería) y perdedores (aislados de la minería). A pesar de que la minería tiene un reconocido efecto multiplicador en la generación de empleo, estos sectores modernos constituyen minorías en las sociedades locales de las regiones mineras. [vii]  Los miembros de los grupos sociales que, por algún motivo, quedan fuera de los beneficios directos de la minería tienen una tendencia a sentirse perjudicados y a buscar argumentos para reclamar “el derecho” a ser incluidos. Aunque sus ingresos y condiciones de vida mejoran, en términos relativos a sus vecinos, ellos se sienten disminuidos, sienten una pérdida relativa de status social y esto, en cualquier sociedad, puede ser fuente de frustración. Es decir, independiente de su mejoramiento respecto al pasado, su percepción es de deterioro por su nueva posición relativa en la sociedad que está surgiendo en base a la minería.

¿Qué actividad es más rentable: producir o extraer rentas?

Para los sectores que pueden trabajar para las empresas mineras, o prestar servicios a ellas, su futuro está en afianzar esa relación, es decir, en consolidar su relación con la minería volviéndose cada día más productivos y competitivos. Aquellos que no encuentran una forma para articularse con la economía moderna, vislumbran solo dos alternativas: (a) progresar como parte de la modernización económica y social de su provincia/región, o (b) inventar una forma conflictiva de extraer rentas de las empresas mineras. El peso relativo de esas dos alternativas influencia en mucho la frecuencia y la escala de la conflictividad.

Para la gran mayoría de la población de las regiones mineras las posibilidades de progreso están ligadas a dos elementos: (a) la modernización de la economía y (b) la calidad de la infraestructura social. Sin embargo, fuera del sector moderno ligado a la minería, esa modernización es muy lenta. Como hemos visto antes, no es un problema de recursos, pues el canon ha sido inmenso en los últimos años. La lentitud se debe, en primer lugar, al mal uso y a la inefectividad de las inversiones públicas. Es ese mal uso e inefectividad de las inversiones lo que hace que la dualidad de la economía se reduzca en forma tan lenta, impactando en las perspectivas de la población ubicada en los sectores tradicionales de la economía. El resultado es que, para una parte importante de la población, la expectativa hacia la modernización regional como opción de progreso económico es muy débil.

El sostenimiento en el tiempo de una brecha amplia entre la economía moderna y la tradicional y la ausencia de inversiones que mejoren las condiciones de vida locales generan condiciones favorables para que la extracción de rentas se propague como estrategia dominante de la población en su esfuerzo por obtener beneficios de la minería. En esas condiciones, una parte significativa de los talentos empresariales de la población local se orienta hacia la extracción de rentas, sea por la vía pacífica o por la conflictiva.[viii]

William Baumol (1990)[ix] caracteriza que puede haber tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo. Productivo es el emprendedorismo que genera riqueza, como la mayoría de las empresas, sea en los segmentos modernos o tradicionales de la economía local. El emprendedorismo improductivo es el que se orienta hacia la extracción de rentas en forma pacífica. El emprendedorismo destructivo es el que se orienta hacia extracción de rentas por medio de la conflictividad. En muchas regiones mineras, empresarios y grupos de la población migran entre esos tres tipos de emprendedorismo con mucha frecuencia, y empresas que prestan servicios a las empresas mineras y autoridades locales terminan participando o financiando conflictos.

Las empresas mineras

Las empresas mineras son protagonistas críticos de la vida económica, social y política de las regiones mineras. Si ellas no entienden bien ese fenómeno y no están preparadas para interactuar la sociedad local y prevenir la conflictividad, ellas pierden miles de millones de dólares por esa debilidad. Los últimos 10 años de conflictividad minera han costado mucho más de lo que esas empresas lograron imaginar cuando tomaron la decisión de investir en Perú. Sus métodos de análisis de riesgo país han resultado insuficientes para las condiciones institucionales y social del Perú.

