Derecho al agua

Por: Guillermo Vidalón del Pino

Otra vez, hay quienes manipulan con afanes políticos el legítimo interés de las personas por disponer de agua suficiente y de calidad.  Sobre el particular, lo primero que debemos resaltar es que el agua es un mineral; segundo, que su estado natural no es potable, es decir, hay que someterla a un proceso de potabilización para que podamos disfrutar de ella. Tercero, el agua no llega por voluntad propia a nuestros hogares, hay que bombearla.

Cada uno de estos pasos representa un costo que debe ser asumido por el consumidor, que exista un sistema de subsidio cruzado para beneficiar a quienes consumen menos agua o premiar a quienes hacen un uso más racional de la misma es positivo porque estimula las mejores prácticas.

¿Promover el “Derecho al Agua” como un simple anunciado, en uno u otro texto, hará de que dispongamos de toda la infraestructura hídrica necesaria para abastecer la creciente demanda de la población que habita en ciudades como Lima? Evidentemente, ¡no!

Derecho al Agua tenemos todas las personas, nuestros centros de trabajo, la población futura, etc.; así como también tenemos derecho a alimentarnos a vivir en viviendas cómodas, a contar con servicios de educación y salud de calidad, derecho a la administración imparcial de la justicia, a la seguridad y podríamos seguir enumerándolos.  La Constitución de 1979 fue muy descriptiva, otorgó todo tipo de derechos a los peruanos, pero lo hizo de manera enunciativa, no sirvió como un instrumento legal que posibilite y estimule la inversión en aquello que quería que disfrutemos todos los peruanos.

Si lo anterior es fácilmente constatable, ¿por qué entonces hay quienes insisten en que debe incluirse un enunciado más en la Constitución vigente? Las suspicacias vienen porque quienes lo proponen son los mismos personajes que han propuesto una y otra vez reformar la constitución, derogar la vigente y elaborar otra.  Más allá del enunciado sobre el líquido elemento, con el cual todos hasta podríamos expresar coincidencias, está el hecho de que se abra las puertas para traficar aquello que detendría definitivamente la inversión, la recuperación del ritmo de crecimiento, la generación de empleo productivo y la disminución de la pobreza.

O sea, promueven abrir la puerta constitucional en función a un enunciado que concita interés en la ciudadanía para desde allí, sabrá Dios, ¿qué más pensarán hacer? Sería preferible que especifiquen qué cambios proponen, por qué y para qué.  Si la Constitución de 1993 garantiza la libre competencia y evite la injerencia del Estado en asuntos en los que tienen interés los privados, como es el disponer de un servicio de agua de calidad que a la fecha no ha sido brindado por el Estado de manera eficiente y oportuna, ¿Por qué cerrarle las puertas al sector privado?, ¿alguien considera que estableciendo mecanismos que dificulten la inversión en un sector tan importante, como la producción y administración del agua, vamos recuperar el volumen de inversión que requiere el país?

Derechos sí, pero cuidado con los Caballos de Troya que terminen por derrotar al Perú.

Muchas gracias por leerme. Se autoriza su reproducción (siempre que se respete la autoría del mismo) para que más peruanos seamos conscientes de la importancia de la minería en el proceso de desarrollo y generación de bienestar en el Perú.