En muchas regiones las empresas mineras representan una parte importante de la economía regional. En cuatro regiones (Ancash, Apurímac, Madre de Dios, y Pasco) la minería representa más del 50% de la economía regional, y en otras seis representa más del 25%. La producción minera es realizada por un número reducido de empresas muy grandes. Algunas veces, una sola empresa representa más de la mitad de la producción minera regional, y más del 20% de toda la actividad económica regional. Por ello las empresas mineras son percibidas como gigantes económicos en las regiones mineras.

Las empresas mineras son, muchas veces, vistas como más ricas y más poderosas que el mismo gobierno nacional, y mucho más que los gobiernos regionales y locales, y a diferencia del gobierno nacional, las empresas mineras no están en Lima, sino en las regiones. Es inevitable que más de un aventurero político regional recurra a alguna clase de polarización en contra de las empresas mineras. [x]

El funcionamiento de las empresas mineras afecta las actividades económicas tradicionales. El flujo de agua alrededor de las operaciones es afectado. Aún que las empresas, por lo general subsanan esos problemas, muchas veces no lo hacen en forma oportuna o satisfactoria para los usuarios. El flujo de camiones, cuando la carretera es inadecuada, afecta a la población con polvo y vibraciones. A veces suceden accidentes y los accidentes pueden tener costos ambientales y para la población, como ya sucedió más de una vez en Perú. Ante esos eventos negativos, la reacción de la población es desencadenar micro-conflictos para obtener reparación o rentas de parte de las empresas mineras. Muchas empresas no son lo suficiente ágiles para responder a esas afectaciones, permitiendo que el mal estar y la inseguridad se propague, y las tensiones se amplifiquen.

Sin embargo, la principal fuente de los micro conflictos no son las afectaciones, sino el incumplimiento de los compromisosasumidos por las empresas en las negociaciones que realizan con las comunidades, siguiendo el mal ejemplo del Estado. Estresadas por los cronogramas de producción, algunas empresas ofrecen más lo que pueden cumplir adecuadamente o más rápido de lo que pueden realizar. La acumulación de compromisos incumplidos destruye la confianza en las empresas, fortalece las posturas conflictivas y hace a las comunidades receptivas hacia los discursos radicales.

Una vez que el clima social es de desconfianza y hostilidad, la generación de conflictos se vuelve una estrategia efectiva para forzar a las empresas mineras a entregar recursos, o a dar un trato privilegiado a cualquier grupo con capacidad de presión. En realidad, los casos de micro-conflictos para obtener reparaciones o para extraer rentas de las empresas mineras se cuentan por millares en el Perú. Muchos de esos casos locales son conflictos que se activan y desactivan en pocos meses, pero que se repiten año tras año. Los relacionistas comunitarios de las empresas mineras están muy familiarizados con ellos, y los detalles de esas dinámicas fluyen fácilmente en una conversación informal.[xi]

Irresponsabilidad Pública y deficiencias institucionales

La gestión pública en el país no contribuye a crear condiciones para legitimar el marco institucional ni la minería ante la población. Como ya hemos señalado, los S/.39 mil millones del canon minero no han sido efectivos para modernizar las economías regionales, sino para atender objetivos políticos menores de los gobernantes de turno. En más de un caso, el canon minero, que debería ser utilizado para evidenciar a la población los beneficios de la actividad minera y darle confianza en un progreso motorizado por la minería, ha terminado siendo funcional a los objetivos políticos de autoridades y aventureros hostiles a la minería.

Las instituciones públicas encargadas de normar y supervisar la actividad minera tienen un bajo nivel de credibilidad ante la opinión pública nacional y local, y no se preocupan ni hacen mucho para construir su legitimidad. Es bastante amplia la percepción de que las instituciones públicas no cumplen con sus responsabilidades ni son creíbles. Sin referencia institucional, la población considera creíble los discursos políticos que las muestran como entidades al servicio de las empresas mineras. El paso siguiente es creer que los anti-mineros son los verdaderos defensores de la población.

La incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes en el territorio nacional genera un clima de impunidad para los actos de violencia y hace altamente rentable el uso del conflicto como mecanismo de extracción de rentas, convirtiéndose en un promotor del  emprendedorismo económico y político depredador. El caso actual del bloqueo de la carretera en Las Bambas, y la incapacidad del Estado para reabrir esa vía ilustra el punto. Sin embargo, los casos de violación sistemática de las leyes en los conflictos mineros se suman por decenas en los últimos años.

Las fallas del Estado se acrecientan cuando los funcionarios públicos dejan de desarrollar agendas de gobierno, para dedicarse a construir plataformas políticas personales o de grupo, como parece ser el caso del Vicepresidente Martín Vizcarra, que en el caso de Las Bambas llegó a declarar que “Más que el polvo, el camión es la expresión del paso de la riqueza delante de sus ojos”, y en el caso de Machu Picchu, consideró que “Sus demandas tienen sustento”.

La responsabilidad principal del desarrollo de las regiones mineras no es de las empresas mineras, sino del Estado, en sus dos principales niveles: nacional y regional. Son esas entidades las responsables de analizar los cuellos de botella del desarrollo regional, definir las prioridades de inversión pública, y tomar las iniciativas del caso. El atraso de las regiones mineras se debe, en primer lugar, a la irresponsabilidad de las administraciones públicas en esos dos niveles. A la ocurrencia de un conflicto minero, la primera pregunta que se debe hacer es: ¿qué hicieron los gobiernos (nacional y regional) para prevenir ese conflicto? Si embargo, los conflictos son presentados como si fueran un problema entre las empresas y la población local, como si los gobernantes no tuvieran responsabilidad en dichos eventos.

Para complicar los problemas, en muchos casos, como en Cotabambas, el gobierno nacional asume compromisos de llevar a cabo proyectos de desarrollo que responsa a las expectativas de progreso de las poblaciones en los entornos mineros, pero no cumple dichos compromisos, dejando a la población con una sensación de engaño y frustración, que puede ser utilizada posteriormente por los grupos conflictivos.[xii]

Las organizaciones hostiles a la minería[xiii]

En forma simultanea a esos fenómenos, está la labor de las ONG y grupos políticos hostiles a la minería. Ellas por razones ideológicas y por intereses políticos y económicos, realizan un bombardeo sistemático de exageraciones y rumores infundados sobre potenciales riesgos ambientales y económicos, generando en la población un sentimiento de incertidumbre, y una sensación de que sus formas tradicionales de vida están en riesgo.

Esas organizaciones afirman, por ejemplo, que el agua usada por los campesinos cerca de una mina está contaminada, o que el polvo de los camiones es la causa de las enfermedades de sus hijos y de su ganado, generando así temor en las familias campesinas. Ese tipo de afirmaciones son realizadas sin estudios ambientales científicos, ni sentido de responsabilidad social. Su negocio, en realidad, es la generación de temores en base a exageraciones o promoviendo la propagación de rumores (mentiras creíbles) entre la población.

Después de un tiempo, la población local pasa a creer que efectivamente la actividad minera está perjudicando seriamente su salud, su economía y la continuidad de su forma de vida. En el caso de Cajamarca, después de 20 años de rumores sistemáticos, la mayoría de la población está convencida de que el agua que consumen en la ciudad está contaminada por metales. Esta creencia se mantiene hoy a pesar de que no existe un solo estudio, técnicamente confiable, que evidencie dicha contaminación, y que existen muchos reportes de monitoreo participativo del agua, firmados por el Gobierno Regional de Cajamarca, que muestran lo opuesto. ¡Para los grupos hostiles a la minería es un logro que la población crea en algo que es falso!

Todo ese trabajo de los grupos hostiles a la minería va ligado a un trabajo permanente de captura cognitiva de los líderes locales(profesores, trabajadores de salud, periodistas, etc.) que puedan servir de referencia creíble para la población. La población, especialmente en las zonas rurales, se queda entonces sin muchas opciones para obtener información objetiva sobre el riesgo ambiental, y tiende a aceptar como si fueran verdades a las versiones de las personas influenciadas por la narrativa hostil a la minería.

Frecuentemente, los elementos propagandísticos hostiles a la minería van acompañados de discursos políticos e ideológicos contrarios a la economía de mercado, al actual régimen constitucional y al gobierno nacional, promoviendo una cultura de victimización, y diversas modalidades de regionalismo y de polarización política. El mapa de la votación del Frente Amplio y Democracia Directa en las últimas elecciones evidencian que los conflictos mineros y la influencia ideológica y política de esos grupos están muy correlacionados.

Como ha sido explicado líneas arriba, los grupos hostiles a la minería no constituyen la única causa de los conflictos. Los conflictos mineros surgieron antes que esos grupos, sin embargo, su presencia contribuye en mucho a desencadenar, a escalar y a hacer los conflictos más frecuentes. No es sin razones que la opinión pública nacional ya ha identificado a los líderes de esos grupos como líderes anti-mineros.

Esas organizaciones hostiles a la minería buscan presentarse como mediadores para la solución de los conflictos y no como parte interesada, pero en la realidad tienen intereses privados (económicos y políticos) y cumplen roles críticos en la promoción de la conflictividad minera. En forma breve, sus roles hostiles a la minería son:

  1. Realizar estudios seudocientíficos sobre posibles impactos ambientales de la minería, difundiendo exageraciones y rumores en ese campo, confundiendo a la población acerca de los daños reales o potenciales de la actividad minera sobre sus condiciones de producción y de vida, creando un clima de temor en el entorno de las operaciones mineras.
  2. Descalificar las instituciones públicas y el Gobierno Nacional, como sometidos a las empresas mineras, para dejar a la población sin referencia institucional y con la sensación de que la movilización y los actos de violencia son las únicas opciones que les quedan ante la ausencia de un Estado de Derecho.
  3. Desarrollar una narrativa en la cual la minería es incompatible o negativa para el ambiente y las actividades agrícolas, y también tiene un efecto negativo sobre la calidad de vida de la población. Esa narrativa la encontramos repetida en sus páginas Web, publicaciones, artículos periodísticos, y entrevistas. En esa narrativa, los beneficios de la minería no existen o son bien menores que sus impactos negativos.
  4. Formar activistas anti-mineros con esa narrativa, entrenándolos en los métodos de lucha anti-minera descritos en sus manuales de campaña. Esos activistas son orientados para generar en la población núcleos hostiles a la minería, convencer a las autoridades locales, y crear organizaciones dedicadas a la conflictividad, como los llamados frentes de defensa. A esta labor, típica de adoctrinamiento ideológico (anti-mercado y anti-minero), la llaman educación ambiental.
  5. Realizar una labor de interpretación de los conflictos mineros y operar en los medios de comunicación como voceros “calificados” para explicar a la opinión pública el significado y las causas de los conflictos sociales ocultando las dinámicas de extracción de rentas detrás de muchos conflictos y atribuyendo a las empresas y al gobierno nacional toda la responsabilidad de esos conflictos.
  6. Cuadro de texto: Hay organizaciones políticas, corrientes ideológicas y ONG que se benefician de los conflictos y no buscan empujar la minería hacia una trampa de conflictividad. El riesgo de la minería peruana es quedarse atrapada en una dinámica conflictiva que impida su desarrollo por varias décadas.
  7. Incidir sobre las instituciones públicas con el propósito de crear condiciones favorables para la propagación de los conflictos, especialmente para justificar el uso de la violencia, debilitar la aplicación de la ley, y lograr la impunidad para quienes la utilizan. La impunidad de los violentos es un objetivo estratégico para hacer las empresas mineras más vulnerables a los ataques de los grupos hostiles a la minería. A su lucha por la impunidad, ellos la llaman: combatir la criminalización de la protesta.
  8. Copar los medios locales y nacionales con información sesgada y la presencia de voceros afines a sus necesidades de comunicación.
  9. Difundir en el exterior imágenes distorsionadas de la minería y de los conflictos mineros, perjudicando la reputación de las empresas y de las instituciones peruanas, tanto para captar recursos de la cooperación como para construir redes de alianzas hostiles a la minería en Perú.

Algunos grupos hostiles a la minería argumentan que promover conflictos no es igual a ser anti-mineros. Ellos presentan como prueba su afirmación de que no siempre buscan el cierre de los proyectos mineros que ya están operando. A los conflictos para extraer rentas, ellos llaman, eufemísticamente, conflictos de convivencia.

El problema es que los conflictos de convivencia, que ellos promueven, resultan siendo conflictos de desgaste, y tienen costos para el país, para las empresas y para los grupos sociales locales. Además, esos conflictos generan un ambiente local hostil que polariza la sociedad peruana en las zonas mineras, incrementan los costos de seguridad las empresas, genera incertidumbre para las inversiones, dificultan la captación de inversiones mineras, y con el tiempo, matan a las empresas. En un ambiente social hostil, se le hace muy difícil a las empresas mineras desarrollar proyectos de expansión o de continuidad de sus operaciones, acortando así la vida útil de las operaciones mineras.

Factores adicionales

Hay dos fuentes adicionales de conflictividad que, estando ligados a los anteriores, merecen atención especial: la interrupción de los contratos de servicios con empresas locales y la insatisfacción de los grupos de la población que están fuera de las Áreas de Influencia Directa (AID) de los proyectos mineros. Expliquemos un poco cada una de ellas.

Cuando los proyectos están en su fase de construcción contratan una gran cantidad de empresas locales, y éstas contratan a miles de personas. Esto es parte de una política correcta de uso de mano de obra local. Pero, cuando la construcción culmina, los proyectos ya no necesitan de esas empresas, terminan los contratos, y las empresas constructoras despiden a sus trabajadores. En el caso de Las Bambas, esa terminación de los contratos ha afectado a cientos de empresas locales y eliminó a cerca de 14 mil empleos. Ello ha significado un cierra puertas masivo en la zona para las empresas de construcción, de servicios, de alojamiento, de alimentación, de transporte, bodegas, etc., y ha generado resentimiento en todo ese grupo humano. Los conflictos de fines de 2015 están ligados a la paralización y cierre de esas empresas.

La otra fuente de conflictos, muy conocida y explorada por las organizaciones hostiles a la minería, es la insatisfacción de los grupos que no fueron incluidas en el Área de Influencia Directa (AID). En el caso del proyecto Conga, los grupos incluidos en el AID, pertenecientes a los anillos 1 y 2, especialmente las 32 comunidades más próximas, estaban a favor del proyecto. Mientras los grupos del anillo 3, que no eran parte del AID y no recibían beneficios visibles de la minería, fueron los más hostiles al proyecto, organizando inúmeras marchas a las lagunas. En los casos de Cotabambas y de Chamaca (Cusco) los distritos y comunidades que no estaban incluidas en la versión inicial del AID han generado conflictos para lograr su inclusión. Las organizaciones hostiles a la minería estimulan a esas poblaciones para que hagan problemas a las empresas mineras como forma de lograr su inclusión en el AID, y buscan incluirlas en procesos de negociación surgidos de los conflictos que ellos mismos promueven.

Comentarios finales

Algunas de las causas de los conflictos mineros son de tipo estructural, como la economía dual en las zonas mineras, o las deficiencias del marco institucional del país. La superación de esas causas requiere varios años, o incluso décadas, para ser significativamente cambiadas y su tratamiento debe ser doble: trabajar por un cambio gradual en el largo plazo y manejo de sus efectos en el corto plazo.

Otras causas, como las estrategias de corto plazo de las empresas mineras, el descuido de la defensa de su legitimidad, y sus prácticas transaccionales que alimentan la micro-conflictividad pueden ser modificadas en el momento en que las empresas entiendan las lógicas de la conflictividad, y de la insuficiencia de sus enfoques actuales para neutralizar las dinámicas conflictivas. ¿Cuanto tiempo se requerirá? No lo sabemos.

Las prácticas de promoción de conflictos y de extracción de rentas de los partidos radicales y las ONG que se benefician de la conflictividad están el terreno de la política y del debate público, y deben ser respondidas en esos campos. No esperamos que muden de opinión pues sería renunciar a sus propósitos políticos e intereses económicos. Nuestro público objetivo está conformado por quienes quieren realmente reducir la conflictividad social e innovar para crear nuevos caminos para el desarrollo minero y económico del país.

En los capítulos siguientes, desarrollaremos estos análisis más en detalle y presentaremos algunas ideas de cómo hacer para comenzar a desenredar este nudo Gordiano.
Lampadia

 

[i] Una explicación de las razones de la inefectividad del canon para prevenir la conflictividad desborda los alcances de este ensayo. En trabajos futuros desarrollaremos más ese tema, pues es indispensable para poner en marcha los procesos de desarrollo rural compartido.

[ii] Empresas que han adherido a los estándares de ICMM: Barrick, Anglo American, Gold Fields, MMG (Las Bambas), Rio Tinto, y Newmont (Yanacocha)

[iii] ICMM. (2003). 10 Principles for sustainable development performance. De: www.icmm.com/publications/pdfs/1319.pdf

[iv] Estas explicaciones (inequidades sociales históricas) surgieron en los 80s para explicar la violencia terrorista, y ya mostraron su insuficiencia. En pleno siglo XXI, suenan como un déjà-vu.

[v] Hay otras causas, entre ellas los intereses políticos y periodísticos, que estas notas no están abordando. No estamos sugiriendo que, en algunos casos, no sean importantes e incluso centrales. Hemos seleccionado estas cuatro fuentes porque creemos que son las que actúan directamente en la mayoría de los casos.

[vi] Mientras más atrasada sea la economía tradicional local, más difícil será su articulación con el sector moderno emergente, y más fuerte es la perturbación social de la actividad minera.

[vii] IPE. (2012). Efectos de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

[viii] La impunidad juega un papel crítico en esas decisiones. Si la violencia puede ser utilizada en forma impune, poniendo en riesgo recursos millonarios de las empresas mineras, entonces la forma violenta de extracción de rentas se vuelve la más rentable de todas, y los conflictos violentos se multiplican.

[ix] Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921. Chicago: The University of Chicago press.

[x] Muchas empresas mineras sueñan con pasar desapercibidas. Buscan ser discretas para no estar en la agenda local, pero su escala las hace inevitablemente un actor de primera orden en la economía y en la política local/regional. El intento de discreción termina entregando la iniciativa mediática a los grupos hostiles a la minería, con efectos muy negativos para la reputación de las empresas.

[xi] La empresa minera es en si misma una riqueza de escala gigantesca, especialmente para los estándares de la economía tradicional local. Son miles de millones de dólares en instalaciones, maquinaria y operaciones. Esta gran riqueza tiene una vulnerabilidad crítica. Ella está en zonas rurales alejadas y son difíciles de proteger. Un bloqueo de carreteras puede producir pérdidas millonarias por día y sus costosísimas instalaciones son vulnerables a ataques de pequeños grupos violentos.

[xii] Según el vice-presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra, el gobierno del ex-Presidente Humala ha dejado 170 compromisos incumplidos con la población.

[xiii] Algunos de esos grupos se incomodan cuando se les dice anti-mineros. Ellos arguyen en su defensa que ellos son la causa única de los conflictos mineros, y que los conflictos ya existían antes que ellos llegaran, y por ello, no se les puede calificar como hostiles a la minería. Sin embargo, la observación positiva de su accionar evidencia los roles que listamos abajo, y esos roles son claramente negativos para la minería